Una juez ordena a la aseguradora de La Caixa que deposite 2,3 millones por una grave negligencia médica en el hospital de El Ejido

Una doctora confundió un tumor maligno con uno benigno. La enferma sufre hoy una inexorable metástasis y peligra su vida. La Audiencia de Almería ordena que haya juicio por el grave error

Si María José V., anatomopatóloga del hospital de Poniente de El Ejido (Almería), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), hubiese analizado correctamente el grano que le salió en un hombro en 2016 a la vecina de Guadix (Granada) Antonia M., hoy de 61 años y madre de tres hijos, nada sería igual ni para la doctora ni para la enferma.

A Antonia se le habría extirpado el grano maligno que ella confundió con uno benigno y no estaría con la metástasis galopante que hoy se está comiendo su vida.

Y la Audiencia de Almería no habría tenido que ordenar al juzgado que se hizo cargo de este asunto, el número 4 de El Ejido, primero, que reabriera la causa (pues extrañamente la había archivado) y, segundo, que lo elevara ante un juzgado de lo penal para celebrar en él un juicio por una negligencia sanitaria grave.

O sea, nada de archivar, la Audiencia estima que sí hubo una negligencia, y grave.

Y eso ha tenido que hacer la juez del número 4 de El Ejido, que, llamativamente, lo había archivado por entender que no existía tal negligencia.

El fiscal que parece el abogado de la doctora

Y también, llamativamente, en la misma línea, ha ido el fiscal del asunto, que casi sin tregua ha estado pidiendo al juzgado, una y otra vez, que lo archivase. Pese a que existen informes de expertos que aseguran que en este caso se había cometido una grave negligencia.

María José V. señaló en el juzgado que lleva 36 años en esa especialidad y que no erró, ya que ese tipo de tumores, según ella, puede presentarse como benignos y luego ser malignos. Otros expertos que hay en la causa la desmienten.

Fuentes jurídicas señalan: «Es curiosa la insistencia del fiscal y la actitud del juzgado con vistas a cerrar el caso, parecían deseosos de archivarlo pese a los informes periciales y del forense que obran en la causa y que certifican un claro error de diagnóstico. Aún así parecía no importarles la víctima y el sufrimiento de la familia», aseguran los citados medios, que sospechan que en este asunto «han podido existir lo que se llaman las alegaciones de oídas», ironizan.

«La negligencia»

¿Donde está la negligencia? El abogado de la víctima lo dice claramente en su escrito de denuncia.

En 2016 Antonia se sentía mal. Fue a su médico del hospital de Guadix, que depende del de Poniente de El Ejido, que es el de referencia, y le hallaron un grano en un hombro que parecía malo.

Y por eso mandaron una muestra a El Ejido para su análisis. La anatomopatóloga María José V. certificó que era benigno.

Y con esa tranquilidad se quedó Antonia M.

Si la doctora hubiese dicho que era maligno, como de hecho lo era, bastaba con extirparlo y la curación estaba garantizada. Pero no ocurrió así. Casi cuatro años después, Antonia empezó a sentirse muy mal. Le hicieron muchas pruebas y en un principio los médicos no lograban saber qué le sucedía.

En una exploración definitiva le descubrieron un grano de muy mal aspecto, que analizaron y vieron que era cancerígeno, en el otro hombro. Y a la vez se dieron cuenta de que este segundo grano, en este caso un pequeño bulto, no era primario. Es decir, era una metástasis de otro.

Como no encontraban el origen de ese segundo grano, puesto que el otro había sido considerado benigno, volvieron a analizar todo de nuevo. Y es cuando los médicos de Guadix le comentaron que en realidad el primer grano era maligno y que se le había extendido por el cuerpo. Pero habían pasado cuatro años.

Inmediatamente, la sometieron a quimioterapia, con el infortunio, además, de que Antonia M. no toleraba la quimio. Con lo que la enfermedad siguió campando casi a sus anchas. Ya lo venía haciendo desde hacía cuatro años.

