Podemos se opone al indulto de Griñán mientras que el Gobierno se dispone a iniciar los trámites

En su sentencia de este miércoles, el Supremo dictó que el expresidente andaluz tenía “conocimiento de la ilegalidad” que se realizó con los ERE y destaca su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha rechazado la posibilidad de que el Gobierno conceda el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la condena a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el ‘caso ERE’ de Andalucía junto a una veintena de antiguos cargos del PSOE, entre ellos, el también expresidente andaluz, Manuel Chaves. Por su parte, el Gobierno, a instancias del socio mayoritario de la coalición, iniciará el procedimiento administrativo para gestionar la petición de la medida de gracia, algo que puede crear fricciones en el seno del Ejecutivo.

Según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por El Periódico de España y recogidas por este periódico, el análisis de los razonamientos de la sentencia no se trata de una cuestión sencilla, sino que posee una notable enjundia, máxime cuando se está ante un texto que es largo y encierra complejidad. Por tanto, se debe el Gobierno quiere ver pormenorizadamente el asunto, tanto en lo que se refiere a los pronunciamientos y fundamentos de derecho de la Sala como de los dos polémicos votos particulares emitidos.

La propia familia de Griñán, con carácter previo a que se conociera la sentencia, registró el pasado 1 de septiembre una solicitud de indulto parcial de la pena de cárcel, aduciendo motivos de “humanidad y equidad”. Pese a que se trata de una petición “exclusivamente familiar”, en palabras de su esposa y sus hijos, ha recibido públicamente el apoyo de varios cargos socialistas debido a las “circunstancias excepcionales” de Griñán. Conforme lo califica el citado documento, es “un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar” y por “un profundo respeto a las instituciones del Estado”.

La petición de la medida de gracia radica en el delito de malversación por el que se ha condenado a José Antonio Grñán cuando ostentaba la Consejería de Economía y Hacienda. En otras palabras, es lo que ha provocado su ingreso en la cárcel. Por el contrario, el ilícito penal de prevaricación se castiga exclusivamente con la inhabilitación para ejercer cargo público. Cosa que no le ocurre a Manuel Chaves, quien solo ha sido penado con este último delito.

Para iniciar la tramitación del indulto, el Tribunal Supremo debe recabar dos informes preceptivos no vinculantes, que pueden ser desoídos parcialmente por el Gobierno, a tenor de la Ley del Indulto de 1870, la cual sigue vigente. Posteriormente, se debe informar a la Fiscalía y al tribunal sentenciador, en este caso, es también el Supremo porque se da la circunstancia de que se han redactado dos sentencias -la de este miércoles del propio TS y la efectuada por la Audiencia Provincial de Sevilla- que casan en algunos aspectos. Sin embargo, la decisión final recaerá en el Consejo de Ministros, tras haber analizado ambos informes no vinculantes.

Todo ello podría generar un contencioso más en el Gobierno de coalición puesto que los morados se oponen y el socio mayoritario, el Partido Socialista, estaría a favor de aplicar el indulto. Aunque la última palabra sea del Consejo de Ministros, es una decisión que atañe al Ministerio de Justicia, en manos del PSOE. Mientras tanto, a pesar de que Unidas Podemos prometió no hacer mucho ruido con el asunto, finalmente se ha pronunciado, lo cual no ha sentado muy bien en las filas socialistas. Por otra parte, el presidente del Gobierno también tendrá un papel relevante a la hora de defender de cara a la opinión pública a un condenado por delitos graves de corrupción.

La negativa de Podemos al indulto frente al beneplácito del PSOE

“Nosotros pensamos que la prerrogativa del indulto no puede ser utilizada para este tipo de cosas. Somos la fuerza política que más ha trabajado por desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa por corrupción y el indulto está para otro tipo de cosas“, ha subrayado en declaraciones a TVE, según ha informado Europa Press y ha recogido este medio.

Desde que se conoció la resolución del Supremo ratificando la condena a Griñán, la formación morada ha deslizado su postura contraria a otorgar la medida de gracia al exdirigente socialista, aunque no había explicitado su oposición en público.

En esa línea, la titular de Igualdad, Irene Montero, aseguró este miércoles que el indulto no se había solicitado aún, aunque enfatizó que Podemos “nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo” y que ese compromiso no ha variado.

“Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos (…) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas”, indicó a los periodistas presentes en su comparecencia.

Según el Supremo, Griñán actuó con “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” de los ERE

El Tribunal Supremo dictó que el expresidente andaluz tenía “conocimiento de la ilegalidad” del criterio que se siguió con los ERE, al tiempo que ha destacado su “pasividad” ante el “despilfarro y la arbitrariedad” con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia que se ha dado a conocer este miércoles y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

Por otro lado, en cuanto a dos los votos particulares de la sentencia, las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo creen que Griñán debería haber sido absuelto del delito de malversación, uno de los dos por los que ha sido condenado -junto al de prevaricación- por el ‘caso ERE’, al considerar en un voto particular al fallo que no hubo dolo en su actuación porque al situarse fuera de la Consejería de Empleo no participó en la ejecución de la fase final de los presupuestos, por lo que solo ven en él un “exceso de confianza” hacia sus compañeros de Gobierno.

Mientras, su defensa prevé formalizar ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación de Griñán, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que, tal y como se ha apuntado con anterioridad, le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.