Carta del preso que huyó para evitar su muerte: “En la cárcel se perpetúan abusos y malos tratos, nos castigan de forma inhumana”

El recluso escapó hace un mes de prisión cuando estaba a punto de morir porque no se le prestaba la asistencia sanitaria que precisaba

Juan Antonio Rodríguez Flores, interno de la cárcel de Navalcarnero, en Madrid, que hace un mes decidió no regresar a prisión tras un permiso y que en la actualidad se halla en busca y captura por la Policía. Como ha publicado Fuentes Informadas, decidió huir porque estaba a punto de morir en prisión por desatención médica. De todo lo que dice posee documentación que está en poder de este periódico.

Juan Antonio, que ha estudiado Derecho en prisión y ya ha cumplido seis de los ocho años de condena, por un delito económico, entró en 2018 en la cárcel de Soto del Real en perfectas condiciones de salud y, tras su paso por esta y otras cárceles madrileñas, ha estado a punto de morir por una flagrante y casi criminal desatención médica. A día de hoy, la Comunidad de Madrid le tiene reconocido un 75% de discapacidad. Y llegó siendo un deportista.

Desde el lugar en el que se oculta, Juan Antonio ha escrito una carta desgarradora que ha hecho llegar al juez, al ministro de Justicia “y a quien corresponda” en la que relata su situación y los motivos por los que llegó a huir. Escrita de su puño y letra, reproducimos literalmente por su interés el documento en poder de Fuentes Informadas:

Un mensaje de denuncia

“Mi mensaje es de denuncia sobre la pérdida de identidad, autoestima y oportunidades de reinserción de una persona debido al maltrato continuo en un centro penitenciario.

Señor juez. Señor ministro, A quien corresponda. Hoy me veo obligado a expresar mi denuncia sobre la situación devastadora a la que un interno puede ser sometido en ciertos centros penitenciarios, donde, lejos de cumplir con su misión de reeducación y reinserción, se perpetúan abusos y malos tratos que aniquilan la identidad, destruyen la autoestima y socavan las posibilidades de rehabilitación de las personas. Pese a sus intentos constantes y su actuación recalcitrante en el abuso y maltrato.

En un centro penitenciario, la privación de libertad no debería significar la privación de los derechos fundamentales como traslados, privación de sanidad, tratamiento etc… y que toda persona merece. Sin embargo, cuando la exigencia de estos derechos provoca una respuesta de castigo por parte de los responsables de un centro, nos enfrentamos a una situación inaceptable e inhumana.

Atención médica deficiente y arbitraria

Lamentablemente, esta realidad se manifiesta en forma de una atención médica deficiente y arbitraria que pone en peligro la salud y la vida de los internos, y en traslados continuos y premeditados cuyo único propósito es quebrar la voluntad de quienes se atreven a exigir un trato digno. A través de este maltrato constante, los internos empiezan a experimentar una profunda pérdida de identidad.

Cada ser humano necesita sentirse respetado para mantener su dignidad y su sentido de valor, pero en estos entornos, el trato vejatorio y la respuesta hostil a cualquier demanda legítima de derechos destruyen estos pilares. La persona deja de reconocerse a sí misma, despojándose de todo aquello que le da sentido y seguridad.

Esta falta de reconocimiento y el constante sometimiento a abusos y maltratos rompen la autoestima de los internos, y se les hace sentir que, en el contexto de esa institución, su vida no vale nada. El mensaje que se les transmite es claro: su voz no importa, su bienestar es irrelevante y cualquier intento de exigir dignidad solo llevará a más sufrimiento.

Trabas para la reinserción

El sistema penitenciario español se rige, en teoría, por el principio constitucional de la reinserción y la reeducación (artículo 25.2 de la Constitución Española). Sin embargo, cuando las autoridades responsables ejercen su poder de forma arbitraria, la posibilidad de reintegración queda mutilada. Un interno que sufre maltrato no puede redirigir su vida hacia la superación y la reinserción, sino que queda atrapado en un ciclo de desesperanza y rabia, generado por las humillaciones y los abusos.

La atención médica deficiente, los traslados continuos y el maltrato psicológico tienen un impacto devastador en la salud física y mental de los internos. La falta de asistencia médica adecuada es, en sí misma, una vulneración de derechos humanos básicos y puede ser considerada como un trato inhumano y degradante según el artículo 15 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Riesgo para la vida de los internos

Esta negligencia médica pone en riesgo la vida de los internos y su salud, como si la propia institución deseara que sus cuerpos se deterioren en lugar de rehabilitarse. Responsabilidad de los directores y autoridades de los centros penitenciarios. Las arbitrariedades, como los traslados constantes y las represalias contra quienes reclaman sus derechos, son decisiones conscientes y deliberadas tomadas por las autoridades y directores de los centros y que jamás deberían ser apoyadas o con respaldo de sus Superiores.

Estas acciones no pueden justificarse como medidas de seguridad o control, sino que son pruebas de una voluntad de castigo y de sumisión. El poder y la responsabilidad que se otorga a los directores de centros deben ejercerse con justicia, humanidad y sentido de la responsabilidad. Sin embargo, cuando estos cargos actúan como si estuvieran por encima de los derechos fundamentales, se convierten en cómplices de un sistema de maltrato continuo e institucionalizado.

Destrucción de las vidas

Las autoridades penitenciarias deberían ser las primeras en recordar que su responsabilidad es trabajar por la reinserción, no por la destrucción de la vida de las personas. Su misión no es hacer que los internos pierdan la dignidad o la esperanza, sino que encuentren una nueva oportunidad para vivir en sociedad. Conclusión La situación descrita aquí no solo representa un fracaso en la función rehabilitadora del sistema penitenciario, sino también una grave violación de derechos humanos y constitucionales.

Los responsables de estos abusos, en cualquier nivel de autoridad, deben responder ante la ley por su negligencia y su voluntad de quebrar, humillar y destruir a seres humanos en su custodia y por ende a sus familiares. Es hora de que el sistema penitenciario sea reformado para que cumpla realmente con su mandato de reinserción y reeducación, y no para perpetuar ciclos de violencia y sufrimiento.

Que se adopten medidas

Por ello, exijo que se tomen las medidas necesarias para asegurar que ningún interno pierda su identidad, su dignidad, o su esperanza por la arbitrariedad de aquellos que, en lugar de rehabilitar, deciden castigar y quebrar.

Atentamente, Juan Antonio Rodríguez Flores. Espero que este mensaje exprese con firmeza el impacto devastador de los abusos, la negligencia médica y los traslados arbitrarios en la identidad, autoestima y posibilidades de reinserción de un interno, denunciando la falta de humanidad y ética en ciertos centros penitenciarios que yo he sufrido y otros cientos silenciados”.

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