La situación clínica de Antonia ahora es calamitosa y, según los peritos, su vida peligra seriamente. Si no hubiese habido aquel error de diagnóstico, se le habría extirpado el primer grano y la supervivencia habría sido casi total.

Pues bien, ni el juzgado ni el fiscal veían negligencia alguna en este caso. De no ser por la Audiencia de Almería, que dio a ambos un fuerte varapalo y ordenó reabrir la causa y llevarla a juicio por una grave negligencia médica, la enferma se encontraría hoy con la impotencia de que su vida se va sin habérsele hecho justicia a su caso.

Con 61 años y tres hijos.

Su hija, que vive y trabajaba en Almería con su marido, ha trasladado su residencia a Guadix para cuidar de su madre, que debido a su afección ha perdido parte de sus dientes y apenas puede moverse debido a una fatiga galopante. Y también de su padre, aquejado de un grave problema en un riñón.

En esta tesitura, y por orden de la Audiencia de Almería, el juzgado número 4 de El Ejido ha abierto un juicio oral contra la doctora y ha llamado para que comparezca en la causa la aseguradora del hospital de Poniente de El Ejido, SegurCaixa, perteneciente a Caixabank, para que consigne de inmediato 2,35 millones de euros.

El abogado de la familia, Francisco de Asís Vargas, había pedido a la aseguradora, al inicio del procedimiento, 1,7 millones de euros por los daños físicos y morales.

Pero SegurCaixa hizo oídos sordos y Vargas demandó que se le impusiera un 20% de intereses, tal como marca la ley.

Y la juez, ahora sí, ha atendido su petición e incrementado hasta los 2.3 millones el dinero que debe consignar la aseguradora de inmediato.

El abogado de la paciente, Francisco de Asís Vargas, tras indicar el forense del juzgado de Guadix, donde Antonia M. denunció inicialmente su calvario, que en este caso se había producido un error de diagnóstico evidente, pidió a la aseguradora que hiciera una oferta económica y adelantase dinero a la familia.

Todo ello para sufragar los muchos gastos que estaba teniendo a raíz de esta negligencia; máxime cuando el marido se hallaba también de baja médica y en el desempleo. Y ella que no se vale por sí misma y necesita ayuda.

Alegó el letrado que, dada la gravedad que sufría Antonia M., la ley exhorta en estos casos a las aseguradoras para que consignen dinero que palíe el sufrimiento de la víctima para que esta pueda afrontar su grave enfermedad con dignidad.

Pero la aseguradora ni se presentó en las diligencias.

Ahora sí tendrá que depositar los 2,3 millones. Y si no lo hace tras haberlo ordenado el juzgado, la cantidad se incrementará otro 30%.

La Ley de Contrato del Seguro establece unos intereses mínimos, a partir del 20 por ciento anual y sin límite, si las aseguradoras no cumplen con su obligación de ofertar, motivadamente, la indemnización que corresponda en atención a los daños personales.

La Ley de Enjuiciamiento Civil dispone un incremento de hasta el 30 por ciento de lo que se reclame en una demanda ejecutiva.

Análisis/resumen del abogado Vargas

El letrado Vargas resume así el asunto que afecta a la paciente Antonia M. : «Hace ya ocho años, en un hospital de la provincia de Almería -Ejido, Poniente- se diagnosticó a una persona, erróneamente, un falso nevus que resultó ser luego, cuatro años después, un maligno melanoma.

El tribunal que conoce del asunto ha dictado recientemente un auto disponiendo la apertura de juicio oral contra la anatomopatóloga y contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente por un delito -no dice presunto- de lesiones así como contra la mercantil Seguros Caixa Adeslas, S.A., en su calidad de responsable civil.  

El mismo Auto requiere a los acusados y al responsable civil, Caixa Adeslas S.A., para que en el plazo de un día presten fianza en cantidad de 2.334.000 euros.

Al día de hoy, no hay consignado ni un céntimo por parte de la aseguradora», concluye el letrado.