El PP promete revisar las cuentas del Gobierno para saber quién se llevó «el dinero de los trenes»

Su propuesta de auditoría constituye, por ahora, un compromiso electoral, sin que las acusaciones de desvío de fondos hayan quedado acreditadas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre, impulsará una auditoría para conocer cómo se han utilizado los recursos públicos durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder popular ha presentado esta propuesta durante un mitin celebrado en Badalona, ante unas 3.500 personas, donde ha cuestionado la gestión económica del Ejecutivo y el estado de servicios esenciales como el transporte ferroviario, la sanidad y la vivienda.

Feijóo ha prometido poner en marcha lo que ha denominado una «auditoría del saqueo», con la intención de revisar el destino del dinero público y esclarecer posibles irregularidades. También ha planteado investigar por qué determinadas infraestructuras siguen presentando deficiencias pese a los recursos disponibles.

Durante su intervención, ha criticado que los ciudadanos soporten una elevada presión fiscal mientras, a su juicio, reciben unos servicios públicos cada vez más deficientes. En este sentido, ha defendido que las inversiones deben traducirse en mejoras reales para las familias.

El candidato popular también ha explicado su decisión de comenzar la campaña en Cataluña, una comunidad que considera fundamental para impulsar el cambio político que propone. Según ha señalado, durante años el debate independentista ha dejado en segundo plano problemas cotidianos relacionados con las infraestructuras y los servicios públicos.

En el acto también han participado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quienes han centrado parte de sus intervenciones en la seguridad y la inmigración irregular.

Feijóo ha cerrado su discurso insistiendo en que su prioridad será recuperar la confianza ciudadana y garantizar una gestión transparente de los impuestos. Su propuesta de auditoría constituye, por ahora, un compromiso electoral, sin que las acusaciones de desvío de fondos hayan quedado acreditadas.