Una semana después de los disturbios, los tribunales despachan juicios rápidos en cadena y llegan las primeras condenas a prisión.
Lo que se inició como una protesta contra la subida del precio de los carburantes terminó como una de las peores jornadas de violencia urbana de la Francia reciente. Y los que vivieron aquello como una aventura callejera han acabado, una semana después, en lágrimas ante los jueces.
En el juzgado de París, varios de los procesados por los disturbios del día 17 se han derrumbado al escuchar las penas que pedía la fiscalía y las que les imponía el tribunal. Algunos han salido directamente hacia la cárcel.
El detonante de las protestas fue el encarecimiento del combustible, que devolvió a la calle a los chalecos amarillos casi ocho años después de su primera movilización.
Se sumaron la CGT, Solidaires y la Confédération paysanne, junto a los estudiantes de instituto que protestaban bajo el lema «Jaunes et jeunes» contra el proyecto de presupuestos de 2027, que prevé congelar las prestaciones sociales y los sueldos de los funcionarios. El Ministerio del Interior cifró la participación en 550.000 manifestantes; los organizadores, en 800.000.
La marcha degeneró eno saqueos en el centro de París, Lyon, Marsella, Burdeos o Ruán. Más de 3.000 comercios resultaron afectados. En Lyon, los alborotadores prendieron fuego a la oficina de turismo de la plaza Bellecour.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, admitió una «pérdida de control» en las grandes ciudades pese a haber desplegado 60.000 policías y gendarmes, una expresión que Emmanuel Macron rechazó el lunes 19 de octubre. El presidente, en un mensaje a la nación el domingo, advirtió de que quienes saquearon tendrán que pagar y prometió una respuesta judicial firme.
El Gobierno de Sébastien Lecornu ordenó toques de queda localizados. En París afectaron a la plaza de la République y al barrio de Les Halles, de 23:00 a 6:00, y también se aplicaron en Lyon, Niza, Lille y Douai.
La factura no está cerrada. El laboratorio de ideas iFRAP ha calculado, en su hipótesis más alta, unos 1.100 millones de euros, de los que unos 800 millones corresponderían a reparaciones que asumirían comerciantes, familias, ayuntamientos y el Estado. France Assureurs amplió en 30 días el plazo para declarar los daños.
La respuesta judicial ha sido inmediata. Solo el día 17 quedaron bajo custodia policial 2.513 personas y, para absorber la avalancha, el juzgado de París abrió cuatro salas de comparecencia inmediata a la vez, con filtro en la entrada. Solo en la capital hubo 855 detenidos.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha hecho de la firmeza su bandera. Según sus datos, se han practicado 2.700 detenciones y los tribunales han ordenado el ingreso en prisión de 217 personas. Darmanin resaltó que la mayoría de los encarcelados no tenían antecedentes y que se trata, en general, de varones de entre 18 y 25 años, lo que a su juicio demuestra que las decisiones «se han aplicado de forma firme».
Las lágrimas han estado presentes en las salas. Youssef, un joven tunecino, rompió a llorar desconsoladamente cuando el fiscal, que temía que huyera a Túnez porque su permiso de residencia caducaba el 21 de octubre, pidió su prisión provisional. Esa misma noche durmió en la cárcel. En Ruán, un acusado de saqueo se justificó con los ojos llorosos alegando que no se puede vivir de una nómina.
Entre los primeros condenados en París figuran dos jóvenes de Auxerre, Mathilde B., de 19 años, y François D., de 20. Fueron interceptados a media mañana en la Bastilla y la policía halló en su mochila un puño americano y una navaja automática. Los investigadores incorporaron conversaciones en las que hablaban de «guerra de guerrillas» y de golpear a los antidisturbios. La fiscalía pidió siete meses de cárcel efectiva para ambos. Ella fue condenada a cinco meses con suspensión de la pena; él, a ocho meses.
Otro caso que llamó la atención fue el de un antiguo bombero voluntario de 21 años, sin antecedentes, detenido en la Bastilla con material para fabricar cócteles molotov.
Alegó que había viajado a París para festejar su cumpleaños; los agentes le encontraron botellas de vidrio, trapos y un mechero, lo que la fiscalía describió como «el kit perfecto».
La presidencia del tribunal no ocultó su incredulidad y lo condenó a ocho meses, seis de ellos suspendidos, con ingreso inmediato en prisión para cumplir los otros dos.
Souleymane, marfileño de 19 años, sin residencia legal en Francia y con tres condenas previas, fue detenido tras irrumpir presuntamente en una tienda e intentar robar una moto: ocho meses de cárcel e ingreso en prisión.
No todos han salido hacia la cárcel. Un alumno de audiovisual y un aprendiz de jefe de obra fueron condenados a seis y diez meses, respectivamente, con suspensión de la pena, salvados por su historial limpio. Un balance de Europe 1 sobre una treintena de sentencias revela que solo hubo ocho penas de prisión efectiva, mientras que en París se ha juzgado ya a unas 300 personas desde el lunes. Algunos expedientes han tenido que archivarse por irregularidades.