Guadalajara estalla contra el agua con heces que sale de sus grifos, y Sheinbaum acalla las quejas con 39 detenidos y 70 heridos

Miles de vecinos se lanzan a la calle para exigir agua limpia. Llevan casi un año con agua de cloacas que contiene numerosas enfermedades

La paciencia de Guadalajara, en Jalisco, México, más de 6 millones de almas, se agotó el domingo 11 de octubre.

Miles de personas se lanzaron a las calles de la que es segunda ciudad más importante de México para exigir agua limpia para sus necesidades; y, en lugar de comprensión, fueron recibidas con gases lacrimógenos policiales y chorros de agua a presión frente a Casa Jalisco, la residencia del gobernador.

Según cifras oficiales, la jornada terminó con 39 detenidos, 28 policías heridos y 31 civiles atendidos por los servicios médicos. Sheinbaum es la presidenta de México y en Guadalajara las quejas son que el Gobierno federal debe solucionar ya el grave problema con agua que sufren los vecinos.

La protesta fue pacífica durante horas. Partió de la glorieta de La Minerva y recorrió alrededor de un kilómetro y medio hasta Casa Jalisco. El gobierno estatal calculó unos 10.000 asistentes; un análisis de investigadores de la Universidad de Guadalajara lo elevó a cerca de 21.400.

Al llegar a la residencia del gobernador, los manifestantes encontraron la zona vallada. Retiraron las vallas y avanzaron hacia los agentes antimotines, que respondieron con amenazas y violencia física.

Refriega policial

El contingente intentó entonces abrirse paso empujando a los policías y lanzándoles agua sucia y piedras, y la policía contestó con gases lacrimógenos y chorros de agua. Los enfrentamientos se prolongaron durante al menos dos horas.

Entre los heridos hubo periodistas. Los colectivos convocantes denunciaron además que varias personas estuvieron horas en paradero desconocido, entre ellas dos jóvenes detenidos cuando se dirigían a la marcha.

La Universidad de Guadalajara informó de la detención de tres de sus estudiantes y pidió su liberación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recogió denuncias de abusos policiales y reclamó atención médica y una pronta definición de la situación jurídica de los detenidos.

Diez meses de agua con olor a cloaca

El estallido tiene un origen claro.

Desde marzo, al menos 320 colonias del área metropolitana de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada, con olor a alcantarilla.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), tras analizar muestras, denunció que contiene metales pesados y heces fecales y que no ha sido clorada. En la marcha se corearon lemas como «¡No es agua, es veneno!» y «¡No a la privatización!».

Antes de la protesta, el gobernador Pablo Lemus había asegurado que dio instrucciones para que la movilización fuera ordenada y segura. Después, su gobierno atribuyó los choques a un supuesto grupo de unas 400 personas que habría agredido a policías y manifestantes. Días antes había anunciado un plan de racionamiento: el suministro se reducirá durante unos seis meses mientras se moderniza el sistema.

Sheinbaum: «La represión no lleva a ningún lado»

Al día siguiente, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cargó contra el gobierno de Jalisco. «Nosotros no estamos de acuerdo con la represión», afirmó. Exigió al gobernador que explicara las detenciones y diera a conocer los nombres de los arrestados. Distinguió entre contener actos violentos y reprimir, y ofreció la mediación de la Secretaría de Gobernación.

Sheinbaum aprovechó para rechazar el esquema de financiación que Lemus propone para resolver la crisis, un modelo denominado CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) que prevé la participación de empresas privadas. «No estamos de acuerdo en apoyar la privatización de ningún servicio del agua», dijo.

Lemus asegura que su modelo mantiene el control estatal del servicio. Un día después, la presidenta anunció que el Gobierno federal dará seguimiento a las denuncias de represión y presunta tortura contra los detenidos.

Las críticas a la presidenta

La condena presidencial no ha cerrado el debate sobre quién es responsable de la crisis. Durante meses, Movimiento Ciudadano ha acusado al Gobierno federal de desentenderse del problema. En julio, Lemus llegó a afirmar que Jalisco había recibido «cero pesos» de la Federación para obras de infraestructura.

Sheinbaum respondió entonces defendiendo la inversión federal en la presa de El Zapotillo y en el saneamiento del río Santiago.

A continuación le pidió al gobernador que la llamara por teléfono en lugar de hacer declaraciones. Días después, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, acusó al Gobierno federal de omisión e incumplimiento en el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago. Aseguró además que Lemus ya había intentado contactar con la presidenta por teléfono sin obtener respuesta.

Las peticiones de que Sheinbaum interviniera tampoco vinieron solo de sus adversarios. En julio, diputados del Partido del Trabajo, aliado de Morena, ya reclamaban la implicación directa de la presidenta ante lo que calificaban de problema de salud pública. Además del diagnóstico técnico y apoyo financiero, pedían información sobre El Zapotillo.

Esa presa es parte del problema. Según Lemus, el sistema opera al 45 % de su capacidad. En agosto, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo por el que la Federación invertirá unos 5.000 millones de pesos para completar las obras que permitan que El Zapotillo funcione a pleno rendimiento.

Sheinbaum atribuye los retrasos a la administración anterior de Jalisco, encabezada por el también emecista Enrique Alfaro. Sostiene que el Gobierno federal cumplió sus compromisos y el estatal no. Sus detractores ven en ese reparto de culpas un intento de convertir una emergencia sanitaria en munición política contra Movimiento Ciudadano.