El Consejo General de Enfermería reclama extender a toda España la prohibición de vender y consumir bebidas energéticas entre menores. Esta restricción ya se aplica en algunos territorios, como Galicia y, desde hace unas semanas, Baleares. La organización pide además reforzar las campañas para que la población entienda los riesgos de estos productos.
El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, valora positivamente la iniciativa del Gobierno, aunque pide prudencia. Según explicó, «desde la profesión enfermera valoramos positivamente esta medida del Gobierno, aunque debemos ser rigurosos: existe evidencia sobre los riesgos de estas bebidas, pero todavía hay poca evidencia directa de que prohibir su venta consiga reducir por sí solo su consumo o mejorar la salud de los adolescentes a largo plazo».
Por ello, insiste en la necesidad de lanzar campañas de concienciación amplias. Reclama también seguir investigando sobre los efectos de estos productos, con el fin de diseñar políticas de salud pública más sólidas para proteger a los menores.
Héctor Nafría, responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del CGE, pone cifras al problema. Advierte que «una lata de medio litro puede contener unos 160 miligramos de cafeína, una cantidad que, para un adolescente de 50 kilos, supera ligeramente el nivel diario de referencia establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria».
Nafría subraya que estas medidas no deben plantearse desde la idea de «alarmar o criminalizar a los jóvenes». Al contrario, defiende que debe primar el objetivo de «protegerlos».
La coordinadora del comité científico de la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (AdENyD), Marilourdes de Torres, apunta a otro problema: el propio nombre de estas bebidas. Considera que confunden a los consumidores al asociarse con las llamadas «bebidas refrescantes».
Según explica, «en realidad son bebidas estimulantes, por su elevada concentración de cafeína, azúcares, taurina y otros ingredientes. Deberían empezar a denominarse así para entender su impacto en la salud». Desde la asociación defienden ajustar la normativa a parámetros concretos sobre los ingredientes de estos productos.
La propuesta del Ministerio de Consumo plantea prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años. Esa restricción se ampliaría hasta los 18 años en el caso de bebidas con más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
De Torres propone ir más allá y fijar el límite en 15 miligramos por cada 100 mililitros para la prohibición a menores de 18 años. Reclama también que los envases no superen nunca los 250 mililitros. Como ella misma resume, «si está controlada la cantidad, pero es una bebida de medio litro, no tiene mucho sentido».
La enfermera añade otras peticiones: prohibir la venta de estas bebidas en máquinas de vending y colocarlas en los comercios junto a las bebidas alcohólicas, no junto a los refrescos. Pide, además, advertencias visibles en los envases que desaconsejen su consumo a menores y mujeres embarazadas.