El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto llevar a juicio al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte del caso que investiga presuntos contratos irregulares de mascarillas.
El instructor ha emitido este lunes un auto de pase a procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento—, al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En dicha resolución, se concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como las diligencias complementarias que consideren necesarias.
Puente ha dado este paso después de que, en septiembre pasado, decidiera dividir la causa, dejando en la pieza principal las investigaciones relacionadas con los contratos de mascarillas y abriendo una pieza separada para la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. En esta segunda parte también figuran como investigados los tres citados, junto al exnúmero tres del PSOE, Santos Cerdán.
En aquel momento, el magistrado ya había señalado que la parte de la investigación sobre las obras públicas se encontraba en una fase «muy incipiente», mientras que la relativa a los contratos de mascarillas estaba mucho más avanzada, «siendo previsible la pronta terminación de la fase de instrucción correspondiente» a esta pieza principal.
Ahora, el instructor considera que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que De Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».
Del mismo modo, sostiene que hay indicios de que Ábalos y Koldo «recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales».
Según Puente, dentro de esta presunta trama, De Aldama se ocupaba de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí».
Por su parte, indica que Koldo, «aprovechando su condición de asesor del ministro y la confianza absoluta de éste (que el conocimiento por el mismo de los planes del grupo le proporcionaba) se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».