Políticos de Andorra y el negocio de los ‘diamantes de sangre’ procedentes del genocidio de Sierra Leona: sevicia y mucho dinero

La Audiencia Nacional acaba de afirmar que la causa, en la que de momento hay implicado un español, no está prescrita y que continúe la investigación

El Principado Andorra, el país de los Pirineos según su publicidad turística, se nos vende como un remanso de paz (no tiene ejército), prosperidad (su renta per cápita casi duplica a la española) y calma; un pequeño paraíso, ideal para el ocio, el relax, las compras y el contacto con la naturaleza.

Y con un sistema bancario aparentemente sólido y que solo hace las preguntas imprescindibles a quienes en él depositan fondos.

Pero bajo esa imagen idílica aparentemente subyace un pozo negro de corrupción económica y política.

Hasta no hace mucho considerado un paraíso fiscal, el coprincipado (los copríncipes o jefes del Estado son el obispo de Urgel y el presidente de la República francesa), que, tras la segunda guerra mundial, pasó de ser un país atrasado, de pobre agricultura y ganadería, a un emporio financiero, y sigue siendo, aunque se niegue, un refugio fiscal.

Por la laxitud de los controles de sus autoridades, sus bajos impuestos y la opacidad e íntima relación con el mundo político de su sistema bancario.

Unas cuantas familias controlan las finanzas y a través de ellas, discretamente, la política del Principado; hacen y dejan hacer, pero, a veces, la codicia ciega a algunos de sus miembros.

Por ejemplo, en la cruel guerra civil que asoló Sierra Leona desde 1991 a 2002, dejando un saldo de más de 70.000 muertos, sobre todo miembros de la población civil, y un reguero de heridos, mutilados, mujeres y niñas violadas, esclavitud, matrimonios y embarazos forzados, utilización de niños soldados, hambrunas y más de dos millones de desplazados y otra serie de execrables crímenes dio lugar a la creación del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL).

Los miembros de los grupos armados combatientes, sobre todo el FRU o Frente Revolucionario Unido, cortaban a las víctimas los dos antebrazos a machetazos.

El citado tribunal internacional condenó, entre otros, a Alex Tamba Brima et al. y, sobre todo, al Presidente de la vecina Liberia, Charles Ghankay Taylor, quien, a cambio de diamantes en los que Sierra Leona es rica, proporcionados por los rebeldes del FRU, suministró a estos el armamento preciso para continuar las hostilidades y las matanzas.

Los rebeldes obtenían esos diamantes esclavizando a miembros de la población civil de Sierra Leona y obligándolos a trabajar en los yacimientos bajo amenaza de muerte.

Algunos fueros asesinados y otros fallecieron a consecuencia del hambre, l os tratos inhumanos, el extenuante trabajo, enfermedades contraídas y no tratadas y el agotamiento.

50 años de cárcel

Taylor fue condenado por el TESL en 2012 a cincuenta años de prisión como autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, siendo confirmada la sentencia en apelación en 2013; fue el primer jefe de Estado condenado en firme por un tribunal internacional tras el Almirante Karl Dönitz, efímero jefe de Estado de Alemania en mayo de 1945, condenado en Núremberg en 1946 a 20 años de prisión por crímenes de guerra.

El TESL afirmó que tuvo en cuenta para imponer la pena a Taylor la gravedad y el impacto físico y emocional en las víctimas de los crímenes perpetrados en el conflicto armado (“los mutilados tendrán que vivir siempre de la beneficencia, las mujeres violadas sufrirán el estigma del asalto y el rechazo que padecen los hijos alumbrados: a los menores reclutados se les robó la infancia”).

Pues bien, los diamantes en bruto que se obtenían a través de su intercambio por armas y municiones eran los que, a la vez que enriquecían a Taylor y sus principales colaboradores, dejaban sustanciosas ganancias a respetables financieros europeos que los adquirían a través de aquel y los introducían, por Andorra y Bélgica, en el mercado de gemas de Amberes.

En España, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional sigue, a solicitud de una de las víctimas que trabajó como esclavo extrayendo diamantes, bajo la dirección letrada de Hernán Garcés Durán, el sumario PO 1/2025 contra el súbdito español Manuel Terrén Parcerisas, que viene acusado por el querellante de la comisión de crímenes de guerra.

Curiosamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, representada por Pedro Martínez Torrijos, sostiene, tras la detención de Terrén en 2024, que los hechos de los que se le acusa, que se perpetraron hasta 2003, habían prescrito.

