ESTHER SHABOT
Hace poco más de 10 días fue arrestado el popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, bajo acusaciones de corrupción y actividades terroristas, quedando así fuera de su cargo. Aun cuando días después el fiscal le retiró la acusación de terrorismo, sigue preso hasta el momento, por lo cual enormes manifestaciones de descontento ciudadano se desataron a partir de entonces. Quienes protestan sostienen que se trata de una más de las jugadas del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien, como buen populista enamorado del poder, pretende deshacerse del candidato de oposición más competitivo de cara a las elecciones de 2028. Imamoglu pertenece al Partido Republicano del Pueblo, que en las últimas elecciones logró arrebatarle al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, varias posiciones clave dentro del país, como lo es la rectoría de la importante ciudad de Estambul.
El presidente turco, como es sabido, no se tienta el corazón para reprimir a la disidencia. En los primeros días tras la destitución de Imamoglu, las fuerzas del orden habían aprehendido a mil 133 personas, entre ellas a 13 periodistas que cubrían los acontecimientos. A pesar de la brutal represión continúan las protestas, alimentando así la volatilidad económica en el país. En cuanto las manifestaciones arreciaron, la lira se devaluó a niveles alarmantes de 42 por dólar, mientras los mercados financieros registraron un desplome no visto desde 2008. Las autoridades gastaron cerca de nueve billones de dólares para tratar de estabilizar la lira en medio de ventas de pánico de los inversionistas, y el ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek, declaró que no se apartará de la ortodoxia fiscal con la que el país se comprometió en 2023.
Sin embargo, la crisis interna de Turquía parece no estar teniendo repercusiones en la relación con Washington, en la medida en que la destitución y aprehensión de Imamoglu y la de cientos de manifestantes, a los que de seguro no se les respetarán sus derechos humanos, no son una preocupación de peso para la administración del presidente Trump. A pesar de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, expresó su desacuerdo con el arresto del alcalde de Estambul, el martes pasado viajó a Washington el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, con objeto de tratar asuntos de cooperación en defensa y contraterrorismo, lo mismo que sobre el manejo que se dará al caso de Siria, país con el que Turquía está fuertemente involucrado al tener ahí presencia militar e intereses políticos. De hecho, Erdogan tuvo una comunicación telefónica con Trump el 16 de marzo para acordar una visita a EU a fin de gestionar, entre otros temas, la adquisición de la nueva generación de jets de combate F-35.
¿Qué pasará con Imamoglu? Muy probablemente Erdogan se saldrá con la suya al eliminar de la vida política turca a quien podría ser un competidor serio en el futuro próximo para el puesto presidencial. Tenemos ejemplos históricos de cómo mandatarios populistas y autócratas se han deshecho de sus rivales políticos maquiavélicamente con el fin de perpetuarse en el poder. Uno de los casos más recientes fue el de Alexei Navalni, quien fue perseguido con saña por el régimen de Putin y terminó asesinado misteriosamente durante su encarcelamiento.
Tal vez el destino de Imamoglu no llegue a ser tan ominoso, pero como lo expresa la corresponsal y analista de Al-Monitor, Amberin Zaman: “Probablemente Imamoglu será en algún momento liberado, pero sustituido por un gobernador-administrador escogido a modo, para así reemplazarlo como alcalde, poniendo fin a sus aspiraciones presidenciales, e incluso a su carrera política”.
La manera como Erdogan, en calidad de político populista autoritario ha conseguido mantenerse en el poder por casi un cuarto de siglo, en cierto modo ha generado una especie de “manual” que ilustra cómo se pueden perpetuar determinados partidos políticos y los dictadores que los comandan. Por desgracia, esa receta tiene cada vez más difusión en el mundo, con el consecuente resultado negativo para la sobrevivencia del modelo democrático liberal que permite, a pesar de sus defectos, garantizar libertades y derechos sociales e individuales, que actualmente están siendo amenazados e incluso suprimidos cada vez con más frecuencia.
*Por su interés, reproducimos este artículo de Esther Shabot publicado en Excelsior.