Sánchez usará 20.000 millones para tener más votos el 29-N. Ha subido la deuda en 590.000 millones y elevado los impuestos más que nunca

La deuda pública ronda los 1,75 billones y Hacienda recauda 116.000 millones más al año que cuando llegó a la Moncloa, pero el Gobierno sigue aprobando gasto en campaña a través de una Diputación Permanente convertida en Parlamento a medida

Pedro Sánchez no se corta un pelo ni en tiempos de campaña electoral. Deja una España más endeudada y más gravada que nunca, y aun así apurará hasta el último día antes de las elecciones para gastar dinero que no tiene ni es de él. Todo para que le voten.

El instituto Juan de Mariana calcula que la presión fiscal habrá subido 3,4 puntos de PIB bajo mandato de Sánchez, “una cifra que no tiene precedentes en la historia fiscal reciente de España”. Otros análisis, con el PIB revisado por el INE, rebajan mucho la cifra: con la presión fiscal de 2023 en el 36,8%, desde que Pedro Sánchez es presidente sólo había aumentado en 1,6 puntos.

Lo cierto es que la deuda de las administraciones públicas ronda ya los 1,75 billones de euros, unos 590.000 millones más que cuando llegó a la Moncloa en junio de 2018.

Cada español debe hoy unos 35.000 euros. Es el presidente que más ha subido los impuestos de la democracia.

En el mismo periodo, la recaudación de la Agencia Tributaria ha pasado de 208.685 millones a 325.356 millones: un 56 % más, más de 116.000 millones adicionales al año salidos del bolsillo de los contribuyentes.

Con esas cuentas, y para más inri, el Gobierno ha convertido las semanas previas al 29-N en una sucesión de decretos con fines electoralistas. Y para aprobarlos se ha buscado un atajo: la Diputación Permanente del Congreso.

El Congreso le dijo que no. El 2 de octubre, el Pleno tumbó los decretos de vivienda por 178 votos frente a 172. Era la prueba más clara de que el Gobierno ya no tenía mayoría.

En cualquier democracia parlamentaria, un revés así obliga a negociar, a rectificar o a ir a las urnas. Sánchez, tras muchos reveses similares en los que se mostró de perfil resistiéndose a convocar elecciones, eligió una cuarta vía. Esta vez sí, tras decaer los decretos de vivienda, decidió convocar elecciones y, al mismo tiempo, buscar un Parlamento más pequeño y más dócil donde aprobar lo que el grande le había rechazado. Este asunto acabará en el Tribunal Constitucional. Hasta qué punto un órgano de guardia inferior al pleno del Congreso puede tumbar una decisión de este último

De 350 diputados a 69

Un día después de anunciar las elecciones, el Consejo de Ministros volvió a aprobar, apenas retocados, los mismos decretos que el Congreso acababa de derogar. Ya no tenían que pasar por los 350 diputados elegidos por los ciudadanos, sino

por los 69 miembros de la Diputación Permanente. Allí la izquierda y el bloque de PP, Vox y Junts empatan a 34, y decide un solo voto, el del PNV. Junts, que había hecho caer los decretos en el Pleno, deja de ser necesario.

El jueves 12 de noviembre, en la víspera de la campaña, el decreto principal se convalidó por 35 votos a 34. Lo que la mayoría absoluta del Congreso había rechazado salió adelante por un voto en un órgano de guardia.

La Constitución creó la Diputación Permanente para que la Cámara no quedara sin vigilancia mientras está disuelta, no como segunda oportunidad para leyes derrotadas.

Sánchez la ha convertido justo en eso. Otra de sus tropelías. Y como el dinero no es suyo ha decidido exprimir las arcas públicas para aprobar asuntos que no pudo sacar adelante en el Congreso y, de camino, con el dinero de todos, regar a cuanta más personas mejor para que le voten.

La urgencia que nunca existió

La Constitución solo permite gobernar por decreto-ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Sánchez lleva ocho años en la Moncloa. Si las medidas de vivienda, de protección a las familias o de dependencia eran tan urgentes, ¿por qué descubre esa urgencia precisamente ahora, con las Cortes disueltas y a pocas semanas de las urnas?

El propio Gobierno se ha delatado. El decreto de la renovación automática de los alquileres se vendió como inaplazable, pero su entrada en vigor se fijó para el 15 de noviembre, dos días después de arrancar la campaña.

Una urgencia con fecha de estreno electoral no es urgencia: es calendario de mitin. El PNV acabó tumbando ese texto, pero la intención quedó a la vista.

Un Consejo de Ministros en campaña permanente

El Gobierno ha pasado a reunir el Consejo de Ministros los martes y los viernes, con sesiones extraordinarias en plena campaña. Cada reunión deja titulares, cada titular se convierte en un decreto y cada decreto acaba en la Diputación Permanente, donde la mayoría ya está asegurada. Antes no la tenía asegurada. El BOE funciona como una oficina de propaganda del candidato socialista.

