Peinado quiere saber si la mujer de Pedro Sánchez y su socio hablaron de las subvenciones públicas al grupo Barrabés y sobre la cátedra de la Complutense
La UCO de la Guardia Civil ya tiene el teléfono móvil de Carlos Barrabés, socio y patrocinador de los negocios de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez.
Hace unos días, agentes de la UCO se presentaron en el hospital en el que se halla enfermo Barrabés y le requisaron el móvil. El secretario judicial dio fe de la requisa del teléfono durante el registro en la habitación que alberga, aquejado de una grave patología, al empresario que patrocinó la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El grupo Barrabés se halla entre los beneficiarios de subvenciones apoyadas por Begoña Gómez y otorgadas por el Consejo de Ministros que preside su marido Pedro Sánchez.
El decomiso del teléfono, que, según fuentes jurídicas, es posible que contenga muchos borrados de mensajes, puede ser fundamental, no obstante, para encajar los delitos de tráfico de influencias y corrupción que le atribuye el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de los de la plaza de Castilla de Madrid.
Los citados medios aclaran que hoy existen avances tecnológicos, en poder de la Guardia Civil, que incluso permiten recuperar mensajes eliminados. Los agentes de la UCO quieren saber de qué hablaban Begoña Gómez y su socio Barrabés. Le enchufó dinero a la extrañísima cátedra universitaria que dio el rector de la Complutense a Begoña. Sin ni siquiera tener ella una licenciatura. El móvil contiene mensajes actuales y antiguos, también de la época en que Barrabés comenzó a recibir subvenciones públicas. ¿Hablaron de subvenciones, informó Begoña a su marido, intercedió ante él para que Barrabés consiguiera esas subvenciones? Unos 23 millones en total de subvenciones durante la etapa de Sánchez; hay un vídeo en el que Sánchez elogia el crecimiento del grupo Barrabés.
La UCO ha hecho ya parte del volcado del móvil, ahora analizará todo su contenido, transcribirá mensajes y conversaciones relacionados con este asunto. Y puede que los diálogos y mensajes despejen esas dudas.
Esta información la unirán a la que, además, obtengan del registro que también ordenó el juez en las empresas del grupo Barrabés.
La documentación que debe analizar la Guardia Civil es muy profusa, volcados de ordenadores, expedientes sobre subvenciones…
El vídeo maldito
Los abogados de las partes no dejan de llamar al juzgado interesándose por el vídeo en el que se ve a Pedro Sánchez en La Moncloa negándose a responder ante el juez y los abogados de las partes a preguntas sobre los negocios de su mujer. Es el vídeo maldito.
Sánchez y el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, han hecho lo indecible para evitar que ese vídeo se consumara. Y tras no poderlo evitar, han pedido al juez Peinado que no se lo entregue a los abogados personados en la causa para que no lo filtren a la prensa. Pero eso no va a ser posible. Esta misma semana los letrados recibirán un escrito con el día y la hora en que deben presentarse en el juzgado para recibir el vídeo de Sánchez ante el juez, así como otros vídeos de la declaración de Barrabés, la segunda, como imputado, igual consideración que la de la esposa de Sánchez, y el del rector de la Complutense. En cuanto el juzgado facilite el vídeo, instantes después estará en todos los medios. Al menos en aquellos no militantes del PSOE, por afinidad o por las subvenciones, que también las hay para la prensa pro Sánchez.
El juez Peinado ha estado en el juzgado, interrumpiendo sus vacaciones, durante casi una semana, que ha dedicado a decirle por escrito a la fiscalía que el vídeo es un documento de las diligencias y que, como marca la ley y sucede en este tipo de asuntos, debe ser entregado a las partes. La fiscalía, que parece actuar como otro abogado defensor del presidente y de su imputada esposa, ha recurrido la decisión del juez ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Un dato llamativo, según fuentes jurídicas, es que Sánchez y su esposa haya hecho durante estos días de agosto, casi en paralelo a los registros, una ampliación de querella contra el juez instructor Peinado. Quiere quitarse de en medio como sea al juez. Pero no parece factible. Admitir la querella de Sánchez y su mujer contra el juez que la investiga a ella sería como dejar que los ciudadanos eligieran al juez amigo tras desprenderse del juez que no gusta a base de querellas. No hay precedentes de apartar de una investigación a un juez porque no le gusta al investigado. Por eso, fuentes jurídicas están convencidas de que el Tribunal Superior de Madrid rechazará las querellas contra el juez. Por infundadas.