El Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha dirigido un decreto a la red de fiscales especialistas en el que alerta del incremento en los últimos años de la oferta inmobiliaria de casas móviles listas para instalar en cualquier espacio abierto bajo un supuesto “vacío legal”.
El Fiscal Coordinador insta en su decreto a los fiscales a que realicen en sus respectivos territorios las investigaciones oportunas a los efectos del uso de la acción penal, con el fin de unificar criterios.
Para ello, el decreto -que desmiente la existencia del mencionado vacío legal-, analiza la actual normativa vigente, así como los pronunciamientos coincidentes de diferentes tribunales que han sido refrendados por diversas sentencias del Tribunal Supremo.
En el ámbito contencioso-administrativo, los tribunales han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las viviendas prefabricadas están sujetas a licencia urbanística de obras y a posterior control. Además, los tribunales han rechazado la equiparación entre vivienda prefabricada y caravana. Es coherente con esa posición la tendencia jurisprudencial que considera que toda estructura habitacional requiere licencia con independencia de su sistema de fijación.
Los tribunales penales han seguido ahondando en ese criterio con posterioridad y consideran la vocación de permanencia como el elemento determinante para poder integrar el tipo penal del art. 319 del Código Penal determinadas instalaciones de naturaleza controvertida.