La iniciativa surge a raíz de las revelaciones que aparecen en el nuevo documental de HBO ‘Salvar al Rey’ sin perjuicio de que ‘Fuentes Informadas’ tenga también un papel relevante en la difusión de audios comprometedores para el emérito
Unidas Podemos y el grueso de los socios parlamentarios del Gobierno han registrado una nueva petición para que el Congreso investigue “los escándalos relacionados” con Juan Carlos I, en los que FUENTES INFORMADAS ha tenido un papel relevante en la difusión de varios audios que confirman y amplian esas informaciones. De este modo, instan a que el Congreso también indague acerca de la “implicación de algunos estamentos del Estado” para controlar la información sobre los mismos.
En concreto, según ha informado Europa Press, esta nueva iniciativa la firman, junto con el partido minoritario del Gobierno de coalición, ERC, Bildu, Más País, Compromís y también Junts, el PDeCAT y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Este nuevo intento para que la Cámara Baja abra pesquisas sobre las “presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real” y “sus cómplices” tiene como referente los contenidos del documental ‘Salvar al Rey’ producido por HBO, según admiten los propios firmantes.
Los audios divulgados por ‘Fuentes Informadas’ arrojan más luz sobre las corruptelas de Juan Carlos I
Al margen de ese documental, FUENTES INFORMADAS ha destapado varios audios del excomisario José Manuel Villarejo en los que Corinna relata algunas de las corruptelas y negocios ilícitos de Juan Carlos I, como aquel piso que le regaló el sultán de Omán que a su vez lo se vendió, según Corinna, “a los de Abu Dhabi por cerca de 50 millones de libras” de forma “falsa”. El fin, presuntamente, era blanquear dinero negro.
Por otra parte, este medio también ha revelado una conversación entre Villarejo; su mujer, la periodista Gemma Alcalá; Ana Rosa; y su marido, el empresario Juan Muñoz en la que se explicitaba que que don Juan Carlos supuestamente pagó “casi todas las informaciones” sobre la parte de Andorra de la ‘Operación Cataluña’, una acción policial que, a tenor de los audios del excomisario, fue impulsada por el Gobierno de España para frenar el proceso independentista catalán mediante un ardid basado en coacciones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para que facilitase las cuentas que tenían allí los líderes del procés. Sin embargo, las cuentas estaban en realidad en la entidad rival de la BPA, AndBank, y en Suiza.
En concreto, estos grupos políticos piden saber “los flujos monetarios referidos en los registros de uso de las llamadas ‘tarjetas black'” así como las “influencias políticas, diplomáticas y diplomáticas” de miembros de la Familia Real con Arabia Saudí.
Entre los objetivos de esa investigación parlamentaria se incluye también el conocimiento que puedan tener de estos hechos “los actuales miembros de la Casa Real” y, en especial, el Rey Felipe VI, que hasta que renunció a la herencia de su padre en marzo 2020, era uno de los beneficiarios de la Fundación Lucum. Esta es la fundación que creó en 2008 el rey emérito para ocultar un supuesto regalo de Arabia Saudí por valor de 100 millones de dólares, unos 64,8 millones de euros al cambio en ese entonces.
El papel del CNI y el control de los medios
Y, siguiendo el hilo del documental, los partidos que promueven la iniciativa insisten esta vez en la necesidad de que el Congreso investigue también “la implicación de algunos estamentos del Estado para el control de la información de los escándalos relacionados con el rey emérito”.
En este punto, aluden concretamente a la relación del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y así como de sus predecesores -CESID y CESED- con “presuntas amenazas y chantajes a examantes del monarca”, como Corinna Larsen, y a su entorno. Este es asunto sobre el que este medio ha ampliado recientemente la información existente con sus nuevas revelaciones. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, encargó a Villarejo realizar “un análisis” de “las comunicaciones” para “ver cuántos mensajes manda” el CNI.
El propósito era frenar el ‘control’ que los servicios secretos españoles presuntamente estuvieron efectuando sobre ella para que no revelara secretos de Estado e información personal de don Juan Carlos, uno de los objetivos del entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, quien tuvo un polémico encuentro con Corinna en Londres. Dichos hechos se están juzgando en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales a raíz de una denuncia de Corinna al rey emérito por presuntos actos de acoso, seguimiento ilegal de agentes del CNI y difamación.
Los grupos parlamentario también quieren conocer los recursos y herramientas públicas” destinadas al control de todas las informaciones relativas al exjefe del Estado. No obstante, hasta ahora la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox han rechazado todas las solicitudes de este tipo que han registrado estas formaciones.