El expresidente español y dos de sus ministros tendrán que declarar como imputados de siete delitos ante la juez García
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la paralización de la comisión rogatoria cursada ante España por la juez de Andorra que investiga las coacciones, entre otros delitos, a las que fue sometida la Banca Privada de Andorra (BPA) por la llamada policía patriótica española bajo el auspicio de la Operación Cataluña contra el independentismo. La titular del Juzgado número 2 de Andorra, Stephanie García García, envió una comisión rogatoria a España para interrogar como imputados al expresidente Mariano Rajoy, a varios de sus ministros, entre ellos los de Economía e Interior, y a miembros de la cúpula policial española.
Pero Rajoy interpuso un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidiendo como medida cautelar que paralizase el intento de la citada juez de llamarle a la declarar por siete delitos al entender que vulneraba derechos fundamentales. Lo que ha hecho ahora la sección sexta de lo contencioso del citado tribunal madrileño es avalar la intención de la juez García de tomar declaración como imputado a Rajoy y los otros investigados para que explique la intervención de él mismo y del Gobierno español en la caída bajo amenazas de la Banca Privada de Andorra.
La BPA era posiblemente la banca más solvente de Europa y fue intervenida por las mentiras y bulos relativos a falsos blanqueos de capitales vertidos sobre ella ante el FinCen de EE.UU (organismo que investiga delitos bancarios) por agentes policiales españoles, en venganza porque los dueños de la entidad, los hermanos Cierco, se negaron a facilitarles las cuentas de la familia Pujol y de otros altos cargos del Gobierno catalán como arma para dinamitar el proceso secesionista.
En realidad, en la BPA no existían las cuentas que le reclamaba bajo coacción la policía patriótica, sino que estas estaban en el banco rival, el AndBank, aunque, curiosamente, los agentes españoles focalizaron sus amenazas sobre la BPA y dejaron de lado sus pesquisas sobre el AndBank por orden de sus superiores del Ministerio del Interior español. Estos dijeron a los agentes que no investigases al AndBank debido a que tenían la sospecha, luego confirmada, de que en esta última entidad existía una cuenta del rey emérito Juan Carlos.
El FinCen hizo una nota, sin mencionar a ningún banco en concreto, poniendo de relieve que en Andorra existía banqueo de capitales. Pero hizo esa nota basándose en los bulos que un guardia civil y la policía patriótica española (comandada, entre otros, por el exjefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas) transmitieron a sus colegas del FBI y la CIA, y estos, al FinCen. Todo era mentira, pero ello llevó al Gobierno del Principado a intervenir la BPA y al de Rajoy a hacer lo mismo con la sucursal que esta entidad tenía en Madrid, en concreto el extinto Banco de Madrid.
El gobierno de Andorra entregó la cabeza de la BPA
El Gobierno de Andorra, para calmar al FinCen, entregó la cabeza de la BPA, y obvió al AndBank, donde sí había cuentas de independentistas. Y lo hizo así por las conexiones políticas entre el AndBank y dirigentes políticos del Principado que trabajaron para el Andbank, mientras que los accionistas mayoritarios de la BPA, nacidos en Andorra, son la segunda generación de una familia española que emigró allí e hizo fortuna en el Principado.
Los accionistas de esta entidad reclaman ahora en los tribunales tanto a España como a Andorra 640 millones de euros por los daños y perjuicios causados a una entidad que ha sido absuelta de las causas abiertas contra ella en España por el mendaz blanqueo que se le atribuyó. Resultado: de ser una de las bancas más solventes de Europa, en la actualidad, tras la intervención de la entidad por parte del Gobierno de Andorra, la misma presenta un agujero de unos 500 millones. Es decir, tras varios años de gestión pública en Andorra de la BPA, la entidad está en la ruina.
La juez de Andorra atribuye a Rajoy un delito de “coacciones de órganos constitucionales”, que pena a quienes mediante “intimidación” traten de “influir” en el Gobierno de Andorra para que “adopte una decisión” determinada.
El Tribunal Superior de Madrid entiende que la petición de Rajoy “se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes” para impedir que se le notifique la imputación de la juez de Andorra, y que, por el contrario, “resulta evidente que hay suficientes motivos para no acceder a lo pedido” por el expresidente español. Los magistrados destacan que el aceptar la ejecución de una comisión rogatoria “no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso”. En estos términos se manifestó igualmente la fiscalía española., que el pasado 26 de octubre mostró su oposición al creer que el argumento de Rajoy de que se habían vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria, lo que “realmente” encubría era un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.
La Fiscalía consideró que la maniobra de dilación de Rajoy encubre “realmente un juicio sobre la actuación del juzgado de Madrid y de la sección de la Audiencia Provincial”, que ya rechazaron suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria por la vía penal.