Juicios políticos

Por aproximada definición, juicio político puede llamarse al proceso jurídico que se desarrolla para determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos en el ejercicio de su tarea. Aunque también puede ser una artimaña de retorcimiento de leyes que suelen usar algunos poderosos para anular la dignidad o la vida de alguien que les estorbe.

El procedimiento de este segundo criterio de juicio político inusual, aunque como excepción pueda darse, es hasta sencillo de ser ejecutado: se busca una argumentación que perjudique al cuestionado a través de una denuncia anónima, por ejemplo, se rastrea su vida hasta encontrar la mínima causa, que después se agranda según conveniencia, se barniza protocolariamente la razón que lo motiva y ahí tenemos ya un presunto delito, orientado hacia la intención del que lo promueve, hasta que llega la condena premeditada. Si el juez es digno y no se aviene a las razones que le interesan a la venganza del prócer, se le prometen dignidades; que aun así se niega, fácilmente puede cambiársele por otro con cualquier pretexto. De igual manera con los fiscales que intenten entorpecer la desembocadura de lo que aviesamente se desea. Son indispensables también un buen número de periodistas que coreen lo conveniente, ya sea por lavado de cerebro o prebendas convenidas.

Escribo esto pensando en José Antonio Primo de Ribera. Decidieron los antecesores de la memoria democrática que era necesario encarcelarlo como rehén de posibles intercambios y lo detuvieron sin causa (no había guerra civil todavía y la libertad de opinión de la república estaba, como se ve, garantizada). Pero como de algo había que culparlo, los guardias que registraron su domicilio simularon descubrir unas pistolas en los cajones de su librería y ese fue el motivo que le llevó a la cárcel de Alicante. Lo demás, es ya bien conocido. Encontraron sin mucho esfuerzo al juez Eduardo Iglesias Portal, que se avino a las consignas establecidas, y no dudó un segundo en que había que fusilar a José Antonio.

Muy poco tiempo transcurrió para que el juez fuese reconocido y fustigado por la multitud, hasta que no tuvo más remedio que huir a Francia, de allí a Miami y, como en Miami tampoco lo querían, terminó por fin en Puerto Rico dando clases. Un día los alumnos conocieron su villanía y lo echaron por una ventana, con tanta suerte, que unas palmeras en la calle impidieron que se muriera.

Lo más parecido hoy en España es el juicio de un general contra un Comisario.