Detenidas en Albacete 13 personas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de personas

La organización alquilaba instalaciones hoteleras para alojar a los inmigrantes e inflaban los precios de los contratos para obtener mayores subvenciones públicas

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e investigado a otras seis en el marco de la operación Bomvoyage que ha desmantelado una organización criminal internacional. Esta red se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la contratación en origen (contingentes GECCO), explotación laboral, falsificación de documentos, estafas y fraudes a seguros y subvenciones públicas.

La investigación comenzó cuando la Guardia Civil detectó irregularidades en la gestión de autorizaciones de residencia y trabajo a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) en una empresa agrícola de Hellín (Albacete). Descubrieron que el proceso de selección en Senegal y Marruecos estaba amañado, y que los seleccionados pagaban entre 4.000 y 6.000 euros para obtener el puesto.

Una vez en España, si los inmigrantes no querían cumplir el contrato o regresar a su país, la organización les ofrecía vivienda y trabajos agrícolas precarios, cobrando entre 4.000 y 12.000 euros para regularizar su situación. La red aprovechaba la legalidad de la entrada de estas personas para explotarlas laboralmente, obligándolas a jornadas extenuantes y aplicando deducciones ilícitas que dejaban su salario en apenas 200 euros mensuales. También los forzaban a firmar documentos sin conocer su contenido y a contratar servicios bancarios o telefónicos para obtener comisiones.

La organización alquilaba instalaciones hoteleras o grandes fincas para alojar a los inmigrantes, inflando los precios de los contratos para obtener mayores subvenciones públicas. Contaban con captadores en Senegal y Marruecos, gestores en España y asesoramiento jurídico, mientras los cabecillas se presentaban como facilitadores ante las autoridades.

En la primera fase de la operación, se realizaron registros en Hellín y Alhama de Murcia, incautando documentación, material informático y tecnológico, y bloqueando 15 cuentas bancarias. En una segunda fase, la Guardia Civil y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete inspeccionaron la empresa y los alojamientos, constatando la explotación laboral y las malas condiciones de vida de los inmigrantes.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha colaborado para satisfacer las necesidades básicas de los afectados. La Guardia Civil sigue investigando contratos fraudulentos y personas en situación irregular en diferentes provincias, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y sindicatos de trabajadores como UGT.

Maximizar sus beneficios a costa de los inmigrantes

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con el Grupo de Información de Murcia y la Jefatura Central de Información (UCE3), bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 3 de Hellín (Albacete).

La organización criminal también había tejido una red compleja para maximizar sus beneficios a costa de los inmigrantes. En muchos casos, estos inmigrantes eran obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras, sin acceso a derechos laborales básicos. Las víctimas, a menudo sin comprender plenamente el idioma y las leyes españolas, se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema, que era explotada por los miembros de la organización para obtener mano de obra barata y grandes ganancias.

Además de la explotación directa, la red también se beneficiaba de múltiples fraudes en seguros agrarios y subvenciones públicas, presentando documentación falsa para inflar los costes y obtener mayores beneficios económicos.

La implicación de la Guardia Civil en esta operación destaca la gravedad del problema de la trata y explotación laboral de inmigrantes en España. La colaboración con diversas entidades, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y sindicatos de trabajadores, ha sido crucial para proporcionar asistencia a las víctimas y desmantelar la red criminal.

Este caso subraya la necesidad de un enfoque coordinado y multifacético para combatir la trata de personas y proteger los derechos de los trabajadores migrantes, garantizando que las prácticas de contratación en origen, como el programa GECCO, no sean explotadas por organizaciones delictivas. La operación Bomvoyage sigue en curso, y se esperan más detenciones y revelaciones a medida que avancen las investigaciones.