Las familias con dificultades podrán pedir una extensión del plazo de su hipoteca de hasta cinco años

Gracias a la extensión del plazo, se contribuirá a reducir la carga financiera de las familias durante un periodo de tiempo específico

La propuesta que el sector financiero ha presentado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para ayudar a los clientes vulnerables, con el objetivo de hacer frente al pago de sus hipotecas, contempla extender el plazo de amortización de los préstamos en hasta cinco años.

Así lo recoge el borrador del real decreto por el que se aprobaría este protocolo temporal de extensión de plazos para deudores hipotecarios afectados por la subida de tipos en el actual contexto inflacionista, al que tuvo acceso Europa Press y que recoge FUENTES INFORMADAS.

De esta manera, el periodo máximo de extensión del préstamo hipotecario será de cinco años, siempre que el plazo de amortización del préstamo no supere los 40 años desde su concesión (en ese caso el plazo máximo será el que determine una duración total no superior a 40 años) y que la cuota resultante de la novación no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo.

Una vez que el banco y el cliente acuerden la ampliación del plazo de amortización, el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas. Una modificación que permitirá la extensión del plazo, y que reducirá el importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés, lo que contribuirá a reducir la carga financiera de las familias durante un periodo de tiempo específico.

El protocolo estará en vigor durante 12 meses desde la fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley y será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito. Eso sí, los bancos que se adhieran al protocolo estarán obligados a aplicar las medidas que este contiene cuando el deudor acredite que se encuentra situado dentro del ámbito de aplicación establecido. La adhesión de la entidad se entenderá producida por un plazo de un año de duración.

Sin embargo, los deudores que así lo soliciten, deben cumplir con una serie de requisitos, como que su hipoteca se haya encarecido un 30% tras la actualización de tipos, que los ingresos familiares no superen tres veces el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem) anual en 14 pagas (es decir, 24.318 euros al año) y que, tras la revisión de tipos, la cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Una vez que un cliente solicite la modificación de las condiciones de su hipoteca acogiéndose al nuevo protocolo, las entidades tendrán un plazo de 45 días para dar una respuesta.

Si bien desde las patronales del sector financiero (AEB y CECA) no han hecho comentarios sobre esta propuesta, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha apuntado este jueves, durante la presentación de resultados del banco, que se trata de “un principio de acuerdo que no está cerrado por completo” y que se enmarcará en el Código de Buenas Prácticas que el Ministerio de Asuntos Económicos ha asegurado que quiere reforzar cuanto antes.

De su lado, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha trasladado hoy a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el trabajo conjunto entre su ministerio y las entidades financieras españolas para encontrar medidas de apoyo a los deudores hipotecarios vulnerables ante la subida de tipos de interés.