Hoy Pedro Sánchez pide el voto con su exministro Ábalos condenado, su ex número tres investigado, su fiscal general inhabilitado, su mujer camino del banquillo, su hermano inhabilitado, su mentor explicando un millón en joyas y un país con trenes que descarrilan, una vivienda inalcanzable y tres años sin presupuestos.
Y con Marruecos jactándose de que EE UU, si hubiera conflicto por Ceuta, estaría a su lado. Las bases de Morón y Rota pueden trasvasarse al norte de África. Trump lo ha sugerido. Nunca se había visto este panorama en España.
Pedro Sánchez no convoca elecciones: huye hacia ellas. Disolvió las Cortes nueve meses antes de tiempo, cuando Junts le dio la espalda y el Congreso tumbó hasta sus decretos de vivienda. No pide un mandato. Pide un salvoconducto. Y lo pide quien ha convertido la mentira no en un accidente de la política, sino en su forma de gobernar.
Lo que sigue no es un juicio de intenciones: es la hemeroteca, las sentencias y los datos.
«Con Bildu no vamos a pactar», «si quiere se lo digo cinco veces o veinte». Bildu ha sido su socio de investidura y de legislatura, y el PSOE le regaló la alcaldía de Pamplona.
Podemos. Dijo que no podría dormir con Podemos en el Gobierno. Semanas después, Pablo Iglesias era su vicepresidente.
Puigdemont. Prometió traerlo ante la justicia. Acabó negociando con él en el extranjero, con un mediador internacional, como si España fuera un Estado en guerra.
El referéndum ilegal. En la campaña de 2019 prometió tipificarlo como delito para convencer de que no tenía hipotecas con el independentismo. El Gobierno renunció a hacerlo.
La sedición. Prometió endurecerla. La derogó y rebajó la malversación en una reforma pactada con ERC que permitía habilitar a Junqueras y beneficiaba a una treintena de cargos republicanos. En Ceuta se ha cometido un delito de sedición, pero Sánchez la quitó del Código Penal.
Los indultos. En 2014 pedía acabar con los indultos políticos. Tras la sentencia del procés exigió el cumplimiento íntegro de las penas. En 2021 indultó a los condenados con el informe en contra del Supremo.
La corrupción no se indulta. Llegó a proponer prohibir por ley el indulto a corruptos. Este verano indultó a Laura Borràs, condenada por fraccionar contratos.
La amnistía. Su partido la consideraba inconstitucional en 2021. En 2023 fue el precio de su investidura.
Los presupuestos. En 2018 exigió a Rajoy que convocara elecciones por no sacar adelante las cuentas. Él no ha presentado los de 2024, 2025 ni 2026, pese a que la Constitución le obliga, y España sigue con las cuentas de 2023 prorrogadas. Nunca ha accedido a hacer un debate sobre el estado de la nación.
Impuestos. Jamás España había sufrido tanta presión fiscal. Están por las nubes. Saca impuestos de todos lados y la recaudación va de récord en récord. Y lo peor, la deuda pública sube y sube y es descomunal, casi 1,8 billones.
El comité de expertos fantasma. En plena pandemia decidía qué regiones salían del confinamiento en nombre de un comité de expertos cuyos nombres ocultaba. Después, Sanidad reconoció ante Transparencia que no existía ningún comité de expertos que decidiera las fases, y Salvador Illa admitió que las decidía él.
Delcy Rodríguez. Su ministro Ábalos recibió en Barajas a la vicepresidenta venezolana, que tenía prohibida la entrada en la UE. El Gobierno pasó de negar cualquier reunión a hablar de un encuentro casual y luego de 25 minutos de conversación. La UCO ha aportado después una carta de Ábalos invitándola formalmente a España.
«Sólo sí es sí». El Gobierno negó durante meses que su ley fuera a beneficiar a agresores sexuales. Los tribunales acabaron acordando más de 1.200 rebajas de pena y 121 excarcelaciones.
No depender del independentismo. Lo prometió en cada campaña. Toda la legislatura ha colgado de siete diputados de Junts.A cambio, le ha dado miles de millones a Cataluña.
La «cacería» contra su familia. Lleva dos años vendiendo que su mujer y su hermano son víctimas de una persecución judicial. Hoy su hermano está condenado y su mujer, enviada a juicio.
Por primera vez en democracia, la esposa de un presidente en ejercicio irá a juicio.
Begoña Gómez será juzgada por un jurado por tráfico de influencias y malversación, y las acusaciones piden 13 años de cárcel.
El juez concluyó que se aprovechó de su posición como mujer del presidente para impulsar su carrera, con reuniones profesionales en la propia Moncloa y una asesora pagada con dinero público al servicio de sus negocios.
La Complutense le reclama más de 113.000 euros y el software que se llevó.
¿Y Sánchez? Cinco días de teatro «reflexionando» sobre su dimisión, un ministro de Justicia denunciando al juez, recurso tras recurso para ganar tiempo y, como broche, Begoña subida al escenario de un mitin en Fuenlabrada.
Es la exhibición de quien cree que el poder lo blinda.
Su hermano, David Sánchez, está condenado a nueve años de inhabilitación porque la Diputación de Badajoz le fabricó un puesto a la medida de sus inquietudes operísticas. El Gobierno, en lugar de acatar, salió a deslegitimar a los jueces. Siempre los jueces.
El hombre al que Sánchez entregó el partido y el ministerio de las grandes obras, José Luis Ábalos, cumplirá 24 años y tres meses de cárcel junto a Koldo García, en una sentencia firme y unánime del Supremo que lo declara parte de una organización criminal.
