Ley de nietos: reflexiones sobre la manipulación del censo y las trampas del poder

«El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia; su virtud inherente es la igualitaria repartición de la miseria.» — Winston Churchill

Prefacio

En el discurrir del pensamiento político occidental, la perversión de las normas jurídicas al servicio de la perpetuación en el poder ha sido siempre el primer indicio del quebrantamiento democrático. Al igual que en la arquitectura institucional clásica se advertía contra la tiranía del atajo, en la actualidad asistimos a un fenómeno tan sofisticado como peligroso: la conversión de la ley en una herramienta de mercadotecnia electoral. Este perfil de actuación, donde la demagogia gubernamental pretende desfigurar la majestad de la norma para compensar el descontento popular, exige un examen riguroso desde la óptica de la ciencia jurídica y la ética republicana.

Crónica

En la ciencia política contemporánea y en el derecho constitucional de matriz europea, existe una frontera infranqueable entre el reconocimiento legítimo de derechos históricos y la instrumentalización oportunista de las normas al servicio de la pura supervivencia partidista. Cuando una legislación de calado nacional —con implicaciones profundas sobre la identidad de una patria— se diseña, flexibiliza o manipula con la mirada puesta de forma exclusiva en la geometría de las urnas, no se está sirviendo ni a la justicia ni a la reparación histórica: se está perpetrando una maniobra de ventajismo que viola de manera flagrante el principio fundamental de la equidad democrática.

En la España actual, el encendido debate público desatado en torno a la denominada «Ley de Nietos» y sus derivaciones inmediatas en el censo electoral del voto en el exterior (el CERA) ha dejado al descubierto una grieta moral y política insondable. Por un lado, la desesperada pretensión del Ejecutivo sanchista de acelerar inscripciones, diluir la exigencia de probanzas y desdibujar los filtros procedimentales para alterar artificialmente el censo y captar voluntades en el extranjero; por el otro, la insustituible e imprescindible intervención de los tribunales como garantes supremos de la legalidad, cuya misión institucional no es otra que impedir que el ordenamiento jurídico se convierta en una coladera de ingeniería partidista.

El nudo crítico de este fenómeno no reside en la necesaria fiscalización de las inscripciones, sino en la indigencia ética y administrativa que caracteriza al socialismo tramposo cuando acude al atajo. Ante la evidencia innegable de un electorado interno exhausto y desencantado —aquel integrado por los españoles de a pie que sostienen a diario la nación con su esfuerzo, su trabajo y sus tributos—, el poder gubernamental reacciona buscando la importación masiva de adhesiones mediante el uso instrumental del derecho de ciudadanía. Esta suerte de extractivismo electoral convierte la noble institución del sufragio en una mera moneda de cambio para amortiguar la inevitable penalización en las urnas.

Frente a semejante picardía política, la firme postura de los altos tribunales y el rigor en la tutela del censo electoral no representan un capricho ni un obstáculo burocrático, sino el último y más sólido dique de contención frente a la arbitrariedad. El Poder Judicial, en su condición de árbitro imparcial, cumple el papel sagrado de velar por la intangibilidad de la soberanía popular. Someter a la nación a la incertidumbre de un censo contaminado por el oportunismo de Estado equivale a fracturar la fe pública y a vulnerar el pacto constitucional que sostiene la convivencia de los ciudadanos.

La historia enseña con absoluta nitidez que cuando el ejercicio del poder se desacopla del rigor moral para abrazar la demagogia, las instituciones sufren un deterioro progresivo que afecta a toda la sociedad. Como bien advertía el estadista británico al señalar la naturaleza corrosiva de la ideología socialista, donde el dogma prima sobre la verdad y la conveniencia sobre la virtud, las reglas de juego terminan siendo alteradas a mitad del partido para favorecer al jugador aventajado. Sin embargo, en una democracia madura, la soberanía radica exclusivamente en la voluntad limpia y transparente de su pueblo, no en los cálculos de gabinete ni en los subterfugios del boletín oficial.

El análisis de la coyuntura que rodea a la «Ley de Nietos» exige despojar al debate de todo ornamento propagandístico. Proteger las urnas frente a la improvisación y la picardía gubernamental es una exigencia categórica para salvaguardar la dignidad del Estado de Derecho. Frente al intento deliberado de mercantilizar la ciudadanía y desvirtuar el sentido del censo, la sociedad civil y las instituciones independientes deben mantenerse firmes en la defensa de una legalidad previsible, diáfana y rigurosa, recordando que la verdadera grandeza de una patria reside en el respeto irrestricto a sus leyes y en el honor intransigente de quienes no se dejan engañar por los cantos de sirena de la manipulación social.

«La ley es el freno de la tiranía y el escudo del ciudadano; cuando los demagogos la convierten en trampa, la justicia se levanta como la última muralla de la libertad.» — Marco Tulio Cicerón (De Legibus, adaptación clásica)

Doctor Crisanto Gregorio León
Profesor Universitario