El Supremo anula el cálculo del rescate de las radiales R-3 y R-5

La justicia obliga al Gobierno a rehacer la indemnización y cerrar definitivamente el pago a las concesionarias de las autopistas que quebraron en la crisis

El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el cálculo realizado por el Gobierno sobre el rescate de una de las autopistas quebradas durante la crisis financiera de 2008 y le insta a rehacerlo para cerrar definitivamente las indemnizaciones.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso, fechada el 28 de enero de 2026, invalida la última resolución sobre las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, que fijaba un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.

Este era el segundo cálculo del Ejecutivo y ya suponía un aumento de 451 millones respecto al inicial, tras anteriores fallos del Supremo que anularon la fórmula aplicada por no ajustarse a derecho.

Un cálculo definitivo pendiente

En esta ocasión, el alto tribunal no entra en la cuantía económica, sino en la necesidad de que el Gobierno dicte ya una resolución definitiva y abone lo adeudado, evitando más retrasos en el proceso.

En 2019, el Ejecutivo aprobó un plan para ordenar las indemnizaciones a las concesionarias quebradas, tras asumir el Estado la gestión de las autopistas. El sistema preveía tres resoluciones por concesión —inicial, complementaria y definitiva— con un plazo máximo de seis meses entre cada una.

Sin embargo, de las nueve autopistas afectadas, solo una ha alcanzado esa resolución final en casi siete años, lo que ha provocado nuevos pronunciamientos judiciales para evitar más dilaciones.

Las radiales de Madrid

Las R-3 y R-5 formaban parte de una única concesión adjudicada en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para 50 años. Entraron en servicio en 2004, pero en 2012 entraron en concurso de acreedores, pasando la deuda a fondos que buscan recuperar la inversión mediante indemnizaciones estatales.

Hasta ahora, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto un coste provisional de 1.684 millones de euros para el Estado. Entre los pagos ya realizados figuran 134 millones por la R-4, 319 millones por la A-36, 41 millones por la A-41, 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones por la AP-7 Alicante y 46 millones por la M-12, mientras que la R-2 sigue sin indemnización provisional.

La nueva sentencia busca acelerar el cierre definitivo de un proceso que acumula años de retrasos desde el rescate de las autopistas quebradas tras la crisis.