Hoy: 22 de noviembre de 2024
El Tribunal Supremo no admite el recurso del cantante Joaquín Sabina contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma que debe pagar 2,5 millones de euros en impuestos por el IRPF de los años 2008, 2009 y 2010 en concepto de derechos de autor, cedidos a empresas familiares.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal no analiza el fondo del recurso. No observa un interés casacional que amerite el pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
En este sentido, los magistrados señalan que las cuestiones reflejadas en el recurso de Sabina “han de entenderse esencialmente resueltas” en la jurisprudencia del alto tribunal.
Sabina había acudido al Supremo con la intención de que enmendara la sentencia de la Audiencia Nacional. En junio de 2022, este organismo dio la razón a la Agencia Tributaria frente al recurso judicial del cantante. Este reclamó sin éxito por vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). La Abogacía del Estado también quería la desestimación del recurso.
Junto a familiares, Sabina era socio o administrador de tres empresas: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba inmuebles en Madrid y Rota (Cádiz), un velero, libros antiguos, sus derechos de autor y salarios por eventos, galas y venta de discos.
Durante los tres años que abarca la inspección tributaria, esas tres compañías generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación, que tienen una relación directa con el demandante.
Por su parte, Sabina alegó que no tenía relación con esas sociedades. Aunque los magistrados de la AN citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon “inverosímil” ese argumento. Además, determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado. “Un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar” al artista por el IRPF.
En su liquidación a Sabina, Hacienda incrementó la base imponible del IRPF después de que el cantante pagase menos tributos con sus empresas por el Impuesto de Sociedades.
Dentro de sus batallas judiciales, Sabina también tiene relación con el despacho de asesores fiscales Nummaria, utilizado por los actores Imanol Arias y Ana Duato para evadir impuestos.
De hecho, dispone allí de una estructura societaria para conseguir deducciones en los ingresos que obtiene por actuaciones y venta de discos. Operativo desde 2013, el entramado permitió al cantante albergar, preferentemente, un patrimonio mínimo de poco más de 6.700.000 euros.
Curiosamente, a raíz de sus problemas con la Agencia Tributaria, estos aparecen en su canción Lo niego todo. “El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda; me ha robado el mes de abril”, reza este tema del artista jienense.