Los vocales apuran los contactos con la mira puesta en el “caos” que podría desatar la partida del presidente
Los negociadores de los sectores progresista y conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen previsto reunirse este miércoles para abordar una vez más la cuestión de los dos candidatos al Tribunal Constitucional (TC) que compete realizar al órgano de gobierno de los jueces, al mismo tiempo que la amenaza de dimitir verbalizada por su presidente, Carlos Lesmes, para forzar la renovación del CGPJ cobra fuerza hasta el punto de que su partida podría ser inminente.
El Pleno acordó la semana pasada que los interlocutores conservadores -José Antonio Ballestero y Carmen Llombart- y progresistas -Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach- se verían este 5 de octubre para intentar decantar dos candidatos que llevar a un nuevo Pleno al día siguiente y que, en caso de fracasar, se convocaría otro Pleno extraordinario el día 13 “para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas”.
Desde entonces, los contactos entre ambas corrientes y en el seno de las mismas se han sucedido. El bloque conservador celebró el martes por la tarde una reunión que se prolongó hasta altas horas de la noche para fijar posición de cara a la cita del miércoles. El cónclave interno terminó con un acuerdo “unánime” sobre cómo afrontar las conversaciones con sus colegas progresistas.
Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a una fractura en el bloque conservador por la cual algunos vocales ‘moderados’ estarían dispuestos a pactar los dos candidatos al TC, pero aún está por ver si los progresistas -que ya pusieron nueve nombres sobre la mesa- logran sumar los cuatro apoyos que necesitan del otro bando.
En ello juega un papel clave Lesmes, que está decidido a redoblar esfuerzos para dejar atados los nombramientos al TC antes de materializar su renuncia, tal y como manifestó durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, cuando avisó de que se iría en “semanas”, no “meses” si no había progresos entre PSOE y PP para renovar el Consejo, aunque matizando que no renunciaría hasta dejar encarrilado el asunto del Tribunal Constitucional.
Las citadas fuentes indican que Lesmes pretende agotar los contactos oficiales y oficiosos a lo largo de esta semana con la idea de cumplir el cronograma acordado, que alcanza hasta el día 13. Si ve posibilidad de designar a la dupla para el Constitucional, postergará su partida hasta que haya fumata blanca, exponen. Pero, si pasados estos días concluye que las negociaciones continúan bloqueadas, podría abandonar el cargo este mismo viernes, añaden.
Así las cosas, una de las principales preocupaciones del Consejo en estos momentos es el escenario al que daría paso la dimisión de Lesmes. Algunas de las fuentes preguntadas por esta agencia de noticias hablan directamente de “caos”.
‘Hoja de ruta’ de una dimisión
Lesmes ha intentado preparar su salida por cuanto encargó al Gabinete Técnico del TS un informe para que determinara cómo se le debe reemplazar en los dos cargos que ostenta: presidente del CGPJ y del Supremo. Los expertos señalaron que, llegado el momento, debe sustituirle quien ocupe la Vicepresidencia del alto tribunal, que ahora desempeña interinamente el magistrado Francisco Marín Castán.
Sin embargo, este es otro punto de fricción. Las fuentes advierten de que desde el CGPJ no ven con buenos ojos que Marín Castán recoja el testigo de Lesmes estando en funciones sin que -apostillan- el Consejo haya intervenido en la elección de su presidente. Por eso, sopesan desmarcarse del informe técnico entronizando al miembro de mayor edad del CGPJ, Rafael Mozo, como presidente interino.
Las mismas fuentes avanzan que, de enrocarse ambas posiciones, podrían abocar al Poder Judicial a una bicefalia, así como a un intenso debate jurídico que podría acabar judicializado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS. Se trataría de una “crisis constitucional” sin precedentes, anudan.
Reynders, el punto de inflexión
Los acontecimientos se han precipitado tras la visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, que estuvo en España entre el 28 y el 30 de septiembre para protagonizar una ronda de conversaciones con todos los actores implicados en la crisis del Poder Judicial, PP y PSOE incluidos.
Los vocales congelaron sus negociaciones a la espera de los resultados que obtuviera Reynders, el cual se fue sosteniendo que había arrancado un “compromiso claro” a Gobierno y PP para renovar ya el CGPJ y reformar “inmediatamente después” el sistema de elección de sus miembros, pero ambas partes rebajaron posteriormente dicho compromiso. Lesmes recalcó entonces que, si no había avances concretos, su continuidad como jefe del Poder Judicial “carecería de sentido”.
La presión sobre el CGPJ empezó aumentar el pasado 12 de junio, cuando venció el mandato del presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente; Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, y con ello la necesidad de que -conforme dicta la Constitución- Gobierno y CGPJ propusieran cada uno dos aspirantes a cubrir las vacantes.
Ante las dudas jurídicas de que Moncloa pueda designar los suyos sin esperar al Consejo, el Gobierno impulsó una segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que devolvió al CGPJ sus poderes para realizar nombramientos pero solo para los dos del TC, imponiendo además una fecha límite para ello: el 13 de septiembre, ya ampliamente superada.