Los sindicatos estudian ejercer acciones legales contra los cierres de las urgencias anunciados por la Comunidad de Madrid

Los 37 cierres anunciados en el Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria presentado por la Comunidad de Madrid hace pocos días, Ya han obtenido respuesta por parte de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad de la región.

En un comunicado conjunto, firmado por las tres centrales sindicales, éstos anuncian que sus respectivos departamentos legales ya están trabajando para ejercer las acciones legales que procedan contra dicha resolución.

Quieren dejar claro su posición contraria al plan desligándose de la decisión “unilateral” tomada “únicamente por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Ayuso”. Solo seis horas después anunciar dicho plan a la opinan pública, se celebraba la Mesa Sectorial de Sanidad donde la Consejería “dio cuenta” del acuerdo adoptado, sin debatir la propuesta y “ninguneando” a la Mesa donde se debería debatir.

Por eso, los sindicatos ahora dejan sola a la Consejería y que sean ellos los únicos responsables de esta “tropelía”.

La Consejería de Sanidad, pretende el cierre definitivo de 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y 17 Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) del SUMMA 112. A cambio, la Consejería ofrece 17 dispositivos nuevos, llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), que podrán tener o no personal médico dependiendo de dónde viva el ciudadano que lo necesite.

Contra este plan los sindicatos afirman que este proyecto “no es una reorganización de los dispositivos asistenciales, sino otro “excepcional recorte a la asistencia sanitaria”, que afectará a “centenares de miles” de madrileños. “Tampoco”, afirman, “servirá para optimizar recursos”. En su opinión, se trata de “una reducción drástica de efectivos que “saturará” los escasos dispositivos que quedarían y a todos los servicios de urgencias hospitalarias. Y que, por supuesto “no es una solución pensada para los pacientes, sino  un nuevo problema de accesibilidad a los recursos de urgencias” para los ciudadanos.

En su opinión, este proyecto va a suponer con toda seguridad: “mayor saturación de los dispositivos que continúan abiertos, colapso de los servicios de urgencias hospitalarias, problemas de desplazamiento para los pacientes”.