La intrahistoria de la polémica renovación del CGPJ

Todo comenzó en 2018, en las postrimerías del Gobierno de Rajoy y persiste a día de hoy con las «amenazas» de Bolaños

El pasado viernes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba a los medios que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, no le había entregado «ningún documento» correspondiente al acuerdo alcanzado con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Apenas unas horas después, el exsecretario general de los populares, Teodoro García Egea, desmentía la versión del gallego y afirmaba que el texto del pacto se encontraba entre los archivos entregados al equipo de Feijóo durante el último traspaso de poderes. A la luz de estas revelaciones, el expresidente de la Xunta admitió que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, habría «amenazado» a la formación azul con filtrar el acuerdo si el PP no respaldaba su tramitación en el Congreso.

El plan trazado por el Gobierno contempla la renovación en el Tribunal Constitucional de dos de sus cuatro jueces, cuyo mandato ha caducado, para así favorecer la candidatura a la presidencia del Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, un jurista afín a las tesis socialistas, a pesar de que ello contraviene el artículo 122 de la Constitución, que reza que tanto jueces como magistrados conforman «un cuerpo único» y, por tanto, su renovación debería realizarse en bloque y no por separado.

El texto al que hace referencia Bolaños data de 2018 y se rubricó durante los últimos coletazos del gobierno de Mariano Rajoy. Entonces los actores eran el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y su sucesora, Dolores Delgado, barajaron el nombre de Manuel Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Aunque propuesto por el PP, ambos partidos coincidían en que su perfil era idóneo para liderar la institución.

Sobre el papel, el procedimiento habitual exige que sean los veinte vocales que integran el CGPJ los que voten la designación del presidente del CGPJ. Sin embargo, en la práctica, las líneas maestras de la Ley del Poder Judicial quedaron sin efecto. El nombre del elegido se filtró a la prensa días antes de que tuviera lugar la elección, que no llegó a realizarse porque PP y PSOE no llegaron a un acuerdo, que necesita los votos de tres quintos del Parlamento.

Por otro lado, el senador popular, Ignacio Cosidó, también se convirtió en objeto de polémica al encontrarse un mensaje de WhatsApp suyo en el que celebraba el «control desde detrás» que a partir de ese momento la formación azul ejercería sobre el Supremo si Marchena era elegido presidente del CGPJ.

La controversia trascendió en la prensa hasta formar una bola de nieve que puso en entredicho el valor de la separación de poderes y la supuesta independencia de la Justicia.

Meses más tarde, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citó a Marchena en Moncloa para convencerle de que reconsiderase el puesto. El PP también le ofreció el puesto, pero el actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo dijo que no a unos y otros. Desde entonces, un halo de misticismo y desconfianza rodea al Poder Judicial, y el Ejecutivo planea sobre él como el titiritero que mueve los hilos.