Es la tercera a la que se ha enfrentado el Ejecutivo de Élisabeth Borne, después de las presentadas tanto por la izquierda como por la extrema derecha
Entre abucheos y silbidos. Así ha logrado sortear la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, la última moción de censura presentada contra su Gobierno por la izquierda. La votación se ha saldado con 239 diputados favorables a la destitución de la premier, a tan solo 50 de obtener la mayoría absoluta.
La propuesta de moción fue tramitada después de que el Ejecutivo, conocedor de su falta de respaldo parlamentario, recurriera a un mecanismo constitucional para aprobar los presupuestos de 2023, eludiendo así el procedimiento de votación ordinaria.
La otra moción impulsada desde la izquierda, con un menor número de partidarios, estuvo relacionada con la negativa de Borne a someterse a una moción de confianza para la que no contaba con la mayoría necesaria de la cámara.
De forma similar, la tercera, auspiciada por la ultraderecha de Marine Le Pen, se produjo cuando la jefa del Gobierno decidió forzar la adopción de las cuentas de Seguridad Social sin pasar antes por la votación pertinente.
Si los de Borne han logrado apartarse de estos tres dardos ha sido gracias al grupo moderado Los Republicanos, una coalición sumida en una debacle perpetua desde la caída de su última candidata, Valérie Pécresse. Su apoyo al Ejecutivo es, a día de hoy, el único clavo ardiendo al que pueden aferrarse para conservar su vida política.
La inestabilidad manifiesta
La premier se mueve en el alambre gracias a una inestabilidad manifiesta sostenida por una mayoría precaria. Concienste de la coyuntura, Le Pen instó esta semana a los diputados a que dejaran a un lado las diferencias ideológicas y lucharan por obligar a Borne a presentar su dimisión.
La primera ministra se ha defendido de los ataques de la oposición alegando que “su único punto en común es que buscan el fracaso del Gobierno” y tratan de propiciar “la inestabilidad a costa, incluso, de diluir sus diferencias ideológicas”.
La amarga victoria del Ejecutivo ha coincidido en el tiempo con el asesinato de Lola, la pequeña de 12 años brutalmente asesinada el pasado 14 de octubre que ha despertado la polémica en el espectro político por encerrar el tema subyacente de la inmigración ilegal.