Los jueces creen que la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ sería mejor si contara con informes previos

El Foro Judicial Independiente pide una modificación de la ley “en bloque” ya que en los casos que afectan a los menores, se equiparan las penas por una “nalgatada” con un asesinato

Las asociaciones judiciales APM, AJFV y FJI consideran que sería “mejor” que para reformar la conocida como ‘ley del solo sí es sí’ se contara con los informes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, después de que el Gobierno haya anunciado este lunes que la norma finalmente se modificará mediante una proposición de ley, que permite eludir dichos informes.

“Creo que todas las reformas del Código Penal (CP) se deben hacer bien, y para eso deben hacerse los trámites correspondientes”, ha dicho la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, en declaraciones. Del Barco ha explicado que, aunque lo “mejor” es que se cuente con los órganos consultivos, porque “las leyes hay que reformarlas estudiadas”, en este caso tampoco le parece “tan descabellado” que se opte por la proposición de ley porque los informes de la actual ley “son muy recientes”, ya que entró en vigor el pasado 7 de octubre.

Por otro lado, la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, ha rehusado valorar la vía elegida para reformar la ‘ley del solo sí es sí’. “Me parece bien cómo lo hagan”, ha indicado, recordando que “está en su competencia” decidir el cómo. En cualquier caso, ha señalado que le parece “muy bien” que reformen lo que crean conveniente, si bien ha rechazado pronunciarse sobre el contenido de la reforma hasta que no se publique en el BOE.

Interrogados sobre el contenido, tanto Del Barco como Fernández Vaquero y Portillo han reiterado que la reforma no evitará las rebajas de condenas ya concedidas -ya van cerca de 340-. A este respecto, Portillo incluso ha avisado de que una vuelta atrás en el sentido de aumentar penas, enmarcándolo todo en el delito de agresión sexual, supondrá incluso “dejar más libertad al juez” para valorar la conducta y el castigo, con lo que se podría generar mayor inseguridad.

Por su parte, el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha lamentado que “se está haciendo un uso indebido de los procedimientos legislativos” porque “si la iniciativa parte del Gobierno, como parece ser, tiene que traducirse en un proyecto de ley”, un formato que exige informes e “intervención pública”. Fernández Vaquero ha llamado la atención sobre el hecho de que elegir la proposición de ley “no solo pervierte el diseño constitucional del reparto de la iniciativa legislativa sino que además es contraproducente” en términos de transparencia.

Asimismo, ha alertado de que no recabar los informes que, de elegir el proyecto de ley, serían preceptivos “es dar pie a volver a incurrir en errores que ya hemos visto en el pasado en esta misma materia”. “Por tanto, no me queda más que lamentar el empecinamiento del Gobierno en este caso en hacer mal las cosas”, ha zanjado.

Intromisión en la Ley del Menor

En la misma línea se ha expresado el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, al advertir de que “de alguna forma se están rebajando las exigencias democráticas cuando se opta con demasiada frecuencia por este tipo de vías legales” por cuanto “supone prescindir de informes que serían necesarios, y de debates mucho más profundos en una materia tan importante como el Código Penal“. En este punto, Portillo ha hecho hincapié en que “el Código Penal es como el reverso de la Constitución”, por lo que “posiblemente es la segunda norma de nuestro ordenamiento jurídico”. También ha tenido palabras en relación a la modificación de la ley, Concepción Rodríguez, magistrada del juzgado de menores número 1 de Madrid y ejecutiva, también de Foro.

Rodriguez a asegurado que la ley debe ser modificada en bloque, en su conjunto “porque los artículos que afectan a la Ley del Menor “tratan lo mismo un asesinato que una nalgatada” (azote en el culo). En cada caso, si un menor de entre 14 y 15 años comete una asesinato, sería castigado con penas de internamiento en centro cerrado, de entre un año a cinco. Y en el caso de el asesinato lo cometa un menor de entre 15 y 17 años, la reclusión en centro cerrado, sería de entre 1 y ocho años. Pues bien esta ley, por dar un azote en el culo a una chica considera las mismas condenas, para los mismos supuestos. “Y no podemos sentenciar un crimen como un azote“, ha zanjado Rodriguez.