Una juez de Andorra insiste en investigar a Rajoy por extorsión y coacciones a la BPA, el banco más rentable de Europa y hoy una ruina

Fuentes informadas reproduce los audios de la ‘policía patriótica’ con los delictivos manejos que condujeron a la intervención de la entidad

La juez de Andorra Stéphanie Garcia no está satisfecha con la respuesta que dio España a su intención de investigar al expresidente Mariano Rajoy, sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, así como contra altos cargos de la policía española, con la finalidad de que expliquen el impacto en el Principado de la llamada Operación Cataluña contra el independentismo.

La juez envió una comisión rogatoria a España en este sentido, pero la Audiencia de Madrid la denegó al entender que no estaba suficientemente motivada.

Stéphanie Garcia ha vuelto a la carga y ha enviado otra comisión rogatoria todavía más motivada que la hizo en 2022 y pide que se le permita realizar sus pesquisas. Basándose en que se ha producido un grave daño contra intereses de Andorra y, por ende, sus accionistas.

Es decir, si hubo coacciones y presiones por parte del Gobierno de España que determinaron la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), en ese momento el banco más rentable de Europa. Y, en cambio, hoy, tras la intervención, tiene un agujero que ronda los 500 millones de euros.

FUENTES INFORMADAS les ofrece varios audios, al comienzo de esta información, en los que se ve claramente cómo algunos de los más relevantes funcionarios policiales de esa época, Eugenio Pino y Martín Blas, se conciertan para, utilizando a la agencia antiblanqueo de capitales de EE UU, el llamado FInCen, propiciar finalmente la intervención de la BPA.

En los audios se escuchan los amaños de Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la policía española, de Eugenio Pino, máximo jefe de la policía española, y al comisario José Manuel Villarejo, para atacar y destruir a la BPA.

Pujol y Junqueras

Aparte de lo que se escucha en esos audios, el comisario José Manuel Villarejo explicó hace tiempo a este periódico que existieron órdenes del Gobierno para atacar ante EE UU a la BPA, con mentiras y engaños, todo ello con la finalidad de destruir a la entidad porque creían que Jordi Pujol y Oriol Junqueras, entre otros secesionistas, tenían cuentas en ella y los directivos del banco se negaban a facilitárselas. Era mentira.

En realidad, las cuentas de los secesionistas catalanes estaban en el AndBank, la entidad rival, pero desde el Ministerio de Interior y de la cúpula policial española se dieron instrucciones para que la investigación se centrase en la BPA y no en el AndBank, donde sí había cuentas de los independentistas.

Villarejo, en concreto, descubrió en el AndBank varios cientos de cuentas de secesionistas catalanes, pero le dijeron que se olvidara de indagar en ese banco puesto que en él existía una cuenta del rey emérito Juan Carlos. Y querían que eso «no aflorara y que se tapara», según el comisario. Y así sucedió, contra el criterio del comisario.

Es decir, la orden fue investigar y destruir a la BPA, no al AndBank. Y para ello se utilizaron todo tipo de tropelías contra ella ante el FinCen de EE UU para que este organismo, en base a la información facilitada por la llamada policía patriótica y por un teniente de la Guardia Civil de la órbita del fiscal Anticorrupción José Grinda, incitar y engañar a este organismo antiblanqueo americano, a hacer una nota de advertencia sobre un supuesto delito de blanqueo de capitales en la BPA.

El Gobierno de Andorra, para contentar a EE UU, decidió junto con España (donde la BPA tenía su filial del Banco de Madrid) intervenir la entidad, que desde entonces no levanta cabeza tras haber sido el banco más solvente de Europa. Hoy, bajo la batuta del Gobierno andorrano, desde hace siete años, está próxima a la bancarrota. Un agujero de 500 millones.

Tras esta grave aberración, el lnstitut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, ex máximo accionista de la BPA, interpusieron querellas en los juzgados de Andorra contra Rajoy, los citados ministros, el de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y contra la cúpula policial española de la época.

En las querellas se responsabiliza al ministro del Interior de dar órdenes a la policía patriota para atacar a la BPA (hay audios muy elocuentes en este sentido) y al de Hacienda de propiciar la intervención del banco. Y todo porque, según ellos, la BPA se negaba a facilitarle las cuentas de los secesionistas catalanes.

Pero estas, en realidad, estaban en el AndBank, al que no se le tocó por varios motivos: porque el rey Emérito tenía una cuenta allí que había que tapar y por las llamadas puertas giratorias, que desde siempre ha tenido el AndBank con políticos del Principado.

El Gobierno de Andorra entregó la cabeza de la BPA y protegió al Andbank.

Todo esto es lo que quiere investigar la juez Garcia, tras admitir a trámite las citadas querellas. Ya lo intentó hace varios años, en 2022, pero la Audiencia de Madrid rechazó que pudiera interrogar a Rajoy y a los demás imputados españoles alegando que la petición era muy lacónica y sin motivar.

Información complementaria

La juez Garcia, al reactivar ahora la investigación, ha enviado a España informaciones complementaria para convencer a los jueces de que debe investigar a los citados políticos y policías porque entiende que se ha cometido una tropelía, tanto desde España como desde Andorra, en la intervención de la BPA.

La Audiencia de Madrid consideró que la primera comisión rogatoria (el documento de solicitud de cooperación judicial entre países) no concretaba una exposición sumaria de los hechos y tampoco una descripción individualizada de los hechos que se imputaban a los exmandatarios españoles.

Interrogatorios

La juez ha acordado citar el próximo 4 de noviembre, como testigos, al excomisario José Manuel Villarejo, y al abogado José María Fuster Fabra, y ha pedido que se le informe de sus domicilios.

Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad y número dos del ministerio de Interior cuando estaba encabezado por el ministro popular Jorge Fernández Díaz, aseguró en una carta que le envió al presidente de Andorra, Xavier Espot, que el Gobierno del Principado facilitó información falsa sobre la BPA.

O, al menos, «errónea, siendo indulgentes», como lo califica Martínez. Y que ello pudo coadyuvar a la intervención.

Esta misiva también la envió Martínez al juzgado de Garcia, el que investiga al expresidente Rajoy y a varios de sus ministros por coacciones a la BPA y a la soberanía del principado a través de la llamada policía patriótica.

En la carta, Martínez se defiende de las imputaciones que hay sobre él y niega que el Gobierno de España urdiese un plan junto a Andorra para acabar con la BPA.

La «errónea» información fue facilitada por España y Andorra al FinCen norteamericano -el organismo anticrimen bancario- y este hizo una nota fechada el 10 de marzo de 2015 de la que se valió el Gobierno andorrano para decomisar la BPA.

La consecuencia de esta falsa información es que el Gobierno del Principado de Andorra se quedó con la gestión de la BPA y logró que una entidad que entonces pasaba por ser la más rentable de Europa esté sumida hoy en el cieno.

Martínez reconoce en su carta que existía un alto nivel de cooperación e intercambio de información entre la UIFAND, la inteligencia económica y financiera andorrana, y el Servicio de Prevención de Capitales, su equivalente en España, el llamado SEPBLAC.

Pero insiste en que en este caso fue Andorra la que proporcionó casi toda la información errática a España que luego acabó en el FinCen.

«La secuencia, por tanto, no es que España facilite información financiera al FinCen con aviesas intenciones», argumenta Martínez, «sino, muy al contrario, que la UIFAND y el SEPBLAC comparten [información] de inteligencia que, en el marco de la cooperación imprescindible en esta materia, la ponen a disposición del FinCen, que fue el que emitió la nota de 10 de marzo de 2015 desencadenante directo de la intervención de la BPA y del Banco de Madrid».

Pero la información que se le facilitó era falsa. El FinCen, al enterarse de la intervención, comentó que su nota en ningún caso indicaba la necesidad de una intervención. Pero ya era demasiado tarde. El Gobierno de Andorra actuó casi inmediatamente. Pero solo contra la BPA.

El objetivo de la investigación judicial contra Rajoy es investigar a fondo las supuestas coacciones, entre otros delitos, de que fueron objeto los dueños del banco por parte de la policía patriótica para que les facilitasen unas cuentas, las de los líderes del procés, que en realidad no estaban en este banco, sino en la banca rival, Andbank. Uno de los audios hace referencia a las coacciones al CEO de la BPA.

Los audios de la ‘Operación Cataluña’ en Andorra, en poder de Fuentes Informadas, el periódico que los destapó, dejan entrever una trama que supuestamente habría tejido entre 2012 y 2016 el Gobierno español.