Podemos pide expropiar los bienes de la Iglesia y romper el acuerdo con la Santa Sede

Podemos no pierde de vista sus clásicas confrontaciones. La Iglesia es uno de los actores donde el socio del PSOE en el Gobierno tiene la mirilla fija desde sus primeros pasos en el tablero político, según Vozpòpuli. El grupo parlamentario saca ahora la artillería pesada en una Proposición No de Ley (PNL) presentada ante la Comisión Constitucional donde solicita derogar los Acuerdos con la Santa Sede y la expropiación de los bienes culturales de la Iglesia.

El documento, consultado por Vozpópuli, solicita al Gobierno «presentar al Congreso de los Diputados, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1976 y 1979, así como los existentes con las confesiones minoritarias». Podemos va más allá y busca «presentar al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y la libertad de conciencia de las personas, independientemente de sus convicciones».

En el punto 5 de la PNL, se exige «hacer las modificaciones legislativas oportunas para que los bienes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas sean declarados de dominio público y queden afectados a las Administraciones Públicas«. Es decir, Podemos sugiere la expropiación de aquellos inmuebles de la Iglesia que tengan carácter de interés cultural. Ello supondría que edificios históricos como la Catedral de Santiago de Compostela o la de León pasarían a depender de la correspondiente Administración Pública.

Junto a estas medidas, Podemos quiere «recabar de los Registros de la Propiedad el listado y notas simples de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia católica (en cualquiera de sus denominaciones), desde 1946 hasta 1998, que hayan sido inscritos al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria vigente en ese periodo». Con esta información, su objetivo es «hacer las modificaciones legislativas oportunas para retrotraer los bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia mediante el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».

Vestigio franquista

Los diputados que firman la propuesta argumentan que el trato de favor a la Iglesia católica en nuestro país es un vestigio franquista que debió haber sido erradicado en la Transición. «Desde el año 1939 hasta el 1975, España vivió bajo un régimen totalitario encabezado por Francisco Franco, producto del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Este régimen contó con la connivencia de la jerarquía de la Iglesia católica, que le otorgó su apoyo expreso y que, a cambio, vio consolidada su posición de dominio en el conjunto de la sociedad con una confesionalidad estricta», señalan en la exposición de motivos.

La relación actual del Estado español con la Santa Sede es, de acuerdo a este partido, «fruto en gran medida del pasado dictatorial nacional-católico, un anacronismo que debe ser superado para equiparar a nuestro país con los Estados de nuestro entorno».

Bienes de la Iglesia

La Iglesia ha contado con requisitos más laxos para registrar sus propiedades que el resto de personas físicas y jurídicas desde 1946. Podía hacerlo mediante una certificación propia, sin la necesidad de que interviniera un funcionario. En 2015, la Ley se modificó y la Iglesia quedó sometida a los mismos requisitos que los demás. Entre 1998 y 2015 se llevaron a cabo 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica. Del total, 20.014 fincas son templos o dependencias complementarias, y 14.947 son otro tipo de fincas (terrenos, solares, viviendas o locales).

De dicho listado, hay 608 bienes sobre los que faltan datos para su identificación. Se trata de registros que, por falta de información, resultan desconocido para las diócesis, como explica el informe elaborado por la Conferencia Episcopal, que se ha comprometido a su devolución.

Pacto PSOE-Podemos

Ocurra lo que ocurra en la Comisión Constitucional, lo cierto es que el Partido Socialista tiene un compromiso firmado con Podemos para avanzar en la laicidad del Estado. En el Acuerdo de coalición progresista, firmado en 2019 por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se establece en el siguiente compromiso en el punto 5.5: «Aprobaremos una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas».