Hoy: 22 de noviembre de 2024
Cientos de familias siguen viviendo con el miedo a que sus casas se derrumben en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Las obras de remodelación de la línea 7b del Metro de Madrid siguen provocando graves problemas en las estructuras de los edificios que se sitúan justo encima de los túneles subterráneos.
La noche del pasado martes, decenas de personas de la localidad abandonaron sus casas tras la orden de los bomberos de Madrid. Más de 50 familias pasaron una noche infernal tras experimentar un temblor que hizo aparecer fisuras en sus casas y que provocó una alerta por derrumbamiento.
Multitud de vecinos se muestran indignados ante la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que sigue haciendo caso omiso a unas obras que comenzaron hace 15 años y que están perjudicando desde ese momento a decenas de hogares.
Aunque los vecinos no pudieron volver en toda la noche a sus domicilios por orden de las autoridades competentes, la Comunidad de Madrid ha negado que este incidente haya provocado “daños estructurales” o suponga un “peligro para los vecinos”. Ya a raíz de este problema, Ayuso fue recibida hace escasos días con abucheos y pancartas por parte de los afectados, a su llegada a una cena de Navidad del PP de Coslada, localidad colindante a San Fernando.
Como medida provisional, el Ejecutivo de Ayuso creó la “Oficina de Atención del Afectado” para recoger las quejas de los vecinos. Aun así, los habitantes de la localidad aseguran “estar abandonados” por la Comunidad de Madrid, puesto que siguen viviendo en inmuebles que poseen un grave riesgo de derrumbe y sin tener la posibilidad de ser realojados.
Ante esta situación, los afectados decidieron ocupar la oficina a la fuerza. “La Comunidad de Madrid pretende meter a los afectados por el Metro en sus casas sin informes técnicos que avalen la seguridad del edificio. ¡Ocupamos la oficina! ¡U obras, o vecinos! ¡Basta ya!”, han denunciado vía redes sociales para demostrar su desacuerdo.
Por parte del Gobierno de Ayuso, las únicas declaraciones que les han llegado a los habitantes de San Fernando es la “intención de seguir hablando con ellos” e invertir más de 120 millones de euros para realizar los derrumbes que sean necesarios para mejorar la situación. Sin embargo, ningún responsable del Ejecutivo se ha acercado aún a la zona para conocer el estado de las familias afectadas por el desalojo.