“¡Qué puto auto, si no está escrito!”

La magistrada María Luisa Balaguer, que elaboró su voto particular durante la mañana del miércoles 21 de diciembre sin el auto de la mayoría conservadora, ya no pudo contenerse cuando esa noche el ponente Enrique Arnaldo se defendió ante sus argumentos diciendo que las respuestas a sus argumentos “están en el auto”

La punta del ovillo de la trampa que el sector progresista consiguió tender al pequeño Maquiavelo, José María Macías, —que se ha quejado en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado martes 27 por el adjetivo usado en estas páginas junto al nombre del diplomático y filósofo político florentino—, hay que buscarla en el Pleno extraordinario del TC convocado de urgencia en la tarde del miércoles 21 de diciembre para resolver el recurso presentado por la Mesa del Senado contra la prohibición de aprobar las resoluciones finales a las que dio luz verde el Congreso de los Diputados para desactivar el bloqueo del Tribunal Constitucional (TC).

Esa mañana del miércoles 21, María Luisa Balaguer, entre otros magistrados, elaboró su voto particular para ir avanzando en su trabajo aun cuando no había recibido el auto que había resuelto paralizar las enmiendas adoptadas por el Congreso el miércoles 15 (por 184 votos contra 64) con las disposiciones apuntadas.

Una suspensión sin auto

Sería sobre las dos de la tarde, cuando atendió la llamada de este periodista. “Estoy terminando el voto particular. Y fíjate no tenemos todavía el auto que ha decidido paralizar las disposiciones del Congreso y esta tarde seguramente se repetirá para el Senado la misma situación. Ya sabemos lo que va a pasar. Estamos igual que los senadores porque lo único que nos han trasladado es el fallo y la parte dispositiva”, explicó.

La magistrada tenía cero expectativas en que a la luz del recurso del Senado —todavía no se conocía la posición del fiscal-jefe del TC, Pedro Crespo, contraria a las medidas cautelarísimas— se podría abrir un debate en el nuevo Pleno de esa tarde.

“Es lo mismo que pasó con el decreto el estado de alarma”, dijo.

Durante el Pleno, los magistrados del sector progresista tiraron del recurso del Senado que consideraron incontestable en sus ocho puntos. Y sobre todo, destacaron cómo el Senado subrayaba que la prohibición —se aplicaba al Senado una prohibición que había sido solicitada para el Congreso de los Diputados por una presunta vulneración de derechos fundamentales de los diputados del PP— no estaba motivada, es decir, el TC asumía la tutela sin explicar por qué.

Frente a los argumentos de los magistrados del sector progresista, el ponente, Enrique Arnaldo, un especialista en ingeniería jurídica, contestaba que en la respuesta al recurso del Senado se planteaba lo mismo que en el Congreso de los Diputados y que todo estaba en el auto.

María Luisa Balaguer ya no pudo más. Se dirigió a Arnaldo y subió el volumen de su voz. “¡Qué puto auto! ¡De qué estamos hablando ¡¡Si no está escrito!”, exclamó.

El salón de plenos del TC registraba una tensión desconocida. Balaguer, además, venía de insistir en sus múltiples entrevistas con medios de comunicación, en la necesidad de rebajar la tensión y considerar que los últimos seis meses, tras los enfrentamientos del estado de alarma y otros varapalos propinados al Gobierno, la presidencia de Pedro González-Trevijano había pasado a una fase pacífica.

El convencimiento definitivo de los cinco magistrados del grupo progresista de que lo principal era desbloquear la renovación con la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno y frenados por González-Trevijano —Juan Carlos Campo y Laura Díez— y los dos que debía nombrar el CGPJ, surgió, precisamente, cuando advirtieron que el tema de las enmiendas —es decir, el tema formal de no ser “homogéneas” o que nada tenían que ver con la ley aprobada— pasó a segundo término en el intercambio de argumentos. Es que el sector conservador tampoco objetó el hecho de que en las últimas enmiendas, por ejemplo, en las de la reforma del delito de sedición, se incluyera la declaración de inhábil entre el 24 de diciembre y el 6 de enero para los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales.

González-Trevijano quería tumbar también la proposición de ley

Fue González-Trevijano quien más se explayó sobre el asunto de las reformas para evitar el bloqueo en el TC. Para el presidente saliente, renovar el TC por sextos —es decir solo con los dos magistrados nombrados por el Gobierno— es inconstitucional. Es decir: es un tema de fondo.

Sería lo mismo, por tanto, si se hace vía enmienda, proposición de ley o proyecto de ley.

De nada valía que el propio González-Trevijano hubiese firmado una sentencia en 2016 donde se consideraba conforme a la Constitución renovar parcialmente el CGPJ —es decir, si una de las dos cámaras legislativas no podía nombrar a sus candidatos y la otra sí, eso era válido— y que, además, se señalara que era un deber, no solo una potestad, aplicable a la renovación del propio TC.
Por tanto, este argumento impedía abordar las medidas de desactivación del bloqueo, por ejemplo, a través de una inmediata proposición de ley, que podía estar lista en dos semanas (no requería los informes preceptivos). González-Trevijano y Arnaldo hubieran sofocado esa proposición de ley. Y en lugar de renovar el TC, como se pensaba, en un par de meses adicionales como mucho, la situación podría enquistarse de manera parecida a la que atraviesa el CGPJ, órgano para el cual el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, no prevé la renovación hasta después de las elecciones generales de finales de 2023 o primeros de 2024.

Así como el sector conservador del CGPJ y el del TC se mantenían en contacto, los progresistas de ambos órganos llegaron a la conclusión de que solo los nombramientos en el CGPJ podrían desbloquear el TC de forma inminente.

En este contexto, el sector conservador liderado por Macias en CGPJ, tras los dos golpes del Congreso y Senado, quiso demostrar que los responsables del bloqueo eran los progresistas, que ya habían votado contra las candidaturas de los magistrados César Tolosa y Pablo Lucas, frustrando los 11 votos requeridos. Macías estaba convencido de que para ese sector era nombrar al magistrado José Manuel Bandrés o nada.

Juan Martínez Moya: ¿culpable o ingenuo?

El magistrado de lo social, Juan Martínez Moya, sugirió a Macías proponer en el nuevo pleno a Tolosa y a María Luisa Segoviano, colega suya en materia laboral —lo que se necesita en el TC tras la salida de Fernando Valdés y Alfredo Montoya—, mujer, con excelentes relaciones con el sector progresista, que había figurado en la primera lista de cinco magistrados de los progresistas.

La idea fija de Macías era que cualquiera fuera el nombre, el sector progresista se mantendría firme en defensa de Bandrés.

Cuando el jueves 22, al día siguiente del Pleno que consagró la prohibición al Senado de aprobar las disposiciones, llegó al TC la noticia de que el sector conservador del CGPJ solicitaba un nuevo Pleno extraordinario para hacer los nombramientos, y los progresistas vieron la propuesta de María Luisa Segoviano cantaron ¡bingo!.

El viernes 22, los vocales progresistas se juramentaron en apoyar la dupla en el mayor secreto. Porque no creían en un pacto con los conservadores.

El miércoles pasado, una hora antes del Pleno los progresistas se reunieron para definir la forma de votar. La vocal Roser Bach sería la primera del sector —tras los primeros tres votos de Carmona, Macías y Nuria Díaz Abad— y, por tanto, debía votar sin comentarios para no dar sensación de que había una política diseñada.

Se limitó a decir: por Tolosa-Segoviano.

Una vez que se conseguiría asegurar la dupla Tolosa-Segoviano, los siguientes vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez explicarían que renunciaban a la candidatura de Bandrés “por sentido institucional”. Para desbloquear la situación en el TC. Y así, ante la sorpresa del líder Macías, los progresistas consiguieron a través de María Luisa Segoviano, de su sector, acabar con González-Trevijano.

Una vez que los cuatro magistrados tomen posesión la semana próxima saldrán los decretos-leyes del Gobierno de cese de González-Trevijano y Antonio Narváez, y el de los nombramientos de Juan Carlos Campo, Laura Díez, César Tolosa y María Luisa Segoviano.

Según la ley Orgánica del TC, el presidente en funciones (con González-Trevijano fuera del tribunal) que en este caso será Ricardo Enríquez, convocará el Pleno para nombrar nuevo presidente y vicepresidente.

Todo indica que el sector progresista 7 magistrados incluyendo a Segoviano, elegirá internamente la propuesta al magistrado Cándido Conde-Pumpido para nuevo presidente y habrá un intento de este sector de que Enríquez sea el vicepresidente.