Repsol se opone al pacto entre PSOE y Sumar que impone un gravamen a las compañías energéticas

Repsol ha cargado contra la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas y a la banca, recogido en el acuerdo de PSOE y Sumar para formar un Gobierno de coalición, y ha advertido de que «la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar sus futuros proyectos industriales en España».

En un comunicado con motivo de sus resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, la compañía dirigida por Josu Jon Imaz considera que la posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, «que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país», mientras que «favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España».

En el caso de las energéticas, el impuesto vigente se aplica durante 2023 y 2024, con un gravamen del 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros si se excluyen los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

La medida ha sido recurrida por las principales compañías del sector, entre ellas Repsol, que se ha mostrado especialmente beligerante con este gravamen desde su aprobación.

De hecho, la petrolera es la compañía más impactada por el impuesto, con unos 450 millones de euros este año, seguida de Cepsa, con 323 millones de euros; Naturgy y Endesa, con unos 300 millones de euros cada una; e Iberdrola, con 200 millones de euros.

Más de la mitad de sus beneficios al pago de impuestos

Además, Repsol subrayó que ya más de la mitad de sus beneficios se destinaron al pago de impuestos. Así, la contribución fiscal, entre enero y septiembre del grupo ascendió a 10.890 millones de euros aportados a las arcas públicas, con cerca del 70% (7.441 millones de euros) correspondientes a España.

Los tributos propios devengados ascendieron a 3.206 millones de euros y representaron más de la mitad de los beneficios (52%). Además, la compañía indica que contribuyó durante el período con una tasa del Impuesto sobre Sociedades del 37%, muy por encima del tipo nominal aplicable en España -del 25%- y de la media de los países de la OCDE, para situarse «como la empresa del Ibex 35 que más impuestos pagó en el país».