Pretendiendo con ello que el Tribunal ignore que los delitos de guerra de que pudiera ser acusado, previstos en el artículo 609 del Código Penal español -maltrato de obra en concurso ideal heterogéneo con delito/s de asesinato u homicidio y lesiones (poner en grave peligro la vida, salud o integridad de personas protegidas o hacer objeto a estas de tratos inhumanos) traen causa del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este tratado internacional entró en vigor con carácter general y para España el 1 de julio de 2002 y cuyo artículo 29 los declara imprescriptibles).

E igualmente resulta inaudita la afirmación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que en el Derecho español solo los militares pueden cometer los crímenes de guerra de los artículos 609 a 613 del Código Penal, que son delitos con un sujeto activo abstracto.

Dislate jurídico

Esta aseveración es, como mínimo y en el mejor de los casos, un dislate jurídico y demuestra, o bien una ignorancia palmaria o un intento de excluir a Terrén Parcerisas (que, presuntamente, fue un testaferro de ciertos políticos y financieros andorranos, autores mediatos cuya identidad es posible que no se desee sacar a la luz) de su eventual responsabilidad.

El artículo 9.2 a) del Código Penal Militar español de 2015 prevé el castigo de los militares que cometan crímenes de guerra, a los que se eleva la pena en un quinto.

La continuación de la instrucción del citado procedimiento judicial, en el que, por primera vez, se investiga a un súbdito español por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (que es como se denomina en nuestro Código Penal a los crímenes de guerra) y otros crímenes internacionales pudiera aflorar una oscura trama existente en Andorra para canalizar los diamantes de sangre al circuito legal del mercado europeo.

A la vez que se suministraban fondos para adquirir armas a los miembros del FRU para poder así continuar su esfuerzo bélico y las atrocidades contra la población civil sierraleonesa, obteniendo a cambio fabulosos beneficios (en tan solo tres meses llegaron a ingresar entre 8 y 15 millones de euros).

Presuntamente, la mercantil andorrana Orfund Group y DiAndorra pueden estar en el centro de estas operaciones, controlando filiales con sede en Monrovia, capital de Liberia, que dependían de Francis Menwon, hermano del vicepresidente de Taylor, quien comandaba un grupo de paramilitares.

A través de la sociedad belga Cindam Belgium los diamantes seintroducían, ya lavados de la sangre que los ensuciaba, en el aséptico mercado europeo.

Altos cargos del gobierno de Taylor viajaron a Andorra (entre ellos, Jenkins Dumbar, ministro de Minas de Liberia) invitados por Orfund Group.
Entre 1996 y 2000 el súbdito andorrano Jordi Cinca fue director de Orfund Group y directivo del Crèdit Andorrà. Su nombre está bajo la lupa judicial, entre otros ex cargos políticos andorranos.

Los copríncipes de Andorra, uno de ellos obispo de Urgell, no deben mirar para otro lado en un caso de semejante inhumanidad.

Es muy posible que Jordi Cinca pronto tenga que desfilar ante la Audiencia Nacional para declarar en la causa de los diamantes de sangre. ¿Se lucró de esta siniestra trama desde Andorra? Un tribunal español acaba de decir que la causa no está prescrita y que siga la investigación judicial.

Como suele ser habitual en Andorra este prócer pirenaico combina en su currículo la dedicación a las finanzas y a la política. Fue portavoz del Gobierno andorrano entre 1990 y 1993 y de nuevo desde 2015, fue ministro de Finanzas entre 2011 y 2019.

Y, además, ahora ostenta la dirección del grupo Giraffe y la Presidencia de la Comisión que gestiona el Fondo de Pensiones de Andorra, tras haber liquidado en Panamá (otro refugio fiscal) la empresa Mariette, una vez caído Taylor.

Rendir cuentas

Tal vez, en el idílico país de los Pirineos ciertos respetables políticos y financieros debieran tener que rendir cuentas antes los tribunales y ante una opinión pública europea que abomina de la violencia y la corrupción y que ha de exigir a la UE que controle estrechamente este refugio fiscal cuya prosperidad puede, en parte, estar manchada con la sangre del genocidio.

Para ello, las declaraciones del español Manuel Terrén (que, pese a la gravedad de los delitos que se le imputan, se encuentra en libertad provisional) y su eventual colaboración con la Fiscalía (si esta se implica en serio en el asunto y no trata de echarle tierra encima, como hasta ahora) pueden ayudar a hace justicia. Tardía, pero justicia.

Los copríncipes andorranos, tanto el pío mitrado Josep-Lluís Serrano Pentinat, como el siempre aparentemente beligerante en defensa de los derechos humanos Emmanuel Macron, pueden exigir a las autoridades del Principado la debida diligencia en la investigación y depuración de estos execrables hechos, a fin de hacer honor a su lema como país (“la virtud es más fuerte unida»).