700.000 juicios suspendidos desde que comenzó la huelga de los funcionarios de Justicia

Miembros del comité se encerraron como protesta para forzar la negociación con el secretario de Estado de la administración de Llop, ante su negativa a ceder a las propuestas sindicales

Los funcionarios de Justicia han abandonado su encierro en el Ministerio, tras el agravamiento que ha sufrido uno de ellos de su patología. Finalmente, el Sámur lo ha atendido. Aun así, los sindicatos mantienen la huelga, con la que reivindican mejoras salariales. El conflicto laboral con la Administración presidida por Pilar Llop está vigente desde hace dos meses. Y exigen negociar con el secretario de Estado de este organismo, Tontxu Rodríguez. Este les ha instado a continuar las conversaciones después de las elecciones generales del 23-J.

UGT, CC. OO., CSIF y STAJ son los sindicatos a los que pertenecen los cinco funcionarios que se han encerrado en el Ministerio. Estos funcionarios denuncian que este organismo no permitía hacer llegar comida a los encerrados.

Por otro lado, los cuatro sindicatos han trasladado un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo. En él piden que investigue si Llop y Rodríguez han cometido alguna ilegalidad por bloquear la negociación del conflicto.

En su escrito alegan que el artículo 8 del decreto ley sobre relaciones de trabajo establece que «desde el momento de preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo».

Desde el 17 de abril, 45.000 funcionarios de Justicia están llamados a la huelga para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo. En línea de las acordadas con letrados de dicha administración, jueces y fiscales.

Los paros parciales iniciales derivaron en una huelga indefinida que está presente desde el 22 de mayo. Durante las últimas semanas, las protestas han hecho que se suspendieran más de 700.000 juicios. Y se han paralizado más de 40 millones de actuaciones judiciales.

Diferencias de trato con los letrados

Aparte de la exigencia del aumento salarial de entre los 350 y 430 euros, los funcionarios en huelga están en desacuerdo con la Ley de Eficiencia Organizativa. Según ellos, esta, en caso de aprobarse, les impondría cargas de trabajo y les impediría elegir libremente el destino donde cumplir sus tareas, ya que el fin de la medida es fusionar las funciones de distintos juzgados

De hecho, existe un malestar con los letrados entre los funcionarios, quienes se quejan de que tengan que asumir trabajo asignado de los primeros para recibir menos dinero del debido.

Por eso, el acuerdo de abril del Ministerio de Justicia con los letrados, que acabó con la huelga indefinida de estos, fue un pretexto principal en los funcionarios para iniciar la suya.