Sánchez utiliza a sus adláteres Gabilondo y Pumpido para forzar ‘in extremis’ su trampa electoral de la ‘ley de nietos’, desobedeciendo al Supremo

El Defensor del Pueblo eleva al Constitucional el recurso que supone la última baza del presidente para reemplazar votos de españoles por extranjeros que ni conocen España

Pedro Sánchez escondía desde hace años un as en su manga. Lo llevaba en secreto, hasta que, para su enorme disgusto, la periodista Isabel Durán lo ha aflorado. Los votos en España caían en picado para el PSOE y alguien le dijo a Sánchez (¡hay serias dudas de que se le ocurriera a él!…) cómo podía sacar votos en el extranjero sin que nadie se enterase.

Para volver a ganar. Lo de las trampas en las urnas no le es ajeno.

Alguien le recordó a Sánchez que en la Ley de Memoria Democrática de Zapatero, por debajini, se había colado una norma que permitía nacionalizar a 2,5 millones de nietos y biznietos de hispanos emigrados a América que hubieran salido fruto del franquismo, por miedo o represalias.

Se trataba de nacionalizar, y darles el voto, a hasta 2,5 millones de extranjeros descendientes de españoles, pero ojo, debían ser represaliados, eso ponía como requisito la norma.

Solo entre Cuba y Argentina había cientos de miles de interesados. Presumía Sánchez que al ser él quien les daba la nacionalidad, le votarían a él.

Pero nacionalizar a tantísimas miles de personas en los respectivos consulados requería aumentar el personal de estos. En Cuba se externalizó ese trabajo en manos de una agencia próxima al Gobierno comunista de los Castro. Y casi igual se hizo en las otras decenas de consultados.

Hasta 600 personas ha contratado Sánchez en todos los países hispanos para que nacionalicen como rosquillas en los consulados y den la oportuna charlita ideológica a los beneficiados del pasaporte español. Han salido hasta 30 nietos en una misma familia. En Argentina han pedido la nacionalidad, hasta el momento, cerca de 600.000 personas.

Y al frente de todo el entramado de los consulados Sánchez puso a Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente.

Desarrollando la citada ley de nietos subsumida en la de Memoria Democrática, Sofía Puente dio una instrucción a los consulados en el sentido de que tramitasen todas las peticiones. Daba igual si cumplían o no los requisitos.

Alguien se dio cuenta del chanchullo (Sánchez nunca contó nada al Parlamento del aluvión de gente que estaba metiendo de tapadillo en el censo electoral, reemplazando a los españoles que no le votan), y lo comunicó a los partidos de la oposición.

VOX elevó el asunto con carácter de urgencia al Supremo. Y este prohibió cautelarmente el voto en estas elecciones a los nacionalizados de urgencia a través de la ley de nietos.

El Supremo basó su decisión, entre otras cosas, en que Sofía Puente tergiversó a conciencia la literalidad de la norma (destinada solo a los represaliados del franquismo) y abrió el abanico a casi todo el mundo. Se saltó la ley. Un juzgado la está investigando por eso.

Tras el bloqueo del Supremo (decisión que en puridad no es susceptible de recurso, pues se trata de una medida cautelar y no hay resolución firme), el presidente ha tirado de sus agradecidos adláteres: Gabilondo y Pumpido.

La medida cautelar no es recurrible

Legalmente, ni parece que haya tiempo antes de las elecciones para que el Constitucional analice este asunto, no es recurrible la medida cautelar puesta por el Tribunal Supremo.

Pero Conde-Pumpido sabe retorcer la ley. Es un maestro. Tiene mucho que agradecer a Sánchez. Le colocó a su hijo en Telefónica con un sueldo que es el cuarto en cuantía de los que paga Telefónica. Sin experiencia ni nada. Por ser vos quien sois.

Y, además, Sánchez le ha prometido que, cuando lo saque de los chanchullos que le envuelven, se podrá ir al Consejo de Estado con un enorme sueldo vitalicio.

Con chófer y todo, hasta que se muera. Así es Sánchez, manipulador de leyes de nietos, del Defensor del Pueblo, del Constitucional, donde Cándido y sus colegas progres (Montalbán, Campo y Cía, todos con carné del PSOE en la boca, tienen la mayoría de votos que les dio el PP de Casado, así es Sánchez y Pumpido permeable a lo que se le diga. Absolvió a los de los Ere y ha aprobado la amnistía a Puigdemont.

El objetivo ahora es que el Constitucional revoque al Supremo y que los nuevos nacionalizados voten en estas elecciones.

Pillada la trampa, quiere ejecutarla como sea. Las piezas ya están en marcha.

¿Qué ha pasado?

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo —exministro de Zapatero y tres veces candidato del PSOE en Madrid—, ha llevado al Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido —fiscal general del Estado con Zapatero— la suspensión del voto de 163.020 españoles nacionalizados por la ‘ley de nietos’.

Lo hizo el viernes 16 de octubre, cuatro días después de que el Supremo rechazara el recurso de la Abogacía del Estado y a seis semanas de las generales del 29 de noviembre.

La maniobra convierte a dos instituciones de control en la última baza del Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar un censo cuya limpieza ha puesto en duda la Sala Tercera. Pero el reloj juega en contra: el amparo no suspende nada por sí solo y los sobres del voto exterior empiezan a salir la próxima semana.

Un amparo a última hora

Gabilondo registró el recurso a última hora del viernes y pidió medidas cautelarísimas para que los afectados puedan votar el 29-N.

El escrito pide la nulidad de los autos del Supremo. Sostiene que vulneran tres derechos fundamentales: la participación política y el voto, la igualdad y la tutela judicial efectiva. La ponencia ha recaído en la Sección Cuarta, con el magistrado Enrique Arnaldo como ponente.

Oficialmente, el Defensor actúa tras recibir peticiones de particulares y entidades. Entre ellas, la del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que preside Violeta Alonso y que le reclamó por escrito y con urgencia acudir al TC .Varios medios sitúan detrás al Ejecutivo.

La trampa: una instrucción que fue más allá de la ley

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática abrió la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados. La trampa no está en la ley, sino en cómo se aplicó. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción el 25 de octubre de 2022 para desarrollarla.

Esa instrucción amplió los supuestos y disparó las solicitudes por encima de 1,2 millones. Justicia lo justificó alegando que la ley de 2007 ya contemplaba a descendientes de españoles sin limitarse a exiliados. Su firmante, Sofía Puente, está querellada por HazteOír por prevaricación en un juzgado de Madrid (Diligencias Previas 2051/2026).

El 8 de septiembre, la Sala Tercera del Supremo suspendió como cautelar los efectos electorales de esas nacionalidades cuando el exilio del ascendiente solo se presumió y no se acreditó con documentos. Hubo un voto particular, de la magistrada María Alicia Millán. El 12 de octubre ratificó la medida y fijó en 163.020 los inscritos en el CERA a 1 de agosto por esa vía. El auto califica la limpieza del censo de «valor supremo» y deja fuera solo a quien se benefició de una instrucción que considera dictada sin facultades.

La suspensión solo afecta al voto desde el extranjero: los nacionalizados empadronados en España votan con normalidad. Quienes logren que su consulado certifique que eran descendientes de exiliados a 1 de agosto también podrán votar. Sin embargo, Exteriores no había remitido a la Oficina del Censo ningún dato para aplicar la medida cautelar.

El peso electoral explica la batalla. Leguina recuerda que en las últimas generales 13 escaños se decidieron por menos de 3.000 votos. Algunas estimaciones atribuyen al PSOE hasta diez escaños más, aunque se basan en el crecimiento total del CERA y no aíslan a los nacionalizados por esta vía.

Un reloj que no da

El artículo 56.1 de la Ley Orgánica del Constitucional establece que presentar un recurso de amparo no suspende la resolución recurrida. Solo una medida cautelarísima, reservada a la urgencia excepcional, llegaría a tiempo, y debería dictarse antes de que salgan los sobres del voto exterior, entre el 24 y el 30 de octubre.

El plazo para que las partes se personen y presenten alegaciones sigue abierto hasta el 22 de octubre. Vox ya ha pedido la inadmisión: considera el recurso prematuro porque no se ha agotado la vía judicial ordinaria y sostiene que no se ha acreditado una lesión constitucional actual.

Fuentes del PP añaden que la legitimación especial del Defensor no le exime de ese requisito. El partido Iustitia Europa también se ha opuesto a la cautelarísima.

Los juristas consultados por El Debate van más allá y cuestionan que el Defensor esté legitimado siquiera para este amparo. El escepticismo alcanzaba a la propia Moncloa: antes del recurso, sus servicios jurídicos habían descartado que el TC pudiera «suspender la suspensión» y asumían que los plazos no darían margen. Otras fuentes señalan que ante las medidas cautelares del Supremo ni siquiera cabría amparo. ¡Veremos que hace Cándido!