Una cúpula fiscal dividida debate hoy los criterios sobre la aplicación de la amnistía

18 de junio de 2024
3 minutos de lectura
La cúpula fiscal debate cómo aplicar la amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el centro de la polémica/M. Dylan - Europa Press

La Junta de Fiscales escuchará a los fiscales del ‘procés’ y al fiscal general, que podrá hacer valer su postura y borrar todos los delitos, incluida la malversación, como pide el Gobierno

Será una de las reuniones más tensas y trascendentes de la Junta de Fiscales, que se reúne hoy para analizar los criterios para aplicar la ley de amnistía. La sesión se celebra en plena confrontación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y los fiscales del procés, que se niegan a seguir sus directrices y aplicar la amnistía a los casos de malversación, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La diferencia de criterios parte de que García Ortiz defiende que, tras la entrada en vigor de la ley, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.

“Improcedente” amnistiar la malversación del ‘procés

Por su parte, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena consideran que es “improcedente” amnistiar la malversación del ‘procés’ que se le atribuye a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los condenados.

Los cuatro entienden que todos tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE, lo que -según la propia ley- excluye dichas conductas de ser amnistiadas. Consideran que es “indudable” que Puigdemont y el resto de encausados “sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España”.

Perjuicio patrimonial y enriquecimiento personal

García Ortiz insiste en que la malversación del ‘procés’ se puede amnistiar porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. El fiscal general y los cuatro fiscales del Supremo coinciden en que es viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press prevén que sea un debate “ajustado” y avisan de que se centrará en analizar las dos posturas planteadas de cara a dar respuesta al juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, quien dio cinco días al Ministerio Público y al resto de partes para pronunciarse sobre la aplicación de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la semana pasada.

Según dichas fuentes, la Junta de Fiscales no abordará en esta ocasión los debates relativos a otras causas amnistiables, como la de terrorismo que se investiga por ‘Tsunami Democràtic’ o la del presunto desvío de fondos para el 1-O y la acción exterior del Govern pendiente de sentencia en el Tribunal de Cuentas después de que la consejera delegada preguntase a las partes si debe presentar o no una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

37 fiscales convocados

La cúpula de la Fiscalía estudiará la postura del fiscal general y de los fiscales del ‘procés’ después de que estos cuatro avisaran en su informe de que si el jefe del Ministerio Público estaba a favor de aplicar la amnistía debía plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo.

El fiscal general así lo hizo. Emitió un informe en el que defendió que los argumentos ofrecidos por los cuatro fiscales eran “insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación”. Así las cosas, convocó a los 37 fiscales que -junto a él- integran la Junta para este martes, a las 9.30 horas.

De los 37 convocados, 17 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra. Otros 9 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluido el exmagistrado del Constitucional Antonio Narváez.

Los 11 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón o su antecesor Manuel Moix. No obstante, fuentes fiscales consultadas recuerdan que los miembros de la Junta no siempre votan en bloque o siguen el criterio de sus compañeros de asociación.

Los fiscales del procés avisan

Con todo, dichas fuentes subrayan que la Junta -que se celebra a puerta cerrada- tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, García Ortiz podrá ratificarse en su decisión sin obligación de apegarse a la postura de la mayoría.

Los fiscales del ‘procés’ ya avisaron de que si García Ortiz –tras la Junta de Fiscales– hacía valer su criterio de que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.

No obstante, cabe recordar que serán los tribunales -en este caso el juez Llarena- los que determinen cómo se aplicará la ley de amnistía a los posibles beneficiados tras escuchar a la Fiscalía, a las defensas y al resto de partes. Su criterio puede coincidir o no con el del Ministerio Público.

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