Hoy: 22 de noviembre de 2024
La Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, ha sentenciado a un guardia civil a seis años de prisión y una multa de 4.500.000 euros por blanqueo de capitales agravado. Además, se le ha impuesto un año adicional por pertenencia a grupo criminal. Sus dos hijos también han sido condenados a tres años y un mes de prisión como cooperadores necesarios en el delito de blanqueo de capitales, junto con una multa de 4.500.000 euros cada uno, y ocho meses de prisión por pertenencia a grupo criminal.
La sentencia establece que el cabo de la guardia civil, junto a su familia, creó una estructura económica, societaria e inmobiliaria para blanquear capitales provenientes del narcotráfico. Esta estructura incluía 12 empresas y cuatro uniones temporales de empresas, con un capital social de aproximadamente 730.000 euros y la adquisición de bienes inmuebles valorados en al menos 606.000 euros.
La resolución judicial revela que la estructura fue financiada en gran parte mediante préstamos privados o capital de terceros, sumando alrededor de 997.000 euros. Estos préstamos, aunque aparentemente legales, enmascaraban pagos encubiertos con dinero en efectivo destinado a ser blanqueado.
El cabo primero de la guardia civil, junto con las empresas administradas por sus hijos, realizó numerosas compras de inmuebles y coches de alta gama. La familia también realizó viajes al extranjero y se alojó en establecimientos de lujo, sin que estos gastos aparecieran reflejados en sus cuentas bancarias y sin justificación compatible con sus ingresos. Además, no se justificaron los pagos de fianzas de hasta 80.000 euros cuando los hijos fueron detenidos.
La investigación también sacó a la luz la sofisticación del esquema utilizado para el blanqueo de dinero. Los acusados empleaban una red de empresas ficticias y cuentas bancarias en paraísos fiscales para mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Este complejo entramado financiero no solo les permitía ocultar la procedencia del dinero, sino también maximizar sus beneficios a través de diversas inversiones y adquisiciones inmobiliarias. La sentencia detalla cómo estas actividades ilegales no podían haberse llevado a cabo sin la colaboración activa y consciente de todos los implicados.