La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares llevará a cabo este miércoles a las 09:30 horas el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una de sus hijas, mostrar material pornográfico a otro de sus hijos, y de maltrato general hacia sus tres hijos, todos menores de edad.
Según la acusación fiscal, el procesado convivía desde 2014 hasta agosto de 2020 con sus tres hijos menores en un domicilio en Ecuador, todos ellos de nacionalidad española.
En una fecha aproximada a mayo de 2015, cuando una de las niñas tenía diez años, el acusado propuso a su hija que durmiera con él. Mientras estaban en la cama y la menor comenzaba a dormirse, el padre le realizó tocamientos. Tras el incidente, amenazó a la niña para que guardara silencio.
Asimismo, cuando otro de sus hijos tenía siete u ocho años, el procesado le puso un vídeo en el que se veía a dos mujeres desnudándose y manteniendo relaciones sexuales. Igualmente, le dijo al menor que no contara nada al respecto.
El fiscal también indica que durante la convivencia en Ecuador, el acusado sometió a sus hijos a un trato humillante y vejatorio, incluyendo insultos y agresiones físicas, como golpes y empujones. Las víctimas menores recibieron tratamiento psicológico especializado debido a las secuelas del abuso.
La madre presentó una denuncia por estos hechos en agosto de 2020, que inicialmente fue archivada por falta de requisitos formales. Sin embargo, en septiembre del mismo año, la Fiscalía presentó una querella, lo que llevó a la reapertura del caso.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Inca dictaminó la prohibición de comunicación o aproximación del padre hacia una de las hijas, otorgando la custodia de los tres menores a la madre.
El Ministerio Público solicita penas que suman diez años de prisión, libertad vigilada por ocho años, la privación de la patria potestad, inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores durante cinco años y órdenes de alejamiento por más de tres años. Además, se pide una indemnización total de 15.000 euros a favor de las víctimas como responsabilidad civil.