El Gobierno quiere cobrar más IRPF a los propietarios que suban el alquiler

La medida busca reducir las subidas en la renovación de contratos y modificar las ventajas fiscales actuales para incentivar alquileres más estables

El Gobierno estudia utilizar el IRPF como herramienta para frenar las subidas del alquiler. La propuesta pasa por penalizar fiscalmente a los propietarios que incrementen el precio cuando finaliza un contrato y se firma uno nuevo. Es decir, no afectaría a las actualizaciones anuales permitidas por ley, normalmente vinculadas al IPC, sino a aumentos más significativos en la renovación.

La medida se encuentra en fase de negociación con los grupos parlamentarios. Según fuentes del Ejecutivo, el objetivo es introducir cambios en las reducciones fiscales actuales para incentivar que los propietarios mantengan las rentas estables. De esta forma, quienes suban el alquiler podrían perder parte, o incluso la totalidad, de las ventajas fiscales que hoy se aplican sobre el rendimiento neto del alquiler.

Hasta ahora, los caseros pueden beneficiarse de importantes reducciones en la declaración de la renta. Por ejemplo, los contratos firmados antes de mayo de 2023 permiten aplicar una reducción del 60%. En los contratos posteriores, la rebaja general es del 50%, aunque puede elevarse en determinados supuestos. Sin embargo, con la reforma que se estudia, esa reducción podría disminuir si el propietario decide encarecer la renta al renovar el contrato, según Europa Press.

Cambios más amplios en el mercado del alquiler

La iniciativa no se limita al IRPF. El Ejecutivo también plantea introducir límites más estrictos a los contratos de temporada. La intención es definir con mayor claridad cuándo puede considerarse un alquiler temporal y establecer sanciones para quienes utilicen esta fórmula de manera fraudulenta para esquivar la regulación.

Asimismo, el Gobierno quiere actuar sobre el alquiler por habitaciones. La propuesta pasa por extender a estos contratos las garantías de los alquileres habituales. Entre las condiciones previstas, se establecería que la suma total de las habitaciones no pueda superar el precio que tendría la vivienda completa. Además, en las llamadas zonas tensionadas, se aplicarían los mecanismos de control de rentas previstos en la ley.

Actualmente, el sistema fiscal también contempla incentivos adicionales. En áreas tensionadas, los propietarios pueden beneficiarse de reducciones del 70% si alquilan por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años. Incluso pueden alcanzar el 90% si rebajan el precio más de un 5% en un nuevo contrato.

Con este nuevo planteamiento, el Gobierno pretende reforzar la idea de que el sistema fiscal no solo recauda, sino que también orienta el comportamiento del mercado. La propuesta busca equilibrar el acceso a la vivienda y evitar incrementos bruscos en un contexto de alta demanda y precios elevados. El debate está abierto y las negociaciones determinarán el alcance final de la reforma.