Condenada una mujer a más de 21 años de prisión por tres delitos de explotación laboral

La acusada, junto con su pareja, aprovechó la situación de vulnerabilidad de los perjudicados y los engañó para que emigraran ilegalmente a España

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a una mujer a 21 años, 7 meses y 15 días de prisión por explotar laboralmente a tres ciudadanos extranjeros, engañándolos con una oferta laboral falsa que los llevó a trabajar en un club de alterne en Oporto, Portugal. Esta sentencia, la primera de su tipo en Extremadura por trata de seres humanos con fines de explotación laboral, fue emitida tras un juicio celebrado el 23 de mayo.

La acusada, una vecina de Badajoz de origen venezolano, fue hallada culpable de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, con una pena de 5 años de prisión por cada delito. Además, se le imputaron tres delitos contra los derechos de los trabajadores por imposición de condiciones laborales fraudulentas, con una pena de 2 años de cárcel y 6 meses de multa con una cuota diaria de 3 euros por cada delito. También fue condenada por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, con una pena de 7 meses y 15 días de prisión. La mujer deberá indemnizar a cada una de las víctimas con 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El tribunal consideró probado que la acusada, junto con su pareja, un ciudadano portugués que no fue juzgado por estar en rebeldía, aprovechó la situación de necesidad y vulnerabilidad de los perjudicados, engañándolos para que emigraran ilegalmente a España. Les facilitó cartas de invitación y les indicó la ruta más segura para llegar de forma irregular al país, donde les prometió alojamiento y trabajo a cambio de empadronamiento. Sin embargo, los obligó a trabajar en condiciones de explotación, sin contratos ni sueldo, y a entregar sumas de dinero por trámites inexistentes.

Jornadas maratonianas

Las víctimas trabajaron en régimen de servidumbre para la acusada, realizando tareas personales como la pedicura y trabajando jornadas maratonianas en un bar de la barriada de San Roque. La dependencia de los certificados de empadronamiento y el desconocimiento de las leyes españolas por parte de las víctimas fueron utilizados como medios coercitivos.

Aunque las penas impuestas son las mínimas contempladas por el Código Penal para estos delitos, el tribunal reconoció en su sentencia que son excesivas en proporción al mal causado. Por ello, solicitará al Gobierno un indulto parcial para la acusada, que reduciría las penas a 5 años y medio de prisión. Además, el tribunal propuso la introducción de un subtipo atenuado para el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, similar a los existentes para otros delitos, con el fin de ajustar las penas de manera más proporcional a la gravedad de la conducta y a las circunstancias personales del infractor.