Puigdemont, el CGPJ o los votos nulos de Madrid cargan el año judicial en medio de la incertidumbre política

El Tribunal Constitucional afronta el nuevo curso con casos políticos

El Tribunal Constitucional (TC) tiene por delante un año judicial de infarto, cuando tendrá que abordar -entre otros- casos tan variopintos como el amparo denegado a Puigdemont, los votos nulos de Madrid, o la reforma del CGPJ; con un fallo adverso del Tribunal Europea de Derechos Humanos; y todo ello en medio de la inestabilidad política por la incertidumbre de una probable repetición electoral, en enero de 2024.

Puigdemont

El Pleno del TC –de mayoría progresista– recibirá el recurso de la Fiscalía contra la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó Puigdemont contra la orden nacional de detención dictada por el Supremo.

El Ministerio Público presentará un recurso de súplica al entender que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que el Supremo dictó sobre Puigdemont. Según precisaron dichas fuentes, desde la Fiscalía consideran que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno en período ordinario.

La decisión de la Sala de Vacaciones contó con el voto en contra particular de la magistrada Laura Díez, quien insistió en que la inadmisión de dicho recurso se apartaba “por primera vez” de la práctica adoptada por el TC en relación con los amparos presentados relativos al ‘procés’, que “han sido sistemáticamente admitidos y avocados a Pleno para su resolución”.

Votos nulos en Madrid

El TC deberá resolver este septiembre el recurso presentado por el PSOE contra la decisión del Supremo de desestimar su petición de revisar unos 30.000 votos nulos del 23J en Madrid y de anular la proclamación del dirigente del PP Carlos García Adanero como diputado electo.

En un recurso de amparo electoral, los socialistas alegaron que la negativa del TS había vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo al “realizar una interpretación restrictiva” de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), “respecto a la realización del escrutinio general y la posibilidad de la apertura de todos los votos nulos consignados”.

A su juicio, también habría vulnerado el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos, “al producirse una situación de hecho diferenciada entre representantes cuyo ámbito de elección es el local y aquellos cuyo ámbito de elección es provincial o mayor”.

El fallo del TEDH

Al margen, se prevé que la Sala Primera del TC estudie los efectos del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativo a los seis candidatos al CGPJ cuyos derechos declaró vulnerados. Aunque en julio abordó la cuestión en una primera toma de contacto, no alcanzó decisión alguna a la espera de “una reflexión más profunda” que se prevé tenga lugar en este curso judicial.

Estrasburgo estableció que estos seis aspirantes, avalados por la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AFJV), vieron vulnerados sus derechos porque no se les permitió participar en tiempo y forma en el proceso de renovación del CGPJ –caducado desde diciembre de 2018–, lanzando un reproche directo al TC por no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por estos mismos seis magistrados en octubre de 2020. El TEDH recriminó al TC que inadmitiera la demanda de amparo sin explicar suficientemente el por qué, limitándose a decir que se había presentado fuera de plazo.

Las competencias del CGPJ
Asimismo, el tribunal debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox en abril de 2021 contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que prohíbe que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en situación de interinidad –como el actual, que está en funciones desde diciembre de 2018– hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

Estaba previsto que este asunto fuera a Pleno el pasado junio, una vez superados los comicios del 28 de mayo, pero el adelanto electoral al 23-J trastocó los planes de la corte de garantías, que no los estudiará hasta al menos este septiembre.

Impuesto sobre las grandes fortunas

De igual forma, el TC tiene sobre la mesa asuntos de calado económico, entre los que destacan los recursos presentados por los gobiernos de Madrid, Galicia y Andalucía contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas –que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros–. Dichas comunidades autónomas alegaron que con la creación de este nuevo tributo el Estado estaba invadiendo sus competencias.

El tribunal, de momento, solo se ha pronunciado para denegar las peticiones de las comunidades autónomas de suspender de forma cautelar dicho impuesto.

Caso ERE

El TC tiene pendiente resolver sobre los recursos presentados por los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el ‘caso ERE’.

Aunque en un principio estaba previsto que abordara el asunto antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, finalmente el tribunal aplicó la norma no escrita de no pronunciarse sobre asuntos políticos durante las contiendas electorales.

El tribunal dio entrada a los recursos al considerar que no se podía descartar la “verosimilitud de las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por los recurrentes”, pero rechazó suspender de forma cautelar los ingresos en prisión.

Alberto Rodríguez

En la lista de pendientes destaca también Alberto Rodríguez, quien lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar que planteó al tiempo que pidió amparo con la intención de que se le devolviera el acta de diputado.

Rodríguez impugnó la decisión de la presidenta del Congreso de retirarle el escaño después de que el Supremo le condenara por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife).

El exdirigente de Podemos recurrió también la propia sentencia del TS, denunciando que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales. La Fiscalía del TC apoyó ampararle por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo. Se prevé que el tribunal de garantías se pronuncie en este curso judicial.

Teresa Rodríguez

De igual forma, está pendiente que se resuelva el recurso de la exportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y otros ocho exdiputados por su expulsión en 2020 del grupo parlamentario en la asamblea andaluza. Estaba previsto que este recurso se abordara para una “primera deliberación” en julio, pero algunos magistrados pidieron posponer la deliberación y fallo para evitar interferir en el proceso electoral del 23-J.

Las expulsiones se acordaron en noviembre de 2020 a instancias de Podemos Andalucía con el respaldo de IU al entender que estos diputados habían incurrido en un caso de transfuguismo por haberse desligado del partido morado, al que representaban cuando fueron elegidos para formar parte de la candidatura de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018.