La Junta Electoral Central ya ha abierto un expediente a Sánchez por la rueda de prensa del 6 de octubre en la Moncloa. Y fue condenado por hechos similares en los anteriores comicios.

Ese citado día, el mismo en que el Gobierno volvió a aprobar los decretos derrotados, el presidente usó la sede de la Presidencia como tribuna de partido. Es el quinto expediente de este tipo que acumula.

Más impuestos que nunca

Nunca un Gobierno había recaudado tanto. A los 325.356 millones en impuestos de 2025 hay que sumar más de 175.000 millones en cotizaciones sociales. La presión fiscal, es decir, lo que el Estado retira de la economía en impuestos y cotizaciones, rozó el 38 % del PIB el año pasado, su máximo histórico y unos tres puntos más que en 2018.

Entre 2018 y 2024, España subió su presión fiscal más de dos puntos mientras la media de la Unión Europea la bajaba.

No es solo efecto del crecimiento económico.

El Instituto Juan de Mariana contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018. De ellas, 63 son explícitas; otras 46 se deben a no haber actualizado el IRPF con la inflación, lo que ha empujado a millones de trabajadores a tramos más altos sin que ganaran más en términos reales; y 32 vienen de revisiones catastrales.

Hacienda discute ese recuento, pero el resultado está en las nóminas: según ese mismo cálculo, cada hogar paga hoy unos 1.657 euros más al año en impuestos y cotizaciones que en 2018, ya descontada la inflación.

Lo que debe España

Con ingresos récord, lo lógico habría sido reducir la deuda. Ha ocurrido lo contrario. La deuda pública marcó en junio su máximo histórico, por encima de 1,76 billones, y ha crecido a un ritmo de unos 200 millones de euros al día desde 2018.

Cada español debe hoy más de 10.000 euros más que cuando empezó este Gobierno.

El Ejecutivo presume de que la ratio ha bajado del 100% del PIB. Es un espejismo estadístico: baja porque el PIB nominal crece, empujado por una inflación que ha encarecido los precios más de un 26 % desde 2018, no porque se deba menos. En euros, la deuda no ha dejado de subir.

España cerró 2025 con un déficit de 36.780 millones, el 2,2 % del PIB, y de más de 40.000 millones contando la DANA. Es el dato más bajo en casi dos décadas, pero sigue siendo superior en euros a los 31.200 millones que Sánchez heredó en 2018, y se ha logrado gracias a la presión fiscal récord, no a contener el gasto.

El Banco de España lo ha dicho con claridad: el Gobierno ha desaprovechado unos ingresos históricos para sanear las cuentas.

Mientras tanto, los intereses se disparan. En 2018 el Estado pagaba unos 29.600 millones al año a sus acreedores. El Banco de España advierte de que, si se encarece la financiación, la factura podría superar los 46.000 millones en 2027.

La factura de la campaña

Sobre esa montaña de deuda, el Gobierno añade ahora más gasto. Los compromisos aprobados o anunciados desde la disolución de las Cortes elevarán el gasto público de 2027 en casi 20.000 millones de euros, más de un punto del PIB.

Es gasto estructural, que heredará quien gane las elecciones. Solo los decretos sociales del 10 de noviembre, que todavía esperan el visto bueno de la Diputación Permanente, rondan los 2.000 millones. Todo ello sin unos presupuestos aprobados en toda la legislatura.

Es la definición de manual del electoralismo: gastar el dinero de todos, incluido el de quienes todavía no han nacido y tendrán que devolverlo, para ganarse el voto de algunos en el momento exacto en que se les pide. Y por la puerta de atrás: en un órgano donde el debate es mínimo y las enmiendas casi imposibles.

Votos después de las urnas

Varios de los decretos aprobados en noviembre todavía tienen que pasar por la Diputación Permanente. El plazo constitucional de 30 días permitiría votarlos después del 29 de noviembre, antes de que se constituyan las nuevas Cortes el 23 de diciembre.

Puede darse la paradoja de que un órgano surgido del Parlamento de 2023 convalide normas de enorme coste cuando los ciudadanos ya hayan elegido otro.

Legal no es lo mismo que legítimo

El Gobierno se escuda en que conserva todas sus competencias hasta las elecciones, en que la Diputación Permanente puede convalidar decretos y en que ya lo hizo en 2019.

Es cierto, y la Junta Electoral ha admitido que volver a aprobar los decretos no vulnera la ley. Pero que algo sea legal no lo convierte en legítimo. Los precedentes de 2019 los firmó el mismo presidente, que entonces también hizo campaña a golpe de decreto con las Cámaras disueltas.

La Diputación Permanente se pensó para garantizar la continuidad del Estado cuando el Parlamento no está. Sánchez la está usando para garantizar la continuidad de su campaña cuando el Parlamento ya le había dicho que no. La cuenta la pagarán los contribuyentes, con más impuestos que nunca y una deuda que no deja de crecer.