El instructor del caso Begoña Gómez se jubiló el 27 de septiembre, el día en que cumplió 72 años, justo después de firmar la apertura de juicio oral ante un jurado popular. Tres semanas después, la causa sigue su curso sin él. La guerra que le declaró el ministro Bolaños, también.
Pero el juez Peinado no ha abandonado el derecho. Ha cambiado la toga de juez por la de abogado en ejercicio. Está muy contento con su nueva actividad y según fuentes de su entorno ya han empezado a salirse casos de todo tipo, algunos relevantes y otros menos.
Recientemente, ya con la toga de abogado, se presentó en los juzgados de la plaza de Castilla, en los que días antes el trabajaba como titular del Juzgado 41, para defender a un cliente acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. No le fue mal el juicio. Y ya le han llegado otros muchos clientes.
Los ciudadanos le recuerdan como el juez que fue capaz de enfrentarse a las presiones del aparato del poder sanchista.
En realidad dejó la toga de juez el pasado 27 de septiembre, seis días antes de alcanzar la edad que la ley fija como frontera infranqueable de la carrera judicial. Es el juez que abrió juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
La juzgarán nueve ciudadanos. Su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, se sentará a su lado acusada solo de malversación. El juicio aún no tiene fecha.
El sábado 26 el BOE publicó su jubilación forzosa. El domingo 27, día de su cumpleaños, Peinado dejó de ser juez. La simetría del calendario no pasó inadvertida en Plaza de Castilla: justo un año antes, el 27 de septiembre de 2025, el mismo magistrado había citado a Gómez en fin de semana para comunicarle que, si llegaba a juicio, sería ante un jurado.
Aquella citación en sábado fue uno de los episodios que alimentaron la leyenda de un juez con prisa. La firma del 21 de septiembre fue la confirmación de que la prisa tenía un propósito: no dejar el asunto a medias.
Peinado no responde al perfil del magistrado de carrera fulgurante. Ingresó en la judicatura en septiembre de 1994, con 40 años cumplidos, por el turno reservado a juristas de reconocida competencia, después de una trayectoria profesional previa ligada al Derecho.
Pasó por los juzgados de Arenas de San Pedro, en su Ávila natal, de Talavera de la Reina y de Getafe antes de recalar en 2016 en el juzgado de instrucción de Plaza de Castilla que le daría una notoriedad que nunca había tenido. Fuentes del propio ámbito judicial lo describían este año como un juez de trinchera, de los que más asuntos despachan, y de trato áspero.
Al cumplir los 70, en 2024, pidió y obtuvo del Consejo General del Poder Judicial la prórroga hasta los 72. Sin esa prórroga, el caso Begoña Gómez habría cambiado de manos a mitad de instrucción.
Hasta la primavera de 2024 casi nadie fuera de los juzgados madrileños conocía su nombre. El 24 de abril de aquel año trascendió que había abierto diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez a raíz de una denuncia de Manos Limpias construida, en buena medida, sobre informaciones periodísticas. Esa misma tarde, el presidente del Gobierno anunció que se retiraba cinco días a reflexionar sobre si merecía la pena seguir en el cargo.
Lo que vino después fueron más de dos años de instrucción sin precedentes. El 30 de julio de 2024 Peinado se desplazó a la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente, que se acogió a su derecho a no declarar por ser cónyuge de la investigada. Horas después, Sánchez se querelló contra el juez por prevaricación a través de la Abogacía del Estado; la propia Begoña Gómez y un periodista presentaron sendas querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no prosperaron.
Las querellas de Hazte Oír y Vox fueron abriendo nuevas ramas: la contratación de la asesora en la Moncloa, el registro del software de la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió en la Universidad Complutense. Peinado también intentó en repetidas ocasiones extender la investigación al rescate de Air Europa, y la Audiencia Provincial le frenó cada vez.
Ningún episodio retrata mejor el estilo del juez que la declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como testigo. Según las crónicas de aquel interrogatorio, Peinado pidió una tarima para situarse por encima del resto de los presentes, advirtió al ministro de que podía pasar de testigo a investigado y le afeó que sonriera mientras respondía. Después elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigara a Bolaños por malversación y falso testimonio. El Supremo la archivó con dureza, al no apreciar indicio alguno mínimamente fundado de la participación del ministro.
Bolaños respondió por la vía disciplinaria. Su primera queja ante el CGPJ data de junio de 2025; le siguieron otras tres. El Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo, la Comisión Permanente le ordenó profundizar, y el archivo llegó finalmente en agosto de 2026.
La Audiencia Provincial de Madrid fue durante dos años el contrapeso del juzgado 41. Corrigió expresiones de sus resoluciones, delimitó el objeto de la causa, le ordenó dejar fuera del juicio al empresario Juan Carlos Barrabés y le cerró la puerta de Air Europa.
Pero en lo sustancial respaldó la instrucción: el pasado 16 de julio confirmó que la causa debía seguir por el cauce del jurado. Para sus críticos, el caso ha llegado a juicio pese a los excesos de su instructor. Para sus defensores, ha llegado gracias a su tenacidad.
Ahora lleva la toga de abogado.