La AN excarcela a siete presuntos miembros de la mafia holandesa, sin juicio, al cumplirse el plazo de prisión preventiva

La Fiscalía les acusa de tráfico de drogas y de armas, incluso de guerra, como parte de una organización criminal

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado excarcelar a siete presuntos miembros de la mafia holandesa -acusados por narcotráfico y supuesta organización criminal- al vencerse el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva antes de que se llegase a celebrar el juicio.

En un auto los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal han considerado pertinente decretar la libertad provisional de uno de los acusados, Marco H., defendido por el despacho Vox Legis. Fuentes jurídicas han indicado que se ha adoptado la misma decisión para otros seis investigados, incluidos los presuntos líderes de la supuesta organización criminal.

Según la resolución, la Audiencia Nacional ha fijado una batería de medidas cautelares. Así, ha ordenado a los acusados acreditar en sede judicial un domicilio y un número de teléfono; les ha obligado a comparecer cuantas veces sean llamados: y les ha prohibido salir del país sin autorización del tribunal. «El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar a lugar su ingreso en prisión», han señalado los magistrados.

Los siete acusados que ahora quedan en libertad estaban en prisión a petición de la Fiscalía Antidroga, que les atribuye presuntos delitos contra la salud pública cometidos en el seno de una organización criminal, así como presuntos delitos de depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento oficial.

En el marco de la investigación, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz ha acordado archivar la parte de las pesquisas relativas al presunto delito de blanqueo que se les atribuía a varios de los acusados al considerar que no ha quedado suficientemente acreditado, según consta en un auto recogido por Europa Press.

Cocaína e importaciones de frutas

En el escrito de acusación de mayo de 2021, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Ignacio de Lucas explica que el origen de la causa se remonta a 2018, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Guardia Civil empezaron a investigar a un entramado criminal «constituido casi en exclusiva por ciudadanos holandeses y radicado principalmente en la provincia de Málaga».

El Ministerio Público sostiene que esta presunta organización «pretendía introducir sustancias estupefacientes en España, aunque disponía de vínculos con otros países de la Unión Europea como Portugal, Países Bajos o Rumanía». En concreto, intentaba introducir cocaína en territorio español «bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica».

La Fiscalía, sin embargo, insiste en que la «envergadura» de la infraestructura de esta supuesta organización «era mucho más amplia que el mercado de la cocaína», ya que «disponía también de la capacidad para operar en todo el ciclo criminal del tráfico de drogas que comprendía la fabricación, distribución y venta de drogas sintéticas».

Además, el Ministerio Fiscal asegura que la presunta red –para «proteger» su mercado y «acceder» al de otros competidores– habría «hecho acopio de numerosas armas de fuego y de guerra que ocultaban, pero a las que tenían fácil acceso, y que estaban preparadas para un eventual episodio de violencia».

Dos lideres en la organización criminal

Antidroga sitúa a Hans V. y Marco H. como «líderes» del supuesto grupo criminal al considerar que ambos habrían «compartimentado y fragmentado las distintas actividades necesarias para el funcionamiento de la organización».

En su escrito de acusación, el fiscal subraya que ambos, para dificultar su identificación y el papel preponderante que desempeñaban, «impartían sus instrucciones a través de terceros, y sólo participaban en encuentros personales con su círculo de confianza en locales de hostelería de los alrededores de Puerto Marina (Benalmádena) en momentos trascendentes y determinantes».

Los presuntos líderes habrían constituido, siempre a nombre de otros, un entramado societario capaz de generar la «apariencia» de importación de mercancía lícita y su ulterior transporte, y, al mismo tiempo, dispondrían también de una infraestructura con «numerosos inmuebles, naves en polígonos industriales, viviendas, garajes y vehículos que posibilitaban su actividad».