La Fiscalía de Madrid pide cinco años de prisión para los responsables de una empresa acusados de exportar residuos sin autorización

La exdirectora de compras de la entidad conocía que «se trataba de residuos de papel y cartón sustraídos de los contenedores de la capital sin la autorización del ayuntamiento»

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cinco años y tres meses de prisión para F. J. D. L. y  L. M. G. G., director de exportaciones y jefe de compras de la entidad Alba Servicios Verdes S.L., respectivamente, por sendos delitos continuados de blanqueo y contra el medio ambiente. El representante del Ministerio Público les acusa de exportar a países extranjeros residuos de papel, cartón y plástico sin la correspondiente autorización y de sustraer parte del material que exportaban de los contenedores instalados en la vía pública de Madrid sin el permiso del ayuntamiento.     

Alba Servicios Verdes S.L. era una entidad autorizada para la gestión de residuos no peligrosos para la Comunidad de Madrid. Según el Fiscalía, F. J. D. L. se extralimitó «al menos» desde 2014, de la autorización que la comunidad le había conferido para la gestión de los residuos. El motivo es que realizó labores de exportación de papeles, cartón y plástico sin la correspondiente autorización del Ministerio de Transición Ecológica a países no comprendidos en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio.

Así, entre 2014 y octubre de 2019, la entidad realizó desde diversos puertos de España más de 300 operaciones de exportación que supusieron el traslado a diversos países de África, y sobre todo de Asia, de un volumen de residuos equivalente a «cientos de miles» de kilogramos. Si se incluyen solo los envíos declarados y los no declarados a la Administración Aduanera, entre el 13 de diciembre de 2016 y el 19 de junio de 2019  la entidad realizó 279 traslados de residuos de papel cartón y plásticos que ascendieron a 67.303.157 kilogramos con un valor económico de 9.302.363 euros.

Alba Servicios Verdes S.L. había adquirido parte de esos residuos gracias a su condición de gestor autorizado por la Comunidad de Madrid para almacenar, clasificar, compactar y triturar dicha clase de residuos de empresas con las que tenía contratadas su entrega y como concesionario del servicio público en varios ayuntamientos de la comunidad. Sin embargo, otra parte de los residuos enviados fuera de Europa los adquirió de «múltiples» personas que los habían sustraído del interior de contendores instalados en la vía pública en el municipio de Madrid, «allí depositados para su tratamiento como tales residuos por los ciudadanos y empresa madrileñas y tras haber pasado a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid que era el titular de tales contenedores».

El pago en metálico de los albaranes que esos proveedores de papel y cartón presentaban para su cobro a la empresa era hecho directamente a R. M. D. C., exdirectora de compras, y para quien la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de prisión, quien «era conocedora de que se trataba de residuos de papel y cartón sustraídos de los contenedores de la capital sin la autorización del ayuntamiento».  Entre 2016 y 2018 el total de papel y cartón sustraído al consistorio asciende a 7.009.800 kilos por valor de 664.140 euros. A su vez, entre 1 diciembre de 2018 y el 27 de junio de 2019 se contabilizan otros 2.331.079 kilos valor de 220.863 euros.

La Fiscalía reclama también a la empresa una multa de 21 meses a razón de una cuota diaria de 500 euros (315.000 euros) por un delito continuado contra el medio ambiente, así como otra de tres años y seis meses a razón de una cuota diaria de  500 euros (630.000 euros) por un delito continuado de blanqueo.