España, un zorro al cuidado de las gallinas

El Ministerio Fiscal tiene la misión de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”. La pregunta es: ¿cómo va a defender la legalidad un presunto delincuente?

En uno de los episodios más surrealistas, incluso delirantes de la política española de los últimos años, de no ser porque en realidad la corrupción no tiene ninguna gracia, Rafael Gómez, ‘Sandokán’, concejal y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, pese a haber sido condenado a seis meses de prisión, rechaza dejar su puesto. El jurado del caso Malaya consideró que era autor de un delito de cohecho activo por sobornar con 600.000 euros a Juan Antonio Roca para conseguir favores urbanísticos.

Interpelado por un periodista sobre su condena y si pensaba dimitir por ello, ‘Sandokán’ respondió:

-¡Pero qué condena, ni qué condena!  ¿Dimitir yo? ¡Dimite tu!

Este personaje que encajaba a la perfección en el elenco de un país de circo en el que se cuentan con los dedos de una mano los políticos y dirigentes que han dimitido cuando se les pilla con el carrito del helado, no ha desaparecido del reparto de una sociedad acostumbrada al mamoneo institucional.

Ahora, y de los creadores del ¿dimitir yo,? ¡dimite tu!, nos llega una nueva entrega con un guion que parece salido de las manos de Santiago Segura: ‘El zorro al cuidado del gallinero’.

Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos al filtrar datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lejos de asumir responsabilidades anuncia que dimitir nada de nada. Esta situación inédita en la justicia española significa que está imputado como presunto delincuente quien está al frente del Ministerio Público, es decir, quien debe pillar a los delincuentes. Lo más parecido a eso es poner a un zorro al cuidado de las gallinas.

El artículo 124 de la Constitución Española recalca que el Ministerio Fiscal tiene la obligación y la misión de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”. La pregunta parece obvia: ¿Cómo va a defender la legalidad un presunto delincuente? El todavía fiscal general sostiene que no dimitir es “lo menos gravoso y lo más prudente para la institución”. Cierto que no hay condena, pero solo el paso de Supremo de abrir el proceso debería llegar a dejar el puesto por higiene.

¿Y qué ha dicho y hecho el dueño del gallinero, mismamente el Gobierno representado por el ministro de Justicia, el señor Bolaños. Por resumirlo, el ministro de Justicia cuestiona y desacredita la resolución del Supremo tomada por unanimidad y defiende al fiscal general.

Félix Bolaños entiende que García Ortiz solo «cumplió» con su deber en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Todo lo que ha hecho el fiscal general ha sido contar la verdad”, declara sin que se le caiga la cara de vergüenza todo un ministro de Justicia, que ignora a sabiendas, bien por prevaricador o bien por inepto, que difundir datos personales de un ciudadano español, sean verdad o mentira, es un delito.

Paga bien el Gobierno los favores de quien le asiste en materias espinosas como las más que dudosas decisiones políticas relacionadas con la Ley de Amnistía o las investigaciones abiertas contra la esposa y el hermano del presidente, Pedro Sánchez, que el fiscal general ha intentado parar y anular ordenando interponer recursos que han sido desestimados uno tras otro. La politización de la justicia da asco porque es una perversión que contamina el estado de derecho y la separación de poderes.

¿Cómo puede acabar un gallinero que vigila el zorro? Malamente, que cantaba Rosalía. Los fiscales de profesión lo saben y han pedido a su jefe que se marche. Este jueves se celebra una Junta de Fiscales de Sala en la que Álvaro García Ortiz se enfrentará a numerosas peticiones de dimisión por parte de una cúpula fiscal tensionada, aunque no se votará sobre su continuidad. En total, son 34 los fiscales que se sientan a la mesa con García Ortiz para escuchar de su boca su decisión de quedarse en el cargo tras el auto del Supremo. En esa mesa hoy saltarán chispas por la voluntad de Ortiz de enrocarse en el cargo y el daño que eso supone para la institución. Finalmente una mayoría de fiscales ha respaldado la postura de su jefe.

Haría bien por dignidad de la profesión y de la justicia de este país en marcharse por la salud y la integridad de las gallinas, las pobrecitas.