Hoy: 22 de noviembre de 2024
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere que Begoña Gómez pueda ser vista por los ciudadanos el próximo viernes a su llegada a los juzgados de plaza de Castilla de Madrid, donde está citada para declarar ante el juez Peinado por delitos de tráfico de influencias y corrupción.
La Moncloa ya ha puesto en marcha toda su maquinaria para que la mujer del presidente socialista entre por el garaje a los juzgados en un coche camuflado. La Moncloa ya ha elaborado un informe para entregarlo en el juzgado donde expone que hay “motivos de seguridad” para que Begoña Gómez eluda las escalerillas de acceso a la puerta principal de los juzgados. Se basan en la posibilidad de que pueda haber alguna manifestación a las puertas del edificio.
La orden habitual en los juzgados es que todo el mundo debe acceder al palacio judicial por la puerta principal. Esta orden la dio en su día la exjuez decana de Madrid Manuela Carmena, tras rechazar que el entonces ministro de Interior Antonio Asunción entrase por el garaje de los juzgados para interponer una denuncia, que posteriormente fue archivada, precisamente contra el actual director general de este digital, José Antonio Hernández.
Esta política de no distinción de ciudadano ante la justicia la continuó después el exdecano José Luis González Armengol. Y sólo se han hecho excepciones cuando la policía y los servicios de seguridad de los juzgados han considerado que existían serios riesgos de seguridad.
El presidente Sánchez no sólo quiere que no se vea a su esposa Begoña Gómez entrando en los juzgados; el abogado de la mujer, el exministro socialista Antonio Camacho, también ha pedido al juez que no se grabe en vídeo su declaración. Sólo su voz. El juez aún no ha decidido si accederá a esta petición, que igualmente supondría un trato de favor frente al resto de ciudadanos.
Todas las declaraciones se graban para que, en caso de un recurso, los jueces de los órganos superiores puedan visualizar los gestos de los acusados durante el interrogatorio. Moncloa pretende que las grabaciones no puedan ser filtradas a la prensa por los abogados de las partes. Por eso persigue que en el caso de Begoña Gómez no haya imágenes de ella sentada y respondiendo ante un juez, como eventualmente sucede en otros casos.
La juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, que es la máxima responsable de la seguridad dentro del edificio judicial, ha pedido informes a la policía y a sus servicios de seguridad para que informen sobre si realmente existen motivos que aconsejen que la entrada al juzgado de Begoña Gómez se efectúe a través del garaje, que es por donde habitualmente entran los presos en los furgones policiales. Ello impediría a los periodistas que previsiblemente cubrirán la noticia tomar fotos de la mujer de Pedro Sánchez.
La Moncloa, más que por motivos de seguridad, pues el próximo viernes a las 10 de la mañana, hora prevista por el juez para la declaración, habrá efectivos antidisturbios a las puertas de los juzgados para controlar alguna eventual manifestación, lo que busca es que no haya imágenes de Begoña Gómez entrando en la plaza de Castilla. Lo que, según fuentes judiciales de la plaza de Castilla, sería, aún teniendo en cuenta de que se trata de la esposa de Sánchez, “un trato de favor descarado” hacia una persona que no ostenta ningún cargo público.
El juez Peinado, del Juzgado 41 de Madrid, la tiene imputada por tráfico de influencias y corrupción, es decir, por supuestamente facilitar dinero público de subvenciones a su entorno empresarial. Subvenciones que fueron aprobadas por distintos ministerios y organismo públicos dependientes de su marido Pedro Sánchez.
Este no ha dado aún ninguna explicación oficial sobre los supuestos chanchullos de su esposa y culpa a la prensa, y no al juez, que la tiene como imputada, de las penalidades de su esposa. Y por eso ha anunciado que el próximo 17 de julio anunciará una ley para endurecer las penas y amordazar a la prensa alegando que, en contra del criterio del juez Peinado y de la Audiencia de Madrid, son bulos.
Begoña Gómez está siendo investigada por el juez Peinado y por la Fiscalía Europea, ya que algunas de las subvenciones dadas por el Consejo de Ministros de su esposo de nutrían de fondos de la Unión Europea.