Hoy: 22 de noviembre de 2024
Las emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2022 fueron 305 millones de toneladas de CO2, lo que supone un 5,7% más que en 2021, con 288,6 millones, según el último informe “Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España”, del Observatorio de Sostenibilidad. Esta disminución se debe, principalmente, a la crisis desatada por el coronavirus. Sin embargo, la vuelta a la normalidad ha supuesto ya un “importante crecimiento”, a pesar de la guerra en Ucrania y los altos precios del gas natural, el petróleo y la electricidad.
El conflicto entre rusos y ucranianos ha supuesto la reactivación de la quema de carbón, con un aumento del 60%, aunque ya representa una fuente “marginal”, a diferencia del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado, que creció un 61% en 2022, a pesar de los altos precios provocados por la invasión.
Por su parte, la producción hidráulica disminuyó un 40% a causa de la sequía, la eólica creció un 1%, y la fotovoltaica, un 33%. La eólica evitó la emisión, en 2022, de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente. Por gases, el informe señala que este gas representa un 80% aproximado, un 14% el amoniaco y 6% el N2O y el resto (HFC, PFC o SF6).
El documento resalta que los aumentos de 2021 y 2022 ya observados “obligan a aumentar los esfuerzos de descarbonización de aquí a 2030 y permiten aumentar la ambición de los objetivos de reducción de la Ley de Cambio climático para conseguir una economía descarbonizada y más competitiva”.
También apuesta por revisar los procesos de decisión para “lograr una descarbonización estructural y no coyuntural, tanto en el sector eléctrico y del gas (precios elevados, recuperación de centrales hidroeléctricas, reserva de energía, etc..), o en otros temas como, por ejemplo, el del transporte de mercancías por carretera y la implantación del coche eléctrico”.
La energía fotovoltaica en tejados, en pequeñas instalaciones, en naves industriales y en centros comerciales debe, según subraya el informe, de “ser potenciada, y permitirse el balance neto para que la población se beneficie de esta tecnología y así evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio”.
El documento también recomienda que estas instalaciones deben de realizarse sobre zonas mineras, vertederos, escombreras, y utilizando otras zonas antropizadas como infraestructuras lineales, carreteras, autopistas o invernaderos ya consolidados, que “posibilitarían una implantación rápida y sin conflictos”. Una mayor penetración de fotovoltaica permitiría, según refleja el informe, “eliminar parte de la eólica con mayor impacto sobre la biodiversidad y mayor contestación social”.
El estudio advierte de lo especialmente negativo que supuso no asignar nueva potencia de energía termosolar en la última subasta realizada por el Gobierno, ya que “el límite del precio impide una mínima rentabilidad a las empresas del sector”. También critica que se prefiere pagar mucho más por el gas natural importado que garantizar un precio a la termosolar, que ayude a amortizar y reducir el coste de su instalación, como en el caso de la eólica y la fotovoltaica.
Asimismo, ha resaltado la fuerte caída de la cogeneración (-32%) y de la energía solar térmica (-13%), que, a pesar de ser la “hermana pequeña” de la fotovoltaica, también “debería aumentar de una forma importante para la descarbonización”. Finalmente, considera que “debe de aprovecharse la magnífica oportunidad de los fondos NextGeneration” para este proceso.