Por qué cayó Dolores Delgado

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Una foto de archivo de la ya ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado | Fuente: Fiscalía General del Estado.

Fuentes jurídicas vinculan su dimisión con el rechazo de Delgado a una extradición de un guatemalteco, cliente del despacho de abogados de su marido, Baltasar Garzón. Además, su caída podría ser una moneda de cambio ofrecida por el PP al PSOE en la renovación del CGPJ

Dolores Delgado renunció este lunes al cargo de fiscal general del Estado bajo la sombra de la duda. Oficialmente, ha alegado motivos de salud que supuestamente le impedirían seguir al frente del Ministerio Fiscal. No obstante, hay quienes piensan que la dimisión de Delgado responde a unos motivos más complejos e inconfesables. Una presunta relación con un caso rocambolesco que implicaría a las cloacas del Estado o un acuerdo velado PP-PSOE por el cual una de las condiciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sería su cabeza podrían ser las causas reales de su caída.

Algunas fuentes jurídicas plantean varias hipótesis sobre su dimisión. Entre ellas, una que podría versar sobre una supuesta relación con el ‘Caso Villarejo’. Según esta tesis y en consonancia con un auto del pasado viernes, se le ha hecho un ofrecimiento de acciones por parte del titular del Juzgado central nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castelón, por si se considera perjudicada a causa de unas injurias que la relacionarían con la pieza separada ‘Pit’ del ‘caso Tándem’. Pero si se persona como tal debe acreditar que no es cierto lo que dice el ex comisario José Manuel Villarejo y este tiene muy claro que ella sí intervino en los intentos de paralizar una extradición.

Según ese auto, el juez apunta que «aparecen referencias explícitas por parte» de Villarejo conforme de una «posible participación en los hechos investigados en esta pieza de Delgado, quien hoy ostenta el cargo de fiscal general del Estado, y que en aquel momento era fiscal de la Audiencia Nacional», los cuales «podrían ser constitutivos de un delito contra el honor».

Según informaciones publicadas en abril de 2018, Delgado informó en abril de ese año en contra de extraditar a un ex funcionario del Gobierno de Guatemala, cliente del bufete Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) que dirige su pareja sentimental, el exjuez Baltasar Garzón. El funcionario guatemalteco, José Julio Ligorría Carballido, ha estado implicado en una de las investigaciones abiertas en ese sentido.

Las fuentes citadas insisten en la hipótesis de que Delgado solo tenía la opción de renunciar para que no le ‘apretaran’ judicialmente con el ‘Caso Villarejo’ y desterrar las dudas acerca de su implicación en una de las piezas de esta causa judicial.

Esta pieza hace referencia al antiguo embajador del país centroamericano en Estados Unidos entre 2013 y 2015, el cual fue detenido en Madrid el 26 de septiembre de 2017, después de ser reclamado por las autoridades de Guatemala para juzgarle por un delito de blanqueo de capitales. En concreto, se habría hecho cargo de su defensa el letrado Manuel Miguel Vergara.

La pesquisas relacionan a Ligorría con el ex comisario José Manuel Villarejo y le sitúan como una de las personas con las que contactó el comisario retirado para ayudar al empresario español Ángel Pérez-Maura. Este estaba siendo investigado en Guatemala por, presuntamente, sobornar con 30 millones de euros al que entonces presidente de ese país, Otto Pérez Molina, para que su empresa figurara como adjudicataria de un contrato de explotación de la terminal de mercancías del Puerto Quetza de 25 años de duración.

Una imagen de 2019 de Delgado, cuando todavía era ministra de Justicia | Fuente: Flickr (Pool Moncloa).

En esa línea, Pérez-Maura, que había contratado a Villarejo, también fue solicitado judicialmente en Guatemala en el año 2016 por delitos de fraude, asociación ilícita y cohecho activo. Un procedimiento que acabó con la denegación de la entrega a Guatemala por parte de la Audiencia Nacional. De este modo, los autos de estos dos casos de extradición se dictaron el pasado 31 de mayo, el mismo día, a pesar de que lo hicieran diferentes secciones de la Sala de lo Penal. En concreto, la sección Segunda y la Cuarta.

Así, los argumentos manifestados por la Fiscalía convergieron con los del abogado Vergara, asesor también de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y uno de los elegidos por la ya ex fiscal general del Estado, para tener presencia en el consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal que puso en marcha.

Fernando Andreu, presunta víctima de la relación de Delgado con Villarejo

Según informó Ernesto Ekaizer en El País en 2018, el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, iba a ser nombrado el 15 de junio secretario de Estado de Justicia por acuerdo del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió a Delgado, que entonces ostentaba la cartera de Justicia, anular la propuesta debido a una información que le aportó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se trataba de la posibilidad de que el nombre de Andreu saliera en las grabaciones del ex comisario Villarejo, algo que era peligroso en términos de imagen y que podría acarrear riesgos. Ello plantearía cómo Lola Delgado, como la conocen, habría pagado muy caro la vinculación con Villarejo, es decir, se explicaría por qué habría caído como fiscal general del Estado.

Otra de las tesis que se aventuran al respecto es que la renuncia de Delgado fuera una de las exigencias del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En las últimas negociaciones para repartirse asientos entre el PSOE y el PP del órgano de gobierno de los jueces, trataron de alcanzar un pacto Enrique López, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, y Juan Carlos Campo, ex titular de Justicia. De esta forma, se habría ofrecido a Delgado como moneda de cambio para renovar el CGPJ. Por tanto, no extrañaría que Pedro Sánchez la hubiera dejado caer. Máxime, en un clima de remodelación del PSOE, del Gobierno y de los órganos adscritos al Ejecutivo, como es la Fiscalía General del Estado.

Una polémica trayectoria al frente de la Fiscalía

Delgado ostentaba ese cargo desde febrero de 2020, al que llegó desacreditada tras haber sido ministra de Justicia del actual Gobierno. Un nombramiento polémico, que algunos miembros de la carrera judicial, criticaron por su presumible politización y falta de independencia. Según ella, se encontraría afectada por una operación quirúrgica en la espalda de la que está teniendo una difícil recuperación. Algo que le causaría severas molestias a la hora de desempeñar su trabajo.

El Gobierno ya tiene sustituto. Se trata del que hasta el momento era su número dos, Alvaro García Ortiz, jefe de la Secretería Técnica de la Fiscalía General del Estado, uno de los puestos más relevantes del Ministerio Fiscal. García Ortiz llegó al puesto en marzo de 2020 desde la Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de Galicia y era vocal del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales, habiendo sido el candidato más votado en las últimas elecciones a las que se presentó.

Por otra parte, durante el mandato de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía, se solicitó el archivo de las diligencias de investigación contra Juan Carlos I debido a que el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo concluyó que las conductas al margen de la ley que había detectado durante cuatro años de pesquisas -no hechas públicas y mantenidas en secreto- no eran delictivas ya que se amparaban en el blindaje que otorga la Constitución y que provoca la exención de responsabilidad penal: la inviolabilidad.

Una interpretación polémica debido a que es extensiva. Comprende tanto los actos oficiales -de gobierno- como a los privados. Algunos expertos en Derecho subrayan que esa inmunidad se debiera limitar a los actos oficiales, en los que la firma del ministro o el presidente de turno aparece estampada encima de la del jefe del Estado.

Otro de los momentos más significativos de su etapa como ministra, al margen de su carrera al frente de la Fiscalía General del Estado, fue cuando el 24 de octubre de 2019, representó al Gobierno en la exhumación del dictador Francisco Franco, ejerciendo como Notaria Mayor del Reino. Allí, dio fe de la extracción sin incidentes del féretro que contenían los restos mortales del ‘Caudillo’.

Desencuentros con asociaciones de fiscales

Delgado ha sido la tercera mujer que ha presidido la institución y llegó al cargo en sustitución de la también progresista María José Segarra.

En los últimos meses, Delgado ha sido censurada continuamente por la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y con otro criterio al que mantiene Delgado, a cuenta de su política de nombramientos. De hecho, 117 fiscales le reprocharon hace unas semanas el cese de Francisco Manuel García Ingelmo como fiscal adjunto al fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban Rincón.

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