Los letrados de la Administración de Justicia inician una huelga indefinida que puede paralizar los tribunales

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Pilar Llop, ministra de Justicia. | Fuente: Europa Press

Piden una subida salarial del 5,8% y el cese del secretario de Estado que calificó la huelga como «política» y «sin finalidad profesional alguna»

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguo Secretarios Judiciales, comienzan este martes una huelga indefinida, con el consecuente «riesgo de paralización de los juzgados y tribunales de todo el país«, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara. La huelga estará precedida de una concentración en la Plaza de Callao de Madrid, a las 13.00h. y de allí se dirigirán al Ministerio de Justicia, situado en la calle de San Bernardo.

Las asociaciones convocantes, Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ llegan a la víspera de la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es «política», «sin finalidad profesional alguna» y «contra el pueblo«.

Rodríguez ha incidido en que la huelga indefinida impulsada por las tres asociaciones «no tiene ningún motivo laboral«, sino «claro motivos políticos» y ha recalcado que «cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar» porque «cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles«.

Las asociaciones convocantes han reprochado a Rodríguez sus declaraciones y han avisado que «si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado«

Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya considerado que «las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».

Los convocantes llegaron, incluso, a apelar a la «autoridad» del presidente Pedro Sánchez, ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio dirigido por Pilar Llop. «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico«, instaron en un comunicado conjunto.

Paralización de la justicia

Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados –funcionarios de grupo A1– dependientes de Justicia es «imprescindible», por lo que su ausencia provocaría «enormes perjuicios» en juzgados y tribunales provocando la paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales.

Entre las consecuencias apuntan un impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia, entre ellos; los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.

Posiciones maximalistas

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió el pasado viernes a los convocantes que huyesen de «posiciones maximalistas» porque éstas impiden «buenos acuerdos», asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ. Llop afirmó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la «desinformación que aparentemente existe» sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento «en interés» del cuerpo.

Olmedo hizo un balance de los objetivos que se propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. «La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros, lo que significa un aumento del 5,26%», matizó.

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