La Fiscalía Anticorrupción investiga las adjudicaciones del Ministerio de Defensa y los préstamos públicos a interés cero que, desde 2020, han ido a parar a Indra y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), la empresa de los hermanos Ángel y Javier Escribano. El conjunto supera los 6.000 millones de euros.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación en enero, a raíz de la denuncia que un particular presentó en diciembre de 2025, y examina si hubo supuestos delitos de fraude en la contratación, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La denuncia describe “un patrón continuado que empieza en 2020”. Según su relato, Defensa convirtió en la vía habitual una excepción que la normativa europea solo permite cuando están en juego intereses esenciales de la seguridad del Estado, y la usó para adjudicar sin publicidad y con una competencia muy limitada.
La investigación alcanza al departamento que dirige Margarita Robles, aunque las diligencias no implican por sí mismas que la ministra esté investigada personalmente. Pero, como mínimo, tendrá que dar explicaciones.
Para comprobar si los procedimientos se ajustaron a la ley, Anticorrupción encargó un informe a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda. El primero llegó en abril y pone en cuestión tres contratos que suman 2.348 millones: el vehículo blindado 8×8 Dragón, el lanzacohetes de alta movilidad SILAM y un sistema antidrones. La Fiscalía ha pedido ya un segundo análisis, más amplio.
Las conclusiones de los interventores son demoledoras: en los tres casos, la competencia “fue solo una formalidad” porque “ya estaba decidido a quién se le adjudicaba”.
El mayor de los contratos es el del 8×8 Dragón, adjudicado en agosto de 2020 por más de 2.000 millones a TESS Defence, una sociedad formada por Indra, EM&E, Santa Bárbara Sistemas y SAPA.
Según la IGAE, la decisión “ya estaba tomada al menos el 28 de abril de 2020”, dos meses antes de que TESS se constituyera, el 26 de junio. Defensa solo invitó a esa empresa. Los precios eran provisionales y la oferta no cuadraba con el desglose de costes que se presentó después. Además, se eligió la torre de 30 milímetros de Escribano sin saber si superaría las pruebas exigidas.
El lanzacohetes SILAM se adjudicó en diciembre de 2023 por 576 millones a la unión temporal de empresas formada por EM&E y Rheinmetall Expal. El contrato se anuló en septiembre de 2025. Los interventores señalan que el plazo para presentar ofertas fue de catorce días, uno menos del mínimo legal.
El pliego anunciaba que se negociaría con una sola empresa, pero se invitó a tres. Una de ellas era Sistemas de Misiles de España, participada en un 45% por Escribano desde 2022 y con escasa actividad.
A juicio de los peritos de la IGAE, la oferta ganadora debió quedar excluida porque su precio no se ajustaba al desglose de costes: “Tan irregular es una oferta presentada fuera de plazo como la que no se ajusta a los pliegos”.
El tercer contrato, de 36,6 millones para catorce sistemas antidrones, fue a parar a la unión temporal de Indra y EM&E, con el Grupo TRC como subcontratista. Un documento de Presidencia del Gobierno de diciembre de 2023 ya citaba a Indra y a TRC como “las empresas seleccionadas”, ocho meses antes de que Defensa pidiera ofertas.
En junio de 2024 las tres compañías anunciaron una alianza. En agosto, Defensa pidió ofertas a cinco empresas y Amper quedó fuera por presentar la suya un minuto tarde. El contrato se firmó el 16 de diciembre de 2024 y catorce días después se pagaron 19,3 millones por un único sistema y un simulador. “Parece más bien que se estaba financiando a la UTE”, concluye el informe.
La investigación alcanza también a la financiación. En octubre de 2025, el Gobierno aprobó por real decreto 6.890 millones en préstamos a interés cero para dieciocho programas de modernización militar.
El 94,5% de ese dinero, 6.515 millones, fue para Indra, para sus uniones temporales con Escribano y para sociedades participadas. Los préstamos no exigían, con carácter general, garantías.
Además, las empresas podían cobrar anticipos antes de firmar el contrato definitivo y, si no llegaban a formalizarlo, solo tenían que devolver el dinero, sin intereses de demora.
Santa Bárbara Sistemas, filial del grupo estadounidense General Dynamics, recurrió esos préstamos ante el Tribunal Supremo, que admitió el recurso en enero. Pide suspender 3.000 millones destinados a dos programas de artillería de la unión temporal de Indra y EM&E. Ya en diciembre de 2025, Fuentes Informadas reveló que Defensa preparaba la adjudicación a Indra de unos 6.000 millones sin concurso público.
La denuncia pone el foco en el crecimiento de EM&E. La empresa pasó de facturar 44,2 millones en 2019 a 355 millones en 2024, y sus contratos públicos pasaron de menos de diez millones en 2018 y 2019 a más de 700 millones entre 2020 y 2025.
En paralelo, los Escribano elevaron su participación en Indra del 3,4% al 14,3%, y Ángel Escribano llegó a la presidencia ejecutiva de la compañía en enero de 2025.
Su etapa terminó en abril de este año. Dimitió alegando que no podía permitir que su continuidad interfiriera “en la estabilidad de la compañía”, tras la denuncia de un posible conflicto de interés por las negociaciones para que Indra comprara EM&E.
Le sustituyó como presidente no ejecutivo Ángel Simón, a propuesta de la SEPI, principal accionista de Indra. Semanas después, los Escribano vendieron su 14,3% con importantes plusvalías.
Los hermanos ya están investigados en otra causa. Un juzgado de Madrid admitió en mayo una querella de un accionista de Indra contra ellos por la venta de 5.000 respiradores al Ingesa en 2020, con un supuesto sobreprecio de 27,4 millones. El juez rechazó incorporar a ese procedimiento los hechos de Defensa, que volvieron a Anticorrupción.
Indra cayó el martes cerca de un 4% en bolsa y fue el peor valor del Ibex 35. Los analistas de Banco Sabadell ven un riesgo “principalmente reputacional” y no esperan impacto “hasta conocer el desenlace de las investigaciones”.
Como publicó Fuentes Informadas en julio, el Gobierno ya había destinado entonces casi 9.000 millones de euros a cumplir sus compromisos con la OTAN, pese a que Sánchez se enfrentó a Donald Trump alegando que España no cumpliría lo de las inversiones del 5% del PIB que pedía Trump.
Lo cierto es que libró 6.000 millones en diciembre de 2025, días antes de cerrar el ejercicio para que computaran en el objetivo de la Alianza, y casi 3.000 más en los primeros meses de 2026.
Gran parte de ese dinero fue a parar a Indra, en adjudicaciones que se resolvieron prácticamente a dedo. La lista no se ha cerrado. A dos semanas de las elecciones, el Gobierno ha adjudicado a la unión temporal de Indra y Escribano otro contrato de 1.450 millones para sistemas antidrones, pese a que la Fiscalía ya investigaba los anteriores.
Ese reparto de millones coincide con la presión de Donald Trump. Tras la negativa de Sánchez en La Haya a comprometerse con el 5% del PIB, el presidente estadounidense llamó a España «un aliado terrible», amenazó con hacerle «pagar el doble» en aranceles y llegó a sugerir su expulsión de la OTAN.
El Gobierno respondió acelerando el gasto. En la cumbre de Ankara, en julio, Sánchez defendió que España cumple con un 2,1% del PIB, y Trump pasó a decir que España se había «redimido por completo».
Según publicó este periódico, el giro llegó después de que Sánchez le ofreciera en privado la compra de cazas F-35 estadounidenses por valor de decenas de miles de millones, algo que fuentes del Gobierno niegan.
El PP exige explicaciones a Pedro Sánchez, a Margarita Robles y al ministro de Industria, Jordi Hereu. “Inversiones en Defensa, sí, pero con transparencia y pasando por el Congreso”, dijo la vicesecretaria popular Cuca Gamarra. Defensa no ha respondido a las preguntas sobre la investigación.