Su sucesor, Santos Cerdán, pasó por prisión provisional sin fianza, señalado como el cobrador de las mordidas de las constructoras. Dos secretarios de Organización seguidos, dos manos derechas del presidente, condenado uno y procesado el otro. Y el partido, investigado por el juez Pedraz, se niega esta misma semana a entregarle la lista de abogados que pagó entre 2021 y 2025.
El fiscal general que Sánchez eligió y sostuvo contra viento y marea, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados de un adversario político del presidente.
El tribunal dejó escrito que un fiscal general no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. Sánchez, tras la condena, siguió proclamando su inocencia frente al Supremo.
Zapatero, el padrino
El gran muñidor del sanchismo tiene que explicar ante un juez qué hacían en la caja fuerte de su despacho más de 60 joyas tasadas en más de 1,3 millones de euros que no figuraban en ninguna declaración patrimonial.
Dice que fueron un regalo del rey saudí. Anticorrupción tiene un testigo que asegura que fueron una mordida por el AVE a La Meca, y el juez busca saber cuándo se montaron para comprobar si el delito ha prescrito.
A eso se suma la causa por las transferencias de Focus Social Research. Es el mismo Zapatero que ejerce de mensajero con Puigdemont y de estrella de los mítines socialistas.
Bajo Sánchez se han ejecutado 382 traslados de 204 presos de ETA, 183 con delitos de sangre. Se acabó la dispersión, se cedieron las prisiones al Gobierno vasco y empezó el goteo de terceros grados, tan generoso que la Audiencia Nacional ha tenido que revocar alguno.
Sin colaboración con la justicia y sin arrepentimiento, como denuncian las víctimas. Los votos de Bildu se han pagado con la memoria de los muertos.
A Junts, la amnistía. A ERC, 17.000 millones de deuda catalana condonada, que pagarán andaluces, extremeños y castellanos, y una financiación singular que rompe la caja común. Al BNG, descuentos en sus autopistas. A Bildu, la alcaldía de Pamplona y las cárceles.
Sánchez no ha gobernado España: la ha subastado por fascículos.
Un país que no funciona
Mientras compraba votos, el Estado se le caía a pedazos.
Los trenes. En enero, el accidente de alta velocidad en Adamuz dejó 46 muertos y 126 heridos. Su ministro de Transportes había asegurado que la vía estaba en perfecto estado tras invertir 700 millones, y llegó a decir que la alta velocidad española era algo cercano a la infalibilidad.
Adif había advertido desde 2025 de al menos ocho incidencias técnicas en ese mismo tramo. La Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía si debe investigar al ministro.
Apagón total. El 28 de abril de 2025 España entera se quedó a oscuras. El Gobierno tardó 49 días en presentar un informe que repartía las culpas entre Red Eléctrica, participada por el Estado, y las eléctricas.
Nadie en el Gobierno asumió responsabilidad alguna.
La vivienda. Su gran bandera es su gran fracaso. El precio de la vivienda usada lleva 21 meses en máximos históricos, por encima del boom de 2007, con una subida anual del 18,4% en enero.
El alquiler marca récord. El Banco de España cifra el déficit en 750.000 viviendas. Ocho años después, Sánchez pide el voto para arreglar lo que no supo arreglar.
Marruecos y el Pegasus, la gran sombra
En mayo de 2021, alguien vació 2,57 gigas del móvil del presidente con Pegasus en plena crisis con Rabat. Diez meses después, Sánchez entregó el Sáhara por carta a Mohamed VI, sin pasar por el Congreso, y fue Marruecos quien lo anunció.
Nadie sabe qué había en ese teléfono. Sí sabemos lo que vino después: Argelia rompió el tratado de amistad y bloqueó el comercio, y el Gobierno sigue sin decir si ha hablado del espionaje con Rabat.
Ceuta, abandonada
Este verano, unas 80.000 personas cruzaron ilegalmente a Ceuta. Nuestros servicios de inteligencia concluyeron que Marruecos lo permitió y lo aprovechó.
Sánchez salió a defender a Marruecos. 22 Estados de la UE culparon a su regularización masiva, más de un millón de solicitudes, del efecto llamada. Los ceutíes le recibieron al grito de «Ceuta no se vende».
España, aislada
Sánchez ha enfrentado a España a la vez con Argelia, Argentina, Israel y Estados Unidos. Su desafío a Trump, convertido en munición electoral, ha llevado a Washington a amenazar con cortar todo el comercio con España, mientras el presidente estadounidense resumía que al país le falta liderazgo. Sánchez gana titulares en la izquierda europea; los exportadores, los agricultores y la industria pagan la factura.
Un exministro condenado por organización criminal. Un ex número tres procesado. Un fiscal general inhabilitado. Una esposa camino del banquillo. Un hermano inhabilitado. Un mentor explicando un millón en joyas.
Un partido que esconde sus pagos al juez. Presos de ETA en casa, el Sáhara regalado, Ceuta desbordada, España aislada, 46 muertos en un tren, un país a oscuras, una vivienda inalcanzable y tres años sin presupuestos. Y una docena larga de promesas solemnes convertidas en su contrario.
Sánchez ya no pide el voto para gobernar: lo pide para sobrevivir, para que la Moncloa siga siendo el escudo de los suyos. El 29 de noviembre, los españoles tienen que decidir si echan, o no, al más indecente y amoral presidente que ha tenido España en los últimos lustros.