Rodrigo Rato, otra vez al banquillo de los acusados, esta vez por blanqueo, corrupción y delito fiscal

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Rodrigo Rato
El exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, abandonando los Juzgados de Madrid. /E.P.

La investigación sostiene que el exvicepresidente posee desde 1999 un patrimonio oculto en diversas sociedades interpuestas y en cuentas bancarias de Bahamas, Suiza, Mónaco, Reino Unido y Luxemburgo

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado remitir a la Audiencia Provincial las actuaciones del denominado ‘caso Rato’ para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos. Por esta causa se sentarán en el banquillo 17 investigados, entre los que está el ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.

Fue en junio de este año cuando el juez instructor Antonio Serrano-Arnal acordó la apertura de juicio oral contra el ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. Ahora, tras remitir estas actuaciones para su enjuiciamiento, el juzgado continúa con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.

Fraude de 6,8 millones de euros

La causa comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a la Hacienda Pública por valor de aproximadamente unos 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

Rodrigo Rato siempre ha defendido su inocencia y ha arremetido contra la Fiscalía por considerar que las conclusiones que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes son «disparatadas». Por eso les ha acusado en varias ocasiones de hacer una investigación «prospectiva».

Y así lo manifestó también Rato cuando compareció ante el juez instructor el 30 de julio de 2018. Entonces, no solo negó haber blanqueado dinero alguno, si no que, ante los medios de comunicación, afirmó que todo su dinero es legal y «está perfectamente justificado y explicado» gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

El exministro presentó el pasado octubre de 2021 su escrito de defensa, y en el alegaba que no había podido tener acceso a documentación de la causa. Por eso, demandaba que se le diera acceso a esa parte porque lo consideraba relevante. Asimismo, alegaba indefensión y nulas garantías, ya que el instructor no había resuelto recursos que, a su juicio, eran importantes y que podrían retrasar la apertura de juicio oral.

Paraísos fiscales

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente 70 años de cárcel para el exministr ya que le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública y pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Pero Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apuntaba el juez en su auto de apertura de juicio oral, